De preocupante calificó la contralora General, Sandra Morelli Rico el tema pensional en Colombia sobre todo lo relacionado con las jubilaciones adquiridas sin llenar los requisitos exigidos por la ley.
Reconoció que el Gobierno y las entidades territoriales han venido haciendo grandes esfuerzos para garantizar la cobertura del cálculo actuarial. Advirtió a algunas entidades la prohibición de reconocer pensiones cuando no han existido los aportes que justifican y que sirvan de soporte al cálculo actuarial.
«En ese sentido son las intervenciones que viene haciendo el Ejecutivo», resaltó la contralora General de la República.
Morelli Rico se mostró de acuerdo con un informe presentado en la revista de la Contraloría donde se propone gravar las pensiones alta. Sobre este mismo tema algunos funcionarios de la actual administración del presidente Santos se han mostrado receptivos, pero han manifestado que es una iniciativa dura de conseguir aval en el Congreso.
El informe alerta sobre el acelerado gasto en las pensiones que tiende a desbordarse como consecuencia de la política de Seguridad Democrática que contempla un significativo aumento en el pie de fuerza, «cuyos miembros están sometidos a un régimen pensional especialísimo: se pensionan con apenas 20 años de servicio sin importar la edad y con un monto promedio del 80% de un miembro activo de la fuerza pública».
Advierte el informe de la Contraloría que el pasivo pensional de la fuerza pública aumenta cada año en un 1,7% del pib (producto interno bruto).
«Resulta absolutamente desproporcionado e injustificable que, además, la legislación tributaria actual consagre la exención total del impuesto sobre la renta para las pensiones de hasta 50 salarios mínimos mensuales».
Una de las conclusiones del informe indica que «Colombia concede un beneficio tributario, a favor de las jubilaciones (altas) que supera, en más de siete veces, el monto exento en países como Estados Unidos y el Reino Unido, dos de las más grandes potencias económicas del mundo».