Desde 2004, Medellín implementó un programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, a través del cual los ciudadanos pueden decidir en qué quieren invertir una parte del recurso anual de la ciudad. Pero en años recientes, esta política pública enfrenta adversidades que amenazan su continuidad.
Tres grandes problemas son los que afectan al programa de Presupuesto Participativo en la capital de Antioquia: la dependencia del gobernante de turno, los tiempos del proceso y la injerencia de los grupos ilegales. Así lo determinó el sociólogo Ómar Urán Arenas, socio del Instituto Popular de Capacitación (IPC), doctor en planeación y estudios urbanos regionales y una de las personas que asesoró la implementación inicial del PP en la ciudad.
“No se trata de decir que todo el Presupuesto Participativo está mal o que todas las comunas presentan un estado crítico”, advierte Omar Urán, sino que es necesario tomar medidas para corregir las falencias, porque “lo peor que podría ocurrir es que el programa termine siendo eliminado como política pública, significando un retroceso democrático para la ciudad.”
Lo que está en riesgo es un programa que maneja el 5% del presupuesto anual de libre inversión de Medellín y que da la posibilidad a los habitantes de priorizar esos dineros para atender necesidades de sus barrios, bien sea en infraestructura, educación, cultura o deporte. Para 2016 se priorizaron 396 proyectos que costarán $151.000 millones y se ejecutarán en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.
Pero los alcances y el buen manejo del PP dependen en gran medida de la voluntad política de cada alcalde. Ese es un primer inconveniente que identifica Ómar Urán, quien considera que el anterior mandatario, Aníbal Gaviria Correa, le restó potencial a este programa al complejizar la participación ciudadana y priorizar otras estrategias como las Jornadas de Vida y Equidad.
Un segundo inconveniente está relacionado con el tiempo, porque las comunidades necesitan desarrollar con agilidad las obras o proyectos, pero el municipio suele incurrir en retrasos de ejecución o entrega de recursos. En ocasiones las comunidades pasan más de medio año esperando el desembolso del dinero, ya sea para desarrollar un periódico, construir un muro de contención o adelantar un programa educativo.
En últimas, explica el sociólogo, “esto termina afectando la calidad de los productos y procesos, en la medida en que obliga a ejecutar, en tiempos muy cortos, lo que técnica y socialmente requeriría más plazo.”
Y el tercer problema, tal vez el que más preocupaciones genera, consiste en la injerencia de grupos armados ilegales que, valiéndose de diversas estrategias, terminan apropiándose de una parte de los recursos que llegan a las comunidades a través del PP.
Según Ómar Urán, es necesario hacer un estudio serio que permita identificar las zonas donde está ocurriendo esta situación pues, “en términos estrictos, desvirtúa toda la filosofía de democracia, transparencia y eficacia en la inversión pública, que ha inspirado los presupuestos participativos.”
Por eso considera que “la alcaldía tiene el menester de identificar cuáles comunas son críticas en este aspecto para implementar allí otras lógicas, transparentes y eficaces, en la asignación de recursos.” Pero agrega que al mismo tiempo se debe mantener y fortalecer el proceso de PP en las comunas y corregimientos donde no exista este inconveniente.
Para buscar alternativas a estos problemas, propuso Urán, la alcaldía debe abrir un debate constructivo con las organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad, y especialmente con el Comité Municipal de Presupuesto Participativo. A lo cual agregó que se deberían implementar indicadores que permitan medir, a nivel de comuna-corregimiento, la forma cómo se gasta y ejecuta el PP.
Lo que dice el Concejo de Medellín
A propósito de las dificultades que enfrenta el Presupuesto Participativo y el futuro que tendrá este programa con la nueva alcaldía, en cabeza de Federico Gutiérrez, el Concejo de Medellín citó un debate el pasado 17 de febrero para analizar la problemática.
Allí, de acuerdo con el comunicado del Concejo, el secretario de Participación Ciudadana, Andrés Felipe Bedoya Rendón, manifestó el compromiso de la administración municipal para realizar campañas que den a conocer el programa y sus alcances, con el propósito de garantizar la participación ciudadana y la democracia.
Al término de la sesión, los concejales pidieron “aumentar los recursos del PP e implementar mecanismos de control más eficaces para garantizar la participación de la ciudadanía.” Durante el debate, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos criticó la manera como se terceriza la ejecución de proyectos y la calidad de las obras. En ese sentido, hizo una denuncia contra la empresa ATA de Armenia, por el deterioro y la entrega de obras inconclusas en la Comuna Uno.
El Concejal también pidió investigar a la empresa Portafolio Verde por las deficiencias en el montaje de 19 huertas urbanas, contrato que ascendió a los 150 millones de pesos.
Para rematar, Guerra Hoyos preguntó qué relación tiene alias “Pícolo”, delincuente de la Comuna Uno, con las empresas Ata, Gordillos y Asociados, y Territorio Verde. Por eso, el concejal Jesús Aníbal Echeverri, del partido de La U, uno de los citantes del debate, advirtió que el presupuesto participativo “deber ser serio y responsable con la contratación, así como con las interventorías y auditorías, las cuales deben dar garantía en la ejecución de los proyectos y evitar que se politicen.”