La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los oficiales de la Policía que capturaron, custodiaron y posteriormente judicializaron al empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a 7 personas, de las cuales 6 perdieron la vida, el pasado 13 de septiembre en Gaira, Santa Marta.
Este sábado 18 de septiembre, el ente de control informó que busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestas irregularidades en el procedimiento de la captura de Vives Caballero y su disposición ante el juez de conocimiento.
“La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar a los presuntos responsables, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el procedimiento policial por parte de los funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana de Santa Marta”, informó el ente de control en un comunicado.
Entre las pruebas decretadas se encuentran la visita del ente de control a la Fiscalía de Conocimiento de Santa Marta y a la Policía Metropolitana, a fin de obtener información sobre el accidente de tránsito que causó la muerte de seis jóvenes y dejó un menor de edad gravemente herido.
La apertura de una indagación formal por parte de la Procuraduría se da luego de que este 17 de septiembre las autoridades de Santa Marta confirmaran un nuevo aplazamiento en la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario.
La diligencia judicial inició el pasado martes 14 de septiembre y se esperaba que finalizara el viernes con el dictamen de la jueza. Sin embargo, esta debió ser suspendida luego de que Alex Fernández, abogado de Vives, solicitara la realización de una serie de exámenes médicos a su apoderado.
Los abogados de las víctimas han señalado que se tratan de medidas dilatorias por parte de Fernández y Vives.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento intramural contra Vives Caballero pues, según argumentó el ente acusador, representa un peligro para la comunidad y hay un riesgo de no comparecencia. Así, agrega que esto se vio reflejado en los hechos que impidieron la continuación de las audiencias preliminares.