La Federación Nacional de Personeros (Fenalper) le propuso al Gobierno permitirle hacer el acompañamiento del proceso de desmovilización y desarme de las Farc, tras los eventuales acuerdos de paz que se alcancen en los diálogos de La Habana. Al mismo tiempo, le hizo un nuevo llamado para que se dé el verdadero fortalecimiento presupuestal y el aumento del recurso humano en dichas dependencias, las cuales se han convertido hoy en la puerta de entrada de las víctimas del conflicto a la institucionalidad de Estado.
La propuesta fue planteada por Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper, en el marco de la Asamblea General de Instituto Latinoamericano del Ombudsman (Defensor del Pueblo), que se lleva a cabo en Cali. Según los datos que entregó el funcionario, las personerías han tomado hasta el momento 500.146 declaraciones de víctimas en todo el país, es decir el 80% de las 625.662 que se han presentado. El resto lo ha hecho la Defensoría del Pueblo (11%) y la Procuraduría (9%).
Aún así, señaló Fonseca, “el reconocimiento por parte del Estado es nulo y son muchas las debilidades a nivel institucional”. Y es que de las 1.102 personerías que hay en igual número de municipios del país, en el 70% no hay ni siquiera acceso a internet, en el 85% no hay computador ni impresora, el 82% no tiene archivadores, el 79% no cuenta con sillas para los funcionarios y el 50% tampoco tiene sillas de espera para los ciudadanos.
En Colombia, 976 municipios están clasificados en categoría seis, es decir, tienen máximo 25 mil habitantes y su presupuesto anual para atender gastos de entidades como contraloría, personería y otras, es de solo $85 millones. Además, 163 personeros en el país están actualmente amenazados, siendo los departamentos más críticos Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander.
“La construcción de la paz parte de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y, adicionalmente, de garantizar los derechos de las víctimas. El Gobierno tiene que entender que las personerías somos esa institución que garantiza que eso se cumpla y que es a través de ellas que se va a consolidar la no repetición y que se va a movilizar el proceso de paz en el nivel local”, agregó el director ejecutivo de Fenalper.
De hecho, la propuesta de acompañar el desarme y la desmovilización y de fortalecer las personerías ya fue presentada en la mesa de negociaciones entre Gobierno y guerrilla en La Habana. La Federación de Personeros está convencida de que en la actual coyuntura, son las únicas entidades capaces de generar un diálogo constructivo entre Estado, ciudadanía y grupos armados. “Por eso nuestro llamado es al fortalecimiento presupuestal, aumentar el recurso humano e implementar medidas para la protección efectiva de los funcionarios. El Estado ha sido reacio a eso”, enfatizó Fonseca.
Para Manuel Sánchez, vicedefensor nacional del Pueblo, es claro que la función de los defensores y personeros es participar en la construcción de las políticas públicas del Estado desde las regiones, por lo que hoy más que nunca se hace necesarios que haya autonomía e independencia de esas dependencias, sobre todo de la contaminación de la política. A su vez, Ricardo Cañón, personero de Bogotá, señaló que la única justificación que tienen defensores y personeros es servir a la ciudadanía.
“Aquí todo se ha convertido en un ‘¿quién paga la cuenta?’. Nosotros tenemos más de 20 denuncias penales por muerte de pacientes por demora en la materialización de sus derechos de salud. Nuestro reto es ese: la materialización de los derechos de la gente y hay mucho por hacer”, agregó Cañón. Por ejemplo, sobre el tema de las víctimas, el personero de Bogotá indicó que lo primero que ellas piden es que no los maten y que les den la oportunidad de construir una vida.
En conclusión, esta primera jornada de la Asamblea General del Instituto Latinoamericano de Defensores del Pueblo sirvió para reiterar los reclamos al Gobierno frente a las difíciles condiciones con que las personerías del país cumplen con su trabajo, el cual se ha multiplicado en el actual escenario del proceso de paz y de la Ley de Víctimas. Se calcula que son cerca de 1.114 las funciones que deben cumplir desde lo local y, por ahora, el único respaldo viene de la comunidad internacional. Es hora de que el Gobierno voltee a mirar para ese lado si piensa en serio en la consolidación de la paz.