Las zonas de interés de desarrollo rural económico y social (zidres) tienen oficialmente luz verde desde el viernes 29 de enero, cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley que las crea, en Orocué, Casanare.
Después de cinco intentos ante el Legislativo, las zidres fueron aprobadas en diciembre pasado y fueron sostenidas con argumentos como que con la inversión de US$50.000 millones se generarían 500.000 nuevos empleos y se desarrollarían cinco millones de hectáreas que hoy no están adecuadas para su cultivo.
Durante los debates en el Congreso, una de las inquietudes era qué tan fácil de implementar serían las zidres, pues primero es necesario un concepto técnico de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, expedir un Conpes y que cada zidres sea aprobada por un consejo de ministros, entre otros requisitos.
Ahora bien, después de tantos intentos legislativos, tanta resistencia por parte de la oposición, organizaciones campesinas y no gubernamentales, tanta campaña de difusión estilo “mitos y verdades de las zidres”, ¿a quién le interesan las zidres?
De acuerdo con el senador Jorge Enrique Robledo, como sostuvo durante todo el trámite de debate, los principales interesados son las multinacionales y las grandes empresas agroindustriales que siempre han visto la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como un obstáculo y que “quieren acaparar los baldíos, quitándoles derechos a los campesinos y trabajadores rurales sin tierra y así promover la extranjerización de las tierras colombianas poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y política de la Nación colombiana”, según dijo cuando rindió ponencia negativa.
Pero la ley contiene que cualquiera, empresas o asociaciones de campesinos, puede proponer un proyecto en las zidres. La Sociedad de Agricultores de Colombia, por ejemplo, no tardó en reaccionar a la sanción de la ley expresando en un comunicado que las zidres contibuirán “a estimular la inversión en el sector agropecuario y agroindustrial a partir de una visión incluyente de pequeños, medianos y grandes empresarios del campo”.
El Espectador consultó con algunos representantes de subsectores del agro –incluso miembros de la SAC que no ven la norma con igual entusiasmo- para ver qué tan interesante conciben en la práctica la polémica ley.
Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, aseguró que los arroceros “no estamos en la Altillanura, las empresas que han llegado están sembrando arroz pero los arroceros del resto del país empezarán a llegar acorde con la política que trace el Ministerio y el Gobierno, con respecto a las UAF. Estamos pendientes de la reglamentación de la ley”. Manifestó el deseo del gremio de, a través de la SAC, participar de la reglamentación.
Al igual que a Hernández, a Andrés Valencia, presidente de Fenavi, le genera dudas el alcance de esta ley teniendo en cuenta que en materia de tierras hay aspectos por definir para un eventual escenario de posconflicto. “Nos han vendido toda la Altillanura como la gran panacea para que Colombia sea despensa alimentaria pero falta mucha certidumbre sobre propiedad de la tierra, qué pasará en el posconflicto”, aseguró.
Valencia agregó que por parte de los avicultores no habría mayor interés en las zidres debido a que “no hay claridad sobre la propiedad de esa tierra y no es tan claro el rol de una avicultura empresarial. Los avicultores se irían en caso de que hubiera posibilidad de sembrar sus propias materias primas pero hay otras condiciones que pueden ser adversas como lo costos de adecuar el suelo para sembrar maíz. Algunos intentaron ir y no les funcionó, y la ley no va a cambiar la fertilidad del suelo, ni la cantidad de agua o luz, ni la ausencia estructural de bienes públicos”.
La ley, en ese aspecto, se plantea para “promover el desarrollo de infraestructura para la competitividad en las Zidres y las Entidades Territoriales en las que se establezcan dichas zonas”, de acuerdo con el articulado. Propone también el uso de alianzas público privadas entre los privados que hagan uso de los baldíos y el Estado “para el desarrollo de infraestructura pública y sus servicios asociados, en beneficio de la respectiva zona”.
Un gremio que se muestra entusiasta con esta ley, al igual que con otras propuestas gubernamentales como el plan Colombia Siembra, es el de los productores de cereales, Fenalce. De acuerdo con Henry Vanegas, gerente del gremio, las zidres permitirán que “el maíz y el sector de leguminosas, específicamente soya, crezcan en áreas y se hagan desarrollos agroindustriales para producir el alimento para producir pollo, huevos, cerdo, pescado, leche y carne. (…) No sólo es para la Altillanura, es una ley que nos servirá para hacer desarrollo en muchas zonas que no tienen la infraestructura, que están alejadas y abandonadas por parte del Estado”.
Muy diferente opinan las organizaciones campesinas. Cumbre Agraria, por ejemplo, descarta de tajo su participación en lo que propone la ley. “Está descartada para los campesinos porque está diseñada para los empresarios y para el desarrollo del capital agroindustrial en vastas regiones como la Altillanura, pero también la Costa y la Mojana”, afirmó Eberto Díaz, miembro de Cumbre Agraria. Agregó que la ley no fue consultada con organizaciones como a la que pertenece.
Por su parte, representantes de la agricultura familiar esperan que las zidres estén “acompañadas de apoyo a la familia agricultora, en financiación, asistencia técnica, incorporación a mercados y no abandonar diciendo que las familias agricultoras no pueden enfrentar las exigencias del agronegocio como sí lo haría un gran agroindustrial”, expresó Mario Bonilla, vocero de Agrosolidaria, una organización que promueve la agricultura familiar.
La expectativa de un real apoyo parte de que, según Bonilla, “sabemos que no hay condiciones de libre oportunidad porque no se pueden medir las mismas fortalezas ante esta apertura con el proceso asociativo de familias que han sido golpeadas y con toda la problemática que no hay necesidad de reiterar. Tendría que generarse una alternativa de apoyo a las familias agricultoras para que las zidres no terminen como Agro Ingreso Seguro”.
En definitiva, amanecerá y veremos, pues las expectativas de los actores que podrían estar involucrados con las zidres están atadas a su reglamentación. De acuerdo con el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ésta tardará cerca de mes y medio, porque el presidente Santos pidió meterle el acelerador al asunto.
A las zidres, sin embargo, aún les queda enfrentar posibles obstáculos como por ejemplo las demandas por inconstitucionalidad que han anunciado partidos como el Polo y la Alianza Verde y organizaciones como Oxfam y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros. Algunas de las razones son que no hubo consulta previa y que prácticamente, según los detractores, campesinos habitantes de posibles zidres serían beneficiarios de la adjudicación de tierras que habitan sólo si adhieren a los proyectos productivos impulsados por los inversionistas.