Cualquier estudiante sorprendido haciendo ventas informales dentro de la Universidad de Antioquia corre el riesgo de ser suspendido o expulsado. Esto es así desde el 3 de diciembre de 2001, cuando el Consejo Superior aprobó el acuerdo 206, que cataloga esas ventas como una falta grave.
La medida se tomó para enfrentar la crisis de inseguridad que vivía la universidad. Durante ese año se registraron, entre otros casos, el robo de catorce motos y cuatro carros, atracos nocturnos y amenazas a estudiantes y profesores, además d el hallazgo de artefactos explosivos, en el bloque 6, y una bomba con dispositivo electrónico en la Facultad de Artes. Pero lo más grave fue el asesinato de dos estudiantes dentro del campus.
“Ante esas muertes se tomó la decisión de cerrar temporalmente el claustro. También se decomisaron y prohibieron las ventas, pues existía un vínculo directo entre la inseguridad y las ventas informales, ya que facilitaban la circulación dentro del centro educativo de personas ajenas que tenían relaciones con redes de microtráfico”, dijo en octubre Daryeny Parada, exdirectora de Bienestar Universitario.
La demanda
Para Isaac Buitrago, estudiante de derecho y miembro del Movimiento Estudiantil, la universidad no ha podido comprobar plenamente la relación entre la inseguridad y las ventas informales. “Eso lo único que hace es estigmatizar y que cada vez que se intente aplicar sanciones a las ventas informales, se produzca cierta convulsión en la universidad”.
Una de las estudiantes sancionadas fue Natalia, a quien encontraron vendiendo dulces y la suspendieron por nueve meses. Ella no podía congelar su carrera durante tanto tiempo, entonces se cambió de universidad y ahora estudia en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
El caso de Carlos es más dramático. Las directivas lo expulsaron por vender chococonos y ahora está en la indigencia, trabajando en un semáforo cerca de la Plaza Minorista.
El tema sigue siendo de discusión entre estudiantes y directivas. En 2013 se intensificaron las medidas para erradicar el fenómenoy desde Bienestar Universitario se ofrecieron ayudas económicas que oscilaban entre 0,75 y 1,75 salarios mínimos a los estudiantes que dejaran las ventas. Algunos no se acogieron, por lo que se dio una movilización social que provocó un nuevo paro universitario.
“Las ayudas que da la universidad, entre $100.000 y $200.000 mensuales, no son suficientes”, dice Manuel, un estudiante de ingeniería que actualmente tiene un puesto de ventas informales. “Soy del Chocó, vivo en Medellín solo y mis padres no pueden ayudarme”. Manuel gana entre $300.000 y $400.000 mensuales con sus ventas.
En 2014, Isaac Buitrago decidió llevar la protesta al campo jurídico. Entabló una demanda para que se declarara la nulidad del acuerdo que declaraba como falta grave las ventas informales, argumentando razones de forma y de fondo.
Entre las razones de fondo están el menoscabo del principio de igualdad, el derecho al trabajo y la falta de competencia del consejo superior universitario para dictar la medida.
Y entre las razones de forma está que la universidad habría trasgredido sus propios procedimientos, particularmente el artículo 63 del Estatuto Universitario, que dice: “para la aprobación y modificación de los Estatutos del Profesor y del Personal Administrativo, y del Reglamento Estudiantil, se requieren por lo menos cinco votos favorables, y los debates se realizan con un intervalo mínimo de un mes”.
Buitrago argumenta que con el acuerdo 206 de 2001 se habría modificado tácitamente el Reglamento Estudiantil, pues en los artículos 247 y 248 se describen cuáles son las faltas disciplinarias y las sanciones. Allí aparecen el comercio y el consumo de drogas, pero no las ventas informales.
En la notificación del 5 de febrero, elTribunal Administrativo de Antioquia, falló a favor de Buitrago y declaró la nulidad del acuerdo, pues al ser aprobado entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2001, “sí es ostensible la violación al estatuto superior, el hecho de que entre uno y otro debate no se haya respetado el término de un mes. (…) Los términos entre debates en la organización de un reglamento tienen como finalidad garantizar el principio de publicidad y el principio democrático, de manera que con él se permita que, en ese lapso, los ciudadanos o los administrados a quienes va dirigido el reglamento, puedan participar en la elaboración de la disposición normativa que los va a regir”.
La universidad apelará
“Lo positivo en la sentencia es que le dio la razón a la universidad en los tres asuntos de fondo: dice que sí se logra demostrar una relación entre seguridad y ventas informales, el consejo superior sí es competente para expedir esa norma, y no sería considerada discriminatoria, por lo que tampoco violaba los principios de igualdad”, explica Danilo Palacio, funcionario de Bienestar Universitario.
Richard Ramírez, asesor jurídico de la Universidad de Antioquia, asevera que el acuerdo no modificó el Reglamento Estudiantil de pregrado, sino que establecía una medida general para todos los servidores, transeúntes y contratistas y estudiantes. “Obviamente ese va a ser el fundamento de nuestra apelación en segunda instancia ante el Consejo de Estado”.
Mientras se conoce un fallo definitivo, las ventas informales dentro de la Universidad de Antioquia seguirán siendo una falta grave.