Quedarnos con los brazos cruzados nunca fue una opción; el proceso de reintegración es una experiencia de reconciliación que nos llena de gran orgullo y desde un inicio sabíamos que debíamos ser parte de él.
Nuestra participación comenzó en el año 2008, en respuesta a la invitación del Gobierno Nacional para contribuir con la reconstrucción del país, a través de la expansión de cultivos de tabaco en los Montes de María y la generación de proyectos sociales, enfocados en la construcción de paz en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado. Es así como nació el gran reto de lograr un impacto significativo en la transformación del país y asumir un papel activo en los procesos de reintegración de excombatientes.
El gran reto se originó y con él surgieron cientos de preguntas que nos planteaban un imaginario previo y complejo de nuestra labor, pero también que reafirmaban la idea de que la reintegración era un trabajo de todos: instituciones, entidades públicas, privadas, gobierno y comunidades. ¿Cómo lucharíamos por la paz en zonas donde por historia se resolvían los problemas a través de la violencia? ¿Cómo hablaríamos de reintegración en regiones que creen en la destrucción y desaparición de quienes representan un obstáculo para el país? ¿Cómo hablaríamos de transformación en comunidades que se sentían abandonadas por el Estado y habían dejado su futuro en manos del “locus de control externo”? Sin duda, el proceso representaba un gran reto.
Decidimos invertir en las iniciativas enfocadas en la reintegración y en compañía de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) nos unimos al primer fondo de inversión enfocado en temas sociales en Colombia e inversiones sostenibles en el sector agrícola y agroindustrial. Asimismo, iniciamos la siembra y compra de tabaco Burley en los Montes de María con 52 hectáreas en el 2009, en el corregimiento de El Salado, generando empleo a más de 350 agricultores, muchos de ellos en proceso de reintegración y víctimas del conflicto armado. Para el 2014 ya estábamos cultivando más de 850 hectáreas en la misma zona, en manos de 2.700 cultivadores.
Como resultado, los agricultores y sus comunidades volvieron a creer en la capacidad que tenían para mejorar sus condiciones de vida a través del esfuerzo y el trabajo, traducido en la implementación de un proyecto productivo de tabaco. De esta forma, el cultivo de tabaco se convierte en una fuente de ingresos importante para la reactivación económica de las zonas afectadas por la violencia y los agricultores se sienten aliados estratégicos del negocio, pues ya no se habla de caridad, sino de un trabajo mancomunado. Del mismo modo, a través de nuestros proyectos de contribuciones, los cuales han beneficiado directamente a más de 33.000 personas e indirectamente a más de 82.000, los pueblos abandonados y condenados a una historia de violencia recuperan poco a poco su legado y reconstruyen sus espacios públicos, como lo ha venido haciendo el corregimiento de El Salado.
Hoy por hoy, seguimos enfrentando este gran reto de la reintegración y otros adicionales, como lo es el aumento de la productividad en los Montes de María, donde el rendimiento es de alrededor de 1.400 kgs/ha y la provisión de bienes públicos que tanto ha anunciado el Gobierno Nacional, en materia de agua y vías terciarías, es cada vez más necesaria y urgente. No obstante, seguiremos creyendo en el logro de este objetivo y continuaremos apoyando los proyectos anclados al posconflicto del país que invitan a reflexionar sobre la importancia de dar una segunda oportunidad a los excombatientes y generar alternativas productivas y sostenibles a víctimas del conflicto armado.
Hoy, le decimos SÍ con decisión a la reintegración y le damos merecidos espaldarazos a quienes dejaron las armas. Trabajar con personas en proceso de reintegración y víctimas del conflicto armado es un proceso de inclusión que vale la pena vivir, ya sea como empresa privada, organización multilateral, entidad del gobierno y sobre todo, como ciudadano individual.