Jueces de tierras, reclamantes, abogados de víctimas e incluso periodistas hacen parte de la larga lista de personas que han recibido intimidaciones por su participación en los procesos de restitución de tierras en Colombia. De ahí que hasta este jueves, más de dos años después de que entrara en vigencia la ley de restitución de tierras, se presentaran las primeras denuncias de este tipo en el Bajo Cauca.
Las siete demandas de titulación corresponden a la vereda El Tigre Uno, de Caucasia, tierras que fueron abandonadas a raíz de enfrentamientos de bandas criminales en 2010. Entre los demandantes se destaca la junta de acción comunal de la zona que reclama la restitución de la caseta comunal.
Si bien la cifra de amenazados, a partir de 2012, por la búsqueda de restitución de tierras asciende a más de 500, según reveló en septiembre de 2013 un informe de Human Rights Watch, que además documentaba 17 casos de asesinatos de líderes desde 2008, claramente relacionados con sus reclamos en relación con la restitución; siete demandantes dieron el paso para pedir la titulación de 96 hectáreas.
Se trata de demandas que favorecerían a más de 51 personas víctimas del desplazamiento forzado a causa de un conflicto que en Colombia ya completa más de medio siglo.
Según se detalla las demandas de restitución corresponden a personas que abandonaron sus predios forzosamente en el año 2010 por cuenta de la guerra entre bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para mayo de 2013 el Gobierno confirmó la restitución de más de 12 mil hectáreas abandonadas o arrebatadas por la guerrilla, los paramilitares y otras organizaciones criminales.