Al mejor estilo de una huelga de empleados públicos, o un paro estudiantil, los policías de tránsito de Sincelejo llevan 40 días sin prestar servicio porque la Alcaldía les debe 380 millones de pesos. El impresionante caos vial provocado por dicha decisión tiene en jaque a la ciudad en la que se vive ahora un nuevo debate, pues algunos dirigentes locales consideran que la actitud de los agentes viola sus obligaciones constitucionales, las cuales les prohíben entrar en cese laboral.
Sin importar la congestión vehicular causada por la circulación de 40 mil motocicletas, ni las ventas ambulantes o los atracos a mano armada que están a la orden del día, el Comando de Policía Sucre, que dirige el coronel Orlando Polo Obispo, retiró a los 40 uniformados que en turnos de siete horas se encargaban de controlar la ciudad en motocicletas de alto cilindraje.
Los concejales de la capital, preocupados porque los índices de criminalidad en la ciudad se han incrementado en el último mes, conminaron el martes, en una sesión pública, al comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Sucre, capitán Gustavo Chaparro, a prestar seguridad en el centro y a controlar las 40 mil motocicletas, pero él dijo que no lo harían en tanto el convenio interadministrativo no estuviera listo.
Diego Mercado, concejal de Cambio Radical, propuso controlar el tránsito de las motos RX, que son las que más se utilizan para cometer ilícitos. Agregó que el proyecto, estimado en $380 millones, ya cuenta con el visto bueno de la Oficina de Planeación y está pendiente de la firma del director de la Policía, pero como la institución está en empalme entre el saliente general Óscar Naranjo y su sucesor, José Roberto León Riaño, los trámites tardarían 10 días adicionales a los 40 que Sincelejo lleva sin control policial.
El alcalde de la ciudad, Jairo Fernández Quessep, no se ha hecho sentir como la máxima autoridad en este tema, ya que desde hace un mes anuncia la firma del convenio pero no da la orden para que los uniformados retomen sus labores.
La Policía no ha querido hacerlo sin que exista el convenio, porque tienen la mala experiencia de la administración de Jesús Paternina Samur, quien les quedó debiendo $35 millones, suma que le correspondió liquidar al nuevo mandatario.
Lo que los sincelejanos no se explican es por qué se debe pagar por un servicio de Policía si se trata de una institución cuya misión es salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Uno de los críticos de la actitud que ha asumido la Policía en Sincelejo es el exconcejal Norbey Moreno Romero, quien considera que con esta actuación la institución podría estar incurriendo en una posible omisión en la prestación de su servicio.
“En la práctica, se estaría dando una huelga, y por consiguiente un paro indefinido. Como es bien sabido, este derecho le es prohibido a esos servidores públicos. Se estaría enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía con respecto a la función policial, la cual, antes que definida en un convenio interadministrativo, está regida y reglamentada por la Constitución”, dijo Moreno Romero, quien le envió esta misiva al comandante de la Policía en Sucre.
A renglón seguido Moreno le hace saber que sin la presencia de los policías de Tránsito es imposible cumplir con otros planes, como el ‘Candado’, que consiste en bloquear los semáforos para evitar la fuga de delincuentes cuando son perseguidos en caliente.