Foto: GUSTAVO TORRIJOS
Según el último balance del Gobierno, se firmaron acuerdos colectivos con cerca de 123.000 familias para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Pero lo más difícil está por venir: que la sustitución sea efectiva, que haya garantías de seguridad y que los proyectos productivos no se conviertan en frustración.