La vía departamental que conduce de Guaduas a Puerto Salgar se cruza en más de cuatro puntos con la Ruta del Sol, el proyecto de la Nación que busca conectar al centro del país con la costa Caribe. Por esa razón, la Nación y la Gobernación pretenden que la carretera cundinamarquesa se integre con la autopista nacional y quede bajo el cuidado del gobierno central. Sin embargo, esa integración no será posible hasta que se traslade una tubería petrolera que está en el tramo Guaduas-Guaduero, pero ni el consorcio constructor de la Ruta, ni el propietario de la tubería, ni la Nación, ni el departamento están dispuestos a asumir los costos de ese traslado.
En el año 2000, con permisos del municipio de Guaduas y del departamento, la petrolera Pacific Stratus Energy Corp. y sus socios en el pozo Campo Guaduas instalaron tubos de transporte de hidrocarburos a lo largo de la vía intermunicipal que se quiere integrar a la Ruta del Sol. Hoy, los tubos son un obstáculo. “La posición del consorcio Helios, que tiene a cargo la construcción del proyecto, es que no asumirá los costos de ese traslado. Tampoco lo hará Pacific, que se ampara en los permisos que fueron concedidos antes de los diseños de la Ruta. Y el Gobierno ya nos manifestó que no está dispuesto a asumir ese gasto”, dice Andrés Díaz, secretario de Movilidad de Cundinamarca. El costo de este traslado, según cálculos de Pacific, es de US$2 millones.
“La construcción de nuestro proyecto requiere la compra de unos predios de su propiedad. Sin embargo, su empresa ha manifestado que no facilitará la entrega de los predios requeridos para la ejecución del proyecto vial, hasta tanto no se le reconozca el costo del traslado de la redes que interfieren con el mismo, lo cual constituye una maniobra en todo sentido reprochable”, se lee en una carta que el consorcio Helios le envió directamente a Pacific el pasado 21 de enero. “Cualquier daño a la integridad de las personas que diariamente transitan sobre la vía afectada por redes sin protección alguna será de absoluta responsabilidad de Pacific, al poner a la comunidad en un riesgo tan grave, evidente y de naturaleza excepcional”, añade la misiva.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) remitió otra carta a la Gobernación en la que afirma que “es legalmente posible que los propietarios de redes de servicios públicos obtengan un permiso temporal para el uso de tales bienes, que estará siempre condicionado a que el permisionario (en este caso Pacific) realice el traslado de las redes cuando el bien de uso público sea requerido por la entidad que concede el permiso, máxime cuando ese requerimiento se debe a la ejecución de un proyecto vial”. También dice la ANI que “el principio de confianza legítima no le da el derecho al permisionario a percibir una indemnización o reparación por parte del Estado, en el momento en que el área de retiro forzoso deba ser utilizada para lo que fue prevista por la ley”.
En Pacific, sin embargo, piensan otra cosa: “Este tipo de conflictos son recurrentes. Genera bastantes dudas que el constructor de la obra (Helios) asuma los costos de traslados de tubería de Ecopetrol, que es socio de nosotros en Campo Guaduas, en 40 puntos de la obra, y con nosotros aplique un criterio diferente”, le dijo a este diario un vocero de la corporación. Y añadió: “Tenemos derecho a considerar que no estamos obligados a pagar si una autoridad así lo considera. Queremos que una decisión judicial aclare esto que no sólo ocurre con nuestra empresa: está pasando con 11 empresas más. Nuestro principal problema no es pagar o no el traslado de la tubería, sino tener claridad jurídica sobre el tema. Hoy no existe ninguna normatividad que diga que debe ser el poseedor de la red el que pague su traslado”.
Para entregarle la obra a la Nación, el departamento debe resolver primero qué va a ocurrir con los tubos. “Nos preocupa que ninguna de las partes esté dispuesta a asumir los costos. Si esto se va a un pleito judicial, es posible que la Ruta del Sol se demore más de cinco años en estar integrada totalmente. Por eso pretendemos que se haga una mesa de negociación lo más pronto posible”, dijo Díaz, quien participará en la reunión que la Gobernación concertó para hoy con la ANI.
Sin embargo, Pacific parece tener razón en que éste es un tema que plantea varios vacíos jurídicos. Una muestra de ellos es que, durante los últimos meses, el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha hecho varias reuniones con empresas para trabajar en un proyecto de ley que aclare qué responsabilidades tienen el Estado y los particulares cuando el desarrollo vial riña con las redes de servicios.
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@CamiloSeguraA