Es muy común oír entre amigos o familiares que uno siempre debe contar con un abogado. En modo de burla destacan que son determinantes en un proceso de separación, custodia de los hijos e incluso para velar por negocios transparentes. Tal vez usted se sienta identificado con alguno de los casos o simplemente no haya requerido ningún servicio, pero es importante tener claro cómo es el panorama en Colombia.
Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, en el país hay más de 320.000 abogados con tarjeta profesional. Solo uno de cada cinco programas académicos está acreditado, una cifra baja en temas de excelencia. Por otro lado, en el tema profesional y su ejercicio, el año pasado fueron sancionados más de 20.000 abogados por falta de respeto a los jueces o incumplimiento con los clientes. “Una medida que permite velar por los derechos de las personas y además velar por el buen ejercicio”, señala Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación, que se dedica a evaluar la eficiencia, la transparencia y la probidad de los abogados.
Su importancia es fundamental, pues en cualquier país la abogacía funciona como instrumento válido de resolución de conflictos en materia legal y sobre esto los abogados tienen un papel importante, ya sea como magistrados o como abogados litigantes, para lograr acuerdos en esas diferencias de manera pacífica por las vías consagradas por el Estado de derecho. “En Colombia contamos con profesionales calificados para cada necesidad. Desde la academia los formamos para enfrentar los retos que se presentan”, dice Carlos Montoya, docente de la Universidad Libre.
La academia ha jugado un papel clave en la formación de profesionales. Las cifras revelan que en Colombia hay cerca de cien facultades de derecho, en las cuales, además del pregrado, las especializaciones son variadas. En el país, las que tiene mayor demanda tienen que ver con derecho administrativo, comercial, constitucional y laboral. “Tenemos especialistas para cada necesidad”, resalta Hernando Herrera. Acá explicamos en qué consiste cada una de las especialidades con más demanda y en qué casos puede requerir sus servicios.
Penal
El derecho penal busca castigar con prisión o multas a las personas que han cometido hechos graves en contra de la vida, la libertad, la familia, el buen nombre, la salud pública, el patrimonio económico, la integridad sexual, la justicia, los recursos públicos, la empresa o el medio ambiente. Si usted o alguien cercano considera que ha sido víctima de esos hechos, como agresiones físicas, psicológicas o sexuales, ha sufrido acoso, lo han robado o hechos similares, debe acudir a un abogado penalista para que lo asesore y acompañe en la respectiva denuncia ante la Fiscalía. También debe hacerlo si conoce de delitos de corrupción de funcionarios públicos o particulares, contra los recursos del Estado o los recursos naturales. Por último el abogado penalista es un asesor indispensable en toda empresa sin importar su tamaño para evitar que sus socios, directivos y funcionarios incurran en comportamientos irregulares que los afectan a ellos y a sus intereses económicos.
Administrativo
Tiene por objetivo el funcionamiento y la operación del Estado. Es una especialización muy útil para quienes son funcionarios públicos y tengan relación con el Estado; por ejemplo, los relacionadas con contrataciones. El Estado contrata a estos abogados para integrar las oficinas jurídicas de los ministerios y las entidades públicas en general.
Comercial
Su objetivo es estudiar todas las normas relacionadas que pueden afectar al empresario y todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial. Pueden apelar temas como formación de sociedades, fusiones o adquisición de empresas para que los trámites sean legales.
Derecho público financiero
Es un abogado que puede dirigir, asesorar y orientar la administración pública. Podrá desempeñarse en la rama Ejecutiva del poder público, en el ámbito central, seccional o local, en las entidades de control administrativo y fiscal, en los órdenes nacional y territorial.
Constitucional
Su horizonte es muy interesante, pues esta especialización tiene como función principal estudiar la normativa de la Constitución, las normas relacionadas con los derechos fundamentales, los deberes ciudadanos, el régimen económico del país y está relacionado con la estructura estatal.
Laboral
Tiene que ver con el estudio de los vínculos jurídicos que surgen de los contratos de trabajo. La relación entre los empleadores y los trabajadores y la gestión de los sindicatos. Una persona puede acudir a este servicio si siente vulnerados sus derechos.
Un nuevo rol
Sin importar la especialización del abogado, lo que ahora se requiere es que cumplan un rol de conciliadores, que se olviden de que las partes son un enemigo y consideren que el fin último es llegar a un consenso. Por otro lado, la sociedad debe cambiar de perspectiva frente a la abogacía, pues no es consultarlos solo cuando se está en problemas, sino buscarlos como asesores y más como una herramienta de prevención. Ese es el gran reto que tenemos desde las universidades: que sean abogados éticos y disruptivos.