La licitación de la llamada “Vía de la Prosperidad”, que conecta la vía Palermo-Sitionuevo-Remolino y Guaimaro, en el departamento del Magdalena, fue suspendida por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, despues de que se detectaran presuntas irregularidades en el proceso denunciadas por la Procuraduría, Invias, entre otras entidades. Organizaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ya habían objetado sobre inconsistencias en dicho proceso. (Vea: Vía de la Prosperidad fue adjudicada al Consorcio Ribera Este)
El gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, indicó este lunes que la vía sería adjudicada al consorcio Ribera Este, acto que aería formal este mismo martes, luego de revisar los argumentos de otros tres proponentes que participaron en la licitación. Lo anterior a pesar de la recomendación del Invías para no adjudicar dicho proyecto.
En un comunicado la CCI reiteró dichas advertencias indicando que el presidente ejecutivo de la entidad, Juan Martín Caicedo Ferrer, ha enviado dos cartas dirigidas al Gobernador del Magdalena (con copia al procurador de dicho departamento) objetando el proceso de licitación por considerar que “en los pliegos de condiciones existen inconsistencias en cuanto a la experiencia, capacidad financiera y calificación de las ofertas”.
La última carta enviada por la entidad, el pasado 21 de junio, advertía que en los nuevos pliegos de condiciones de la licitación “existen requisitos aún más exorbitantes que el anterior proceso (licitatorio) suspendido, y que restringen la participación plural de los oferentes…”.
Entre las observaciones se indicaba que era innecesario que en el proceso licitatorio se exigiera, por ejemplo, presentar una certificación de cupo de crédito. Esto debido a que, entre otras cosas, el proyecto será financiado con recursos del Estado.
Por su parte el Instituto Nacional de Vías también hizo énfasis en las irregularidades del proceso como lo fue la publicación de los avisos de convocatoria a la licitación. Entendiendo, además, que el departamento de Magdalena tendrá que ponerse de acuerdo con Invías y con el Ministerio de Transporte para recaudar la totalidad de los 466 mil millones de pesos que cuesta el primer tramo de la vía.
Se prevé que la vía, que cuenta con una extensión de 170.4 kilómetros, servirá para proteger de las inundaciones a más de 300.000 hectáreas de cultivos.
En este caso la Procuraduría delegada para la función pública presentó un informe sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes frente a las recomendaciones que se le había presentando para que no abriera la licitación.
El Ministerio Público busca establecer si el mandatario departamental incurrió en alguna irregularidad al no atender estas advertencias y recomendaciones presentadas de tipo económico.