Unos 14 mil kits donde se encuentran elementos de aseo, medicinas y alimentos, entre otros artículos, tienen enfrentados al gobernador actual del departamento de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, y su antecesor, Libardo Simancas Torres.
La puja se inició a finales de 2007, cuando el entonces gobernador Libardo Simancas declaró la urgencia manifiesta para gestionar recursos tendientes a aliviar el drama de 30 mil familias damnificadas por las lluvias de ese año.
“Celebramos siete contratos para adquirir medicamentos y kits de alimentos y de aseo por $3.800 millones, teniendo en cuenta la solicitud de los comités de desastres y alcaldes locales, y así atender a 30 mil familias afectadas por la ola invernal”, dijo el ex mandatario Simancas Torres.
El ex gobernador de Bolívar asegura que “el 12 de febrero de 2008 el actual gobernador y su secretario de Hacienda reconocieron las cuentas a 31 de diciembre de 2007 y las mismas reunían requisitos para sus pagos”. Joaco Berrío dice que hasta tanto lo obligue un juez a pagar esas cuentas, no hará los desembolsos.
“Demandamos los contratos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar y debemos esperar, esos mercados están en una bodega privada y los pago cuando un juez de la República me obligue a pagarlos”, aclara Berrío.
Mientras el funcionario que compró los mercados asegura que las cuentas están en orden, su sucesor sostiene que la tragedia del invierno fue utilizada para firmar contratos irregulares en los que los precios de los alimentos están inflados. Lo grave es que mientras la justicia define quién tiene la razón, los mercados no llegan a las familias afectadas y, por el contrario, el 70% de los mismos se pudre en una bodega de Cartagena. “Es lamentable que teniendo 30 mil damnificados en el departamento no se hayan entregado esos elementos adquiridos para atender a las familias de la ola invernal”, aduce Simancas.
El actual gobernador está seguro de que durante la gestión para comprar los kits se registraron costos mayores a los valores que normalmente se pagan por adquirir esos elementos en reconocidos supermercados.
“Le diría a Libardo Simancas que vaya a la Olímpica o a Carulla, donde un mercado año y medio después vale el 50% de lo registrado en esas facturas, esos precios están inflados y con otras anomalías”, puntualiza Berrío.
A su turno, Simancas cree que su contradictor busca generar un sofisma de distracción. “La oficina de Prevención de Desastres pasó un listado de precios de las cosas requeridas y a mí como gobernador los funcionarios de la Secretaría de Salud de Bolívar me certificaron los precios de lo que se estaba adquiriendo”.
Lo único claro es que pasan los días y los mercados se pudren, los damnificados siguen en el abandono y los proveedores y contratistas que se ocuparon de suministrar los kits establecieron acciones judiciales contra el departamento, lo que generará costos adicionales a los 3.800 millones de pesos, lo que significa un detrimento patrimonial que finalmente tendrán que pagar los ciudadanos.