Este año comenzó con un propósito ambiental para las comunidades indígenas de la Amazonía: recuperar el verde de la selva, no el verde de los dólares. Así lo expresó Edwin Vásquez, director de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que convocó la segunda cumbre indígena para la preservación del Amazonas, que se realizó el pasado diciembre en Villavicencio.
Y es que precisamente una de las principales conclusiones del encuentro fue que los megaproyectos que empiecen este año deben ser consultados con las comunidades que habitan los territorios.
El debate en esta ocasión se centró en el plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana); un proyecto compuesto por más de 500 megaproyectos en transporte, energía y telecomunicaciones en todo Sur América, de los cuales más de 90 se desarrollan en la Amazonía, según datos de la IIRSA.
Para los líderes de las diferentes comunidades los planes de IIRSA amenazan ecológicamente los bosques y violan sus derechos humanos. Aseguran, además, que estos proyectos hacen caso omiso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007, que procuran la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) apoya estas nuevas obras de infraestructura. Sin embargo, según las comunidades, el problema es que ha violado sistemáticamente el bienestar de la selva amazónica que poco a poco se va quedando sin aire.
María Elena Rodríguez, investigadora del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE), organización sin ánimo de lucro que vigila la transparencia de los grandes proyectos realizados por el Estado brasileño, aseguró que “un ejemplo de la forma siniestra como se está comportando el BNDES, es el caso de Bello Horizonte, donde se construyó la represa más grande de Latinoamérica. Está probado que el proyecto afecta territorios indígenas, y el banco debe cumplir con acuerdos internacionales. No obstante, no lo hacen, alegando que no tienen una orden de un tribunal del máximo nivel para hacerlo”.
A eso se suma que la proliferación de carreteras, la demanda creciente de productos agrícolas y forestales por parte del mercado internacional, la exploración de petróleo y gas han contribuido a un rápido crecimiento de las ciudades en el interior de la región. Esto redunda en la deforestación, la sedimentación y la contaminación del agua.
De acuerdo con datos de Imazon en los últimos cinco meses de 2012 la deforestación sumó 1.288 km² de tierras, lo que equivale a la superficie de la ciudad de Los Ángeles (California), es decir, más del doble del total de áreas deforestadas que se detectó en el mismo periodo de 2011.
Los defensores del proyecto dicen que el propósito del mismo es integrar la Amazonía, que se encuentra distribuida entre nueve países: Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Guyana Inglesa, Guyana Francesa, Surinam y Bolivia. Esta integración ha sido vista como un desafío de geopolítica para estos países, mientras que los líderes indígenas consideran que el proyecto podría desencadear un desastre social y ecológico de proporciones globales.
Voces de indígenas y expertosLa avalancha de megaproyectos como carreteras, represas hidroeléctricas y extracciones mineras, madereras y de hidrocarburos no tiene contentos a las comunidades indígenas. Los representantes de los nueve países invitados a la cumbre de Villavicencio estuvieron en contra del modelo de desarrollo actual y de la locomotora minera.
Así lo expresó Edwin Vásquez, coordinador general de COICA: “IIRSA amenaza con abrir el corazón de los bosques de Amazonía, y una vez que esto esté hecho, será presa fácil de aquellos que la ven como un botín económico, y que menosprecian su valor para los pueblos indígenas y para toda la humanidad”, aseguró al señalar que sus tierras se están desangrando y que esto es un consecuencia fatal no sólo para los indígenas, sino para el planeta entero.
Por su parte, María Melba, sacerdotisa de la comunidad Pijao del Putumayo, aseguró que la tierra es todo para ellos y que está enferma de muerte. “Mirar a los carrotanques desfilar con el petróleo del Putumayo me genera tristeza e impotencia. La tierra necesita esa sangre y sus minerales porque son sus protectores”.
En el mismo sentido se prounció Daniel Lloyd, delegado de la comunidad indígena de la Guyana Inglesa, quien señaló que los recursos más importantes de su comunidad son el oro y el diamante, que se extraen de la superficie de la tierra. Sin embargo, aseguró, mientras los indígenas recuperan treinta gramos de oro que equivalen a 1300 dólares, las multinacionales estarían ganando 1 millón de dólares con sólo un ‘palazo’. Esta penetración a las montañas ocasionaría daños para el ecosistema. “Si las multinacionales entraran a extraer el oro y el diamante explotarían a nuestra gente, darían pagos insuficientes, dañarían el medio ambiente y perderíamos nuestra cultura”, explicó.
Los impactos del proyecto son difíciles de cuantificar. La selva Amazónica cuenta con 12% de las reservas de agua dulce del planeta, es una de las fuentes más importantes de oxígeno, alberga más de 30.000 especies de plantas, casi 2.000 especies de peces, 60 especies de reptiles, 35 familias de mamíferos y, aproximadamente, tiene 1.800 especies de aves en proceso de registro.
Allí radicaría la importancia de que las propuestas de las multinacionales se hagan con el consentimiento de los pueblos indígenas que habitan los lugares. De acuerdo con Jorge Furagamo, Secretario de la Mesa Regional Amazónica y encargado de mediar los proyectos entre las comunidades amazónicas y los gobiernos locales, “el Estado debe revisar los sitios en donde se pueden hacer las obras. Debe tener un plan de manejo de los recursos naturales para que entienda el ordenamiento territorial desde la visión de los pueblos indígenas”. De esta manera, se podrán conocer los lugares sagrados, los sitios de cacería y los estanques donde crecen los peces para minimizar impactos y buscar alternativas.
Otro gran resultado de la primera cumbre indígena para la preservación del Amazonas fue la la Redd Indígena, una propuesta que ya está en marcha y que propende por una gestión holística de los pueblos indígenas en donde se discuten los aspectos relacionados con sus territorios. La conclusión de esta segunda cumbre busca elaborar un plan de vida diferente frente a los proyectos de IIRSA que le apuesten al diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas para la celebración de contratos transparentes que no atenten contra su bienestar.
Sin embargo, Aurelio Vianna, director de la Fundación Ford, una de las organizaciones que respalda a las comunidades y elabora proyectos de integración social, aseguró que, “en las últimas dos décadas, los gobiernos y la sociedad civil de los países de la Amazonía han hecho enormes avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en toda la región».
Asimismo, Samuel Sangueza, representante de la organización ICCO de Holanda, aseguró que se trata de “una forma alternativa que cuestiona la forma en que vivimos”. Pero esto no se traduce en que se deba satanizar, ni a los indígenas, ni tampoco a un modelo de desarrollo económico.
En medio de la lucha de fuerzas por obtener recursos del Amazonas se abre paso la voz indígena que vela para que el pulmón más grande del mundo no deje de respirar. Como aseguró María Melba, integrante de la comunidad Pijao, si no se hace nada al respecto “vamos a tener un país lleno de plata, pero sin nada que comer”.