Las amenazas contra los líderes sociales en Norte de Santander no paran. La semana pasada la Fundación Progresar denunció que, en el asentamiento humano Alfonso Gómez de Cúcuta, varios de sus líderes han sido amenazados y temen por su seguridad.
“En las últimas semanas se han ventilado diferentes comentarios fundados en la comisión de posibles homicidios y/o masacres contra miembros de la comunidad”, expresa el comunicado.
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De acuerdo con la Fundación, en los últimos dos años, estos líderes sociales han recibido hostigamientos por realizar mejoras en la prestación de servicios de energía, alumbrado público, agua potable, saneamiento básico y formalización.
La última amenaza contra esta comunidad ocurrió el pasado 8 de octubre cuando “dos hombres distribuyeron un panfleto amenazante, donde se hace mención a cuatro líderes obligándoles a salir del sector”. Las autoridades locales ya tienen conocimiento del hecho.
Las amenazas son latentes. A julio de este año, en Norte de Santander, 13 líderes sociales han sido asesinados y más de 160 son amenazados, según datos de La Corporación por la vida, la paz y la defensa de los Derechos Humanos.
Por esta razón y para prevenir que estos casos sigan sucediendo, la Fundación pide a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, que “garanticen el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los derechos humanos”. También, ordenan las medidas “suficientes, eficaces, inmediatas y necesarias para la protección real y efectiva de la integridad física y sicológica de los líderes y la comunidad del asentamiento”.
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De igual manera, exigen a los organismos de control y judiciales que realicen las investigaciones necesarias con el fin de determinar los responsables de las amenazas.