Subsidios de vivienda por cerca de 1.1 billones de pesos, otorgados a través de Fonvivienda y que buscan favorecer a 83 mil colombianos no se han hecho efectivo y a diciembre del año pasado se encontraban sin legalizar, precisa informe de la Contraloría General
El contralor, Edgardo Maya Villazón, indicó que los subsidios no fueron reclamados o los proyectos respectivos fueron declarados fallidos. “Se trata de una situación grave, complicada, que debe corregirse, sobre todo brindando orientación a los beneficiarios”, dijo.
Los procesos de auditoría adelantados por la Contraloría a Fonvivienda indican que la gestión realizada por esta entidad no ha logrado la oportuna y efectiva materialización del subsidio asignado y que estos recursos, que se mantienen en el Banco Agrario y en fiducias, logren el fin para el cual fueron asignados, remara el informe de prensa de la entidad de control.
El informe reveló que 41.101 subsidios por 567.447 millones de pesos no han sido movilizados; 35.075 subsidios por 392.687 millones de pesos fueron pagados anticipadamente sin legalizar y 7.429 subsidios por 142.214 millones de pesos no han sido cobrados y tales recursos permanecen en fiducias y en el Banco Agrario.
La suma de 1.1 billones de pesos en subsidios no efectivos era incluso más alta, pero como resultado de las últimas auditorías adelantadas por la Contraloría entre 2012 y el primer semestre de 2015, se han recuperado recursos o se han obtenidos beneficios para el patrimonio público hasta por 173.893 millones de pesos.
Maya Villazón llamó de paso la atención por el rezago que muestra el Programa de Vivienda Gratuita, que tiene por objeto garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de familias en condiciones de extrema pobreza, población desplazada por la violencia, afectados por desastres naturales y los que habitan en zonas de riesgo.
Dice que aunque se proyectó otorgar 100.000 viviendas entre 2012 y 2015, a diciembre de 2014 se habían terminado 77.296, que corresponden al 77% de lo propuesto, presentando un rezago del 23%.
En cuanto a la legalización de las viviendas, no se han establecido términos precisos para adelantar este proceso y se evidencia incumplimiento en los cronogramas de ejecución de los proyectos construidos bajo los esquemas públicos y de convenios, dice el informe de prensa.