Pereira necesita un política pública LGBTI. Esa es la conclusión en la que actividades de esa comunidad, autoridades locales y concejales coinciden. El punto en el se presentaron opiniones dispares fue en cómo hacerla; el debate se calentó cuando el concejal conservador de la ciudad Steven Cárdenas propuso que la mejor manera era realizar un censo LGBTI.
En una carta dirigida a la corporación, el cabildante argumentó inicialmente que la ausencia de un censo que contabilice con cifras reales cuántos gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales hay en la capital de Risaralda impide establecer metas de inclusión. Según Cárdenas, el tema había que llenarlo de técnica y no de emociones.
De inmediato, defensores de derechos humanos alzaron la voz y se opusieron a la iniciativa, por lo que Cárdenas salió al paso a rectificarse y aclarar que no se refería a un censo sino a un registro. Pero, ¿qué tiene de malo hacer un censo LGBTI? Carolina Giraldo, concejal pereirana abiertamente bisexual, explica que este instrumento es discriminatorio y pone en riesgo a la población, porque implica que un encuestador vaya casa por casa a preguntar quién es gay, por ejemplo, y hay gente que por miedo a ser discriminada no lo dirá. Habrá entonces un subregistro y se expondrá a la persona.
De acuerdo con un estudio de la organización Hábitat, en Pereira el 89% de personas LGBTI ha sufrido discriminación, el 25% de los hombres gais ha sufrido agresiones verbales y al 17% los han querido sacar de su casa por ser homosexuales. “Entonces uno no puede llegar a la vivienda de la persona y preguntar por su orientación sexual porque la pone en riesgo. Hay gente que todavía está en el clóset”, dijo Giraldo a El Espectador.
Las propuestas para una política pública
Cárdenas reconoce que usar la palabra censo no fue lo más indicado. Por lo que ahora propone desarrollar tres instrumentos para recolectar estadísticas de los LGBTI: hacer un registro en el que las personas voluntariamente manifiesten que son gais o trans, analizar cuál es la percepción de los pereiranos frente a esta comunidad y ejecutar la metodología RDS.
Esta última funciona como una especie de bola de nieve. Se seleccionan personas LGBTI conocidas y estas a su vez referencian a otros miembros de la comunidad y así sucesivamente. “Esta herramienta fue utilizada para diseñar la política pública de Bogotá, por ejemplo, y ha sido implementada para temas tan variados como las pandillas en Nueva York y cantantes de jazz. Así también logró hacer su estudio la fundación Hábitat. Estamos a punto de tener una política publica nacional (y no se hizo censo) y matrimonio igualitario, necesitamos cosas como estas en las regiones, pero no que ponga en riesgo a la gente”, explica Giraldo.
“El censo todavía no es una opción. Cuando para la gente deje de ser un inconveniente revelar su orientación sexual, y que esto sea igual a decir ‘soy afro’, ahí sí podemos hacer un censo”, agrega la cabildante.
Por su parte, la organización Prisma y el concejal Cárdenas anunciaron que esta semana radicaron una solicitud de un segundo debate en el concejo para presentar sus nuevas propuestas en torno a este tema, y están a la espera de ser agendados.
La discusión se da días después de que se conociera que el gobierno alista un decreto de política publica LGBTI, iniciativa de la que se habla desde hace dos años. El borrador del documento promueve la igualdad en entidades como el Ministerio de Trabajo, el ICBF, el Inpec y la Procuraduría. Además, establece que los colegios deben sancionar a quienes discriminen a otros por su orientación sexual y así evitar que casos como el de Sergio Urrego, el estudiante gay que se suicidó por ser rechazado, se repitan.