El Gobierno presentó hoy una lista de siete medidas con las que busca demostrar avances tangibles en su diálogo con el sector transportador. Pero más allá de las buenas nuevas, persiste la pregunta que atraviesa los patios, las garitas y las terminales: ¿responden realmente estos anuncios a los nudos estructurales que han encallado la relación entre transportadores y Estado?
Las cifras oficiales dan cuenta del esfuerzo estructural: entre abril y julio se realizaron cuatro mesas de trabajo (tres presenciales y una virtual) con la participación de más de 20 agremiaciones, pequeños transportadores y entidades de orden nacional. De esos espacios surgieron medidas en materia de legalidad, formación, seguridad vial y actualización normativa.
“Medidas concretas”, subraya el Ministerio.
Desde el sector público, han participado la Superintendencia de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) y el Ministerio de Defensa.
Entre las organizaciones del sector de carga y transporte, incluyó la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación Nacional de Transportadores (ANT), Asecarga, Defencarga, entre otras.
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El objetivo estuvo definido: construir una agenda común que supere las tensiones históricas y fortalezca la operación legal, técnica y segura del transporte de carga en el país.
Pese a ello, los transportadores, algunos con voz en gremios nacionales, otros sin representación clara, han advertido que el fondo de la crisis aún no se ha tocado: precios del diésel, cumplimiento de los acuerdos firmados y la tan prometida formalización laboral siguen en el limbo.
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Siete medidas… ¿para un problema de fondo?
Las acciones del Ministerio de Transporte, presentadas hoy como logros de diálogo social, pueden dividirse en dos planos: las que ordenan la casa institucional (formación, reactivación de observatorios, ajustes normativos), y las que buscan atacar puntos de fricción históricos como la informalidad y la seguridad en las vías.
- Control y legalidad. Se habilitaron mesas permanentes con la Supertransporte para atender denuncias sobre empresas que evaden los requisitos del sistema SICETAC.
- Capacitación masiva. Se lanzó un programa nacional de formación para agentes de tránsito y actores del sector. Ya van 620 agentes capacitados y más de 15.000 beneficiarios en jornadas virtuales y presenciales.
- Observatorio de Carga. Se reactivó el Observatorio, con sesiones periódicas para revisar normas, medir desempeño del sector y mantener un espacio técnico de análisis permanente.
- Infraestructura y seguridad vial. El Viceministerio de Infraestructura retomó la mesa especializada, con avances coordinados con Invías en corredores nacionales prioritarios.
- Seguridad en las vías. En coordinación con el Ministerio de Defensa y la Ditra, se intensificó la vigilancia en puntos críticos y se realizaron mesas regionales en Pasto, Cali y Medellín.
- Actualización normativa. Ya se cerró la cuarta versión del proyecto que modifica el capítulo de carga del Decreto 1079 de 2015. Tras revisión de la SIC, pasará a la Presidencia para su expedición final.
- Trabajo digno y decente. Se proyecta un nuevo Conpes en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para avanzar en la formalización laboral, seguridad social y regulación de jornadas, conforme al Decreto 1527 de 2024.
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Pero los gremios más críticos, como Fedetranscarga, Colfecar, la ACC o Aditt, le contaron a El Espectador a mediados de julio que buena parte de los acuerdos firmados tras el paro camionero de septiembre de 2024 no se han cumplido, y los avances más visibles son, según sus palabras, “cosméticos”.
Este diario reveló que tres demandas concentran el malestar estructural del sector: ACPM, formalización y el incumplimiento de compromisos.
Sobre el precio del diésel, la propuesta gubernamental de establecer un diferencial entre vehículos particulares y de carga —para mantener subsidios al transporte pesado— no solo sigue sin aplicación, ya que sigue en borrador, sino que ha sido cuestionada por su inviabilidad logística y el riesgo de fomentar mercados paralelos.
En cuanto a la fórmula del precio del ACPM, la llamada “Fórmula Colombia” propuesta por los gremios —que pide desligar el precio del valor internacional y reconocer costos internos de producción— no ha sido debatida formalmente en mesa técnica desde hace más de siete meses, pese a estar pactado desde septiembre.
En este punto, el Gobierno ha promovido un desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), en que ya equilibró el precio de la gasolina y sigue sin tocar el ACPM para carga. Este fondo ha drenado $80 billones del bolsillo público desde 2021.
Sin embargo, es “intocable” ajustar el ACPM para este sector en tanto a diálogos pendientes con los gremios, según los acuerdos firmados.
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Por otro lado, el artículo que buscaba abrir un camino regulado hacia la formalización laboral de conductores fue eliminado de la reforma laboral aprobada este año. La discusión no fue zanjada, solo postergada.
Y aunque el Ministerio celebra avances en la modificación del Decreto 1079, desde las agremiaciones aseguran que no hay claridad sobre los cambios ni retroalimentación concreta sobre sus aportes.
De los 15 acuerdos firmados tras el paro de 2024, según la ACC, solo se han cumplido dos: levantar la protesta y no judicializar a sus participantes.
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El problema no es solo técnico
A diferencia de otros sectores, el transporte de carga no es una voz unificada, sino una constelación de intereses, geografías, vehículos y modelos de negocio que muchas veces compiten entre sí. Esto dificulta la implementación rápida de soluciones, pero también revela un vacío: sin una estrategia de integración gremial, ningún acuerdo será del todo representativo, ni duradero.
Y eso ha sido un puntapié en este asunto.
Sin embargo, en algo coinciden casi todos los voceros consultados: el Ministerio ha mantenido un diálogo más activo que en otras administraciones, pero aún no logra convertir esa apertura en resultados estructurales que desactiven el malestar de fondo.
Una hoja de ruta con vigilancia
El Ministerio subraya que los avances no se detendrán en lo normativo, sino que seguirá un seguimiento continuo, expedición regulatoria y más sesiones regionales para mantener el pulso del sector.
Los próximos diálogos serán claves para la expedición de las reformas pendientes, pero sobre todo, para comenzar a ver resultados tangibles en las condiciones laborales y operativas de los transportadores.
El reto que sigue será convertir los acuerdos técnicos en transformaciones estructurales que pongan al transporte de carga en la senda de la formalización, la seguridad vial y la eficiencia logística. Y que, esta vez, el volante del cambio no quede suelto.
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