En el hecho murieron cerca de 78 personas que se refugiaron en el templo de Bojayá, Chocó. El lugar fue bombardeado con cilindros caseros de gas acondicionados como bombas, durante un enfrentamiento entre las Farc y paramilitares del bloque ‘Elmer Cárdenas’.
De la masacre, ocurrida el 2 de mayo de 2002, han sido condenados cuatro integrantes de las Farc. El juez impuso una pena de 41 años de prisión a John Jairo Durango Valencia, Norberto Mosquera Asprilla y Octavio Torres Benítez. Los sentenciados se encuentra recluidos en cárceles de Chocó y Antioquia.
A los procesados se les encontró responsables de homicidio y lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción de bienes culturales y de lugares de culto, destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario y rebelión.
Un cuarto miembro de las Farc estuvo en la mira de los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de Héctor Orlando Martínez Quinto, que también participó en la decapitación de 47 policías en el municipio de Juradó, Chocó, en 1999, condenado a 36 años de prisión por un juzgado de Quibdó.
Martínez Quinto se encontraba en calidad de refugiado en Costa Rica, país que finalmente lo extraditó a Colombia en diciembre de 2006, tras aceptar las pruebas aportadas sobre la participación de este terrorista en la peor masacre de la historia reciente del país.
El guerrillero conocido con el alias de ‘Pana Pachanga’ se casó en Costa Rica con una delincuente que está recluida en la cárcel para evitar así su extradición.
La responsabilidad sobre la ocurrencia de la masacre también recae entre los miembros del secretariado de las Farc.
Igualmente Jhoverman Sánchez Arroyave, alias ‘Manteco’, cabecilla del frente 58 de las Farc, fue condenado a 37 años y medio de prisión por un juzgado especializado de Quibdó.