Cuando el gobierno del presidente Santos anunció la presentación de un proyecto de ley por medio de la cual se permite a los clubes de fútbol organizados como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro convertirse en sociedades anónimas, los directivos del fútbol profesional colombiano anunciaron su respaldo irrestricto a dicha iniciativa. “Creo que es un proceso empresarial que el fútbol necesita urgentemente. Es imperativo que se cambie la estructura societaria con que han venido operando los clubes que los hacen hoy absolutamente inoperantes”, dijó Ramón Jesurún, presidente de la Dimayor.
Sin embargo, hoy, cuando el proyecto se encuentra a un solo debate para su aprobación en Plenaria de Senado, parece que ese respaldo ya no es el mismo o que desde un comienzo los directivos del fútbol quisieron mostrar una cara ante el Ejecutivo y la opinión pública que no era la verdadera. Una carta enviada hace algunos días por parte de Rafael E. Arias, secretario general de la Dimayor, a los presidentes de los equipos del país —conocida por El Espectador—, plantea una serie de propuestas de modificaciones que deben hacerse al proyecto y les solicita “ir conversando con los senadores amigos en sus respectivas regiones e ir discutiéndolas”.
Hasta allí bien puede considerarse una simple labor de cabildeo en torno a cambios para mejorar la iniciativa. Sin embargo, dichas modificaciones refieren artículos fundamentales del proyecto, como el del nombramiento de un gestor que hará las veces de representante legal de los clubes en proceso de recuperación económica y administrativa, así como el que establece claros controles y sanciones para los equipos que incumplan el pago de obligaciones laborales, de aportes a la seguridad social y de los parafiscales. En esencia, la médula espinal de la iniciativa.
Es el artículo 8° el que precisamente establece la suspensión, por parte de Coldeportes, del reconocimiento deportivo a todos aquellos clubes con deportistas profesionales que incumplan con el pago de dichas obligaciones por un período superior a 60 días. “Esta suspensión se mantendrá hasta tanto el club demuestre el pago”, dice en la actualidad la ponencia que será debatida por el Senado.
Pero resulta que la Dimayor propone la eliminación de dicho artículo por considerar que ese tipo de medidas “se encuentran ajenas a la realidad de la economía colombiana, a la cual no escapa ninguna industria o sector productivo. El hecho de la suspensión de reconocimiento deportivo a un club es someterlo a su desaparición por cuanto ese organismo deportivo no podrá participar en competencias oficiales y, por ende, recibir ingresos por taquillas y publicidad que le permitan subsanar sus incumplimientos”, según reza el documento enviado a todos los presidentes de los equipos.
Asimismo, considera un contrasentido que el incumplimiento en el pago de obligaciones laborales por más de 60 días dé lugar a la suspensión del reconocimiento deportivo, pero que el incumplimiento por más de 90 días sea causal para que un club entre a régimen de recuperación económica y administrativa, como lo dispone el artículo 9° del proyecto. Artículo que, en su parágrafo 2°, obliga a la designación de un gestor de negocios de terna presentada por la Superintendencia de Sociedades.
Ese gestor ejercerá como nuevo representante legal del club, con todas las competencias y responsabilidades inherentes a esa función, y ejercerá atribuciones como las de realizar y formalizar reformas estatutarias, fusiones, escisiones, aumentos de capital, venta, transferencia o realización de todo tipo de transacciones sobre activos y pasivos, entre otras. La Dimayor cree que tal disposición “genera contravenciones a las reglamentaciones de la Fifa y a los principios de la Carta Olímpica Internacional, en cuanto a la autonomía que se ha determinado que deben tener los organismos deportivos para la elección de sus órganos directivos”.
Y advierte que podría generar sanciones e incluso ordenarse la suspensión de Colombia de toda competición de fútbol internacional. A cambio, propone la modificación de todo el artículo, incluyendo ya no el nombramiento de un gestor, sino de un “promotor” que desarrollará funciones como las de analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por lo menos los últimos tres años, mantener a disposición de todos los acreedores la información que posea y, sobre todo, que estará sujeto a la obligación de “confidencialidad respecto de la información referente a la negociación”, existiendo la posibilidad de ser “removido del encargo en caso del incumplimiento de sus funciones”.
Este sábado se llevará a cabo el ‘Acuerdo para la prosperidad’, en lo referente al fútbol, por parte del presidente Santos. Hoy, el director de Coldeportes, Jairo Clopatofsky, se reúne con los dirigentes de la Dimayor y de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Sería bueno que de una vez por todas se destaparan las cartas, al menos por los directivos del fútbol. Y queda una pregunta en el ambiente: ¿quiénes serán aquellos ‘senadores amigos’ a los que se refiere el secretario de la Dimayor y será que si les hacen la tarea?