Por Carmen Martínez López y Sergio Camacho Iannini
Women’s Link Worldwide
Marcela es una mujer venezolana. Llegó a Colombia en el 2016 con un embarazo de 24 semanas y con un certificado médico que decía “alto riesgo”. Un mes después de su arribo, continuaba sin recibir atención. La mandaban de una oficina a otra. Un día fue a una clínica cercana a su casa a que le pusieran unas vacunas, pero la persona que la atendió le dijo que debía declarar primero ante la Personería las razones que la habían traído al país.
Liza es colombiana pero creció en Venezuela. Hace dos años decidió regresar al país con sus hijos y sin conocer a nadie. Al poco tiempo de su llegada se enteró de que estaba embarazada. Tuvo una infección urinaria y principios de neumonía. Aunque la atendieron, como no tenía carnet le hicieron pagar las consultas. Le cobraron 300 mil pesos. Ella solo tenía 150 mil que consiguió gracias a que vendió su licuadora y DVD. Cinco meses después, no había tenido ningún otro control de su embarazo.
Estos testimonios hacen parte de una investigación que realizó Women’s Link Worldwide en Cartagena. Muchas mujeres llegan desde el vecino país buscando el acceso mínimo a sus derechos, entre ellos la atención en salud y servicios de salud reproductiva.
El Ministerio de Salud de Colombia expidió el año pasado la Circular 000025 de 2017 para fortalecer las acciones de salud pública para responder a la situación de migración de la población proveniente de Venezuela. En ella se habla de la coordinación intersectorial que deben tener distintas entidades estatales para definir planes de acción y activar rutas de atención para los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres embarazadas o gestantes.
Sin embargo, muchas mujeres embrazadas venezolanas siguen desprotegidas y enfrentan barreras que ponen en peligro sus vidas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos conocimiento de una mujer venezolana en Bogotá que pasó casi siete días sin recibir atención médica apropiada luego de que se le diagnosticara una muerte fetal. Convulsionó dos veces y estuvo a punto de sufrir una infección general (sepsis). También nos enteramos del caso de otra mujer venezolana en Duitama que sufrió un aborto espontáneo y cuya atención le fue negada porque no había llevado su pasaporte, cuando en Venezuela no los están expidiendo.
La atención en salud no debe distinguir nacionalidad. Y las obligaciones y las buenas intenciones no deben quedarse escritas en el papel. Los sistemas de salud están en la obligación de prestar los servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres gestantes que llegan de Venezuela, quienes no están en condiciones de navegar la burocracia y los requisitos que aquí les piden. Estamos hablando de la vida de miles de mujeres que necesitan atención inmediata. No hacerlo violenta sus derechos.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, queremos llamar la atención sobre esta situación que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas. Está bien que hagamos llamados a la solidaridad con la situación que enfrentan las y los migrantes venezolanos, pero principalmente recordemos que se trata del acceso a derechos fundamentales de personas que merecen, además, protección internacional.
Foto: Getty.