La naturaleza parece haberle dado una estocada a Putumayo. Con la avalancha de la madrugada del sábado, en cuyo lodo murieron más de 150 personas, el lejano departamento suma a su lista otra tragedia, como si ya no estuviese harto de los males y la violencia que le ha tocado vivir en su historia.
Mocoa, su capital, no sale en la prensa sino es para las malas noticias, y además de los embates de la naturaleza que les quitaron el sueño a miles este fin de semana —y que obligaron a recrear escenas dolorosas de hechos que dejaron heridas que el país aún no alcanza a cerrar—, lo horrores del conflicto, los cultivos de coca y las precarias condiciones de vida de sus habitantes han acompañado a una población que, con infortunio, parece obtener la atención del Gobierno central cuando ya es demasiado tarde.
Pobreza
El departamento es uno de los ejemplos palpables de la gran brecha de desarrollo en el país, que afecta negativamente a las regiones más apartadas. Putumayo, como sucede con otros departamentos como La Guajira, Caquetá, Magdalena o Sucre, presenta cifras preocupantes en los indicadores de escolaridad, en mortalidad infantil, calidad de la educación y seguridad social.
En 2013, era el tercer departamento con menor cobertura neta en educación media, con tan solo el 27,69 %, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación. Asimismo, ha hecho parte de los departamentos con menor cobertura en educación superior.
Este departamento ha presentado también las mayores tasas de desempleo de la región, por encima del Tolima, Huila, Caquetá y Amazonas, incluso, ubicándose por encima de la media en la región centro-sur.
En 2009, Putumayo ingresó al estudio que determina el Escalafón de Competitividad de la Cepal, ocupando el puesto 27 de 29. La situación no ha mejorado y los informes más recientes del organismo lo califican como estable y sobre este departamento y Guaviare señala que “sus rezagos son tan grandes que sus avances han sido impulsos poco efectivos”.
Guerrilla
Putumayo ha estado durante décadas entre las zonas más afectadas por el conflicto armado. Un grupo que integra junto a otros departamentos como Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía y el pacífico nariñense, caucano y vallecaucano. Un informe del Departamento Nacional de Planeación, que fue utilizado para la elaboración del plan nacional de desarrollo 2014-2018, señala que el nivel de inseguridad en esta zona del país es alto.
Fue el territorio histórico del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un amplio historial de voladuras de oleoductos en la región, y el señalado de haber sembrado el terror en Puerto Asís en febrero de 2000, cuando un carro bomba estalló frente al hotel Quirama, les quitó la vida a dos personas y dejó una decena de heridos. Ha sido este departamento el escenario de la batalla entre guerrilla y autodefensas por el control de los territorios.
Paramilitares
Otro actor del conflicto armado interno también ocupó territorios en el Putumayo. Información de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía relata que los paramilitares que entraron al departamento por el sur, en la lucha por adueñarse del negocio de la droga, mataron a unas 2.500 personas y dejaron 5.500 víctimas, al tiempo que fueron los amos y señores del terror en los municipios del suroeste del durante más de diez años, tras su llegada en 1997.
Según reseña el portal Verdad Abierta, unos 800 hombres de Castaño, bajo la excusa de combatir a la guerrilla, pero con el verdadero fin de controlar el negocio del narcotráfico, se pasearon por la zona rural de Puerto Asís en las veredas La Danta, El Águila y Quirilí. También estuvieron en El Placer, el Valle del Guamez, El Tigre, Santa Ana y Orito.
Cultivos de coca
Convertirse en uno de los escenarios del conflicto no fue gratis. El Putumayo es uno de los departamentos con mayor número de hectáreas cultivadas de coca. Los informes de la Organización de las Naciones Unidas al respecto han señalado que el 80 % de la coca del país se produce en Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, este último con más de 20.000 hectáreas cultivadas y una participación de más del 21 % del total nacional.
Esta ha sido la razón de la otra violencia que genera la Fuerza Pública en los trabajos de erradicación forzada. De acuerdo con un reciente informe del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en febrero de este año se presentaron operativos de erradicación forzada, con presencia de helicópteros, quema de ranchos y detenciones de ciudadanos.
De hecho, fue en este departamento en el que múltiples organizaciones sociales decidieron no firmar el preacuerdo regional para la sustitución de cultivos ilícitos, denunciando falta de garantías de participación equitativa y señalando que no estaba claras las reglas de juego.