Era una misa como cualquier otra en la parroquia Santísima Trinidad, de Barranquilla, en una mañana de abril de 2023, poco después de la Semana Santa. Los creyentes, atentos, escuchaban el sermón del padre Luis Enrique Cuervo, pero los asuntos terrenales interrumpieron de golpe la solemnidad del encuentro: los funcionarios de Air-e estaban afuera listos para cortar la luz. Un feligrés se dio cuenta de que la iglesia estaba a punto de quedarse sin energía y corrió al despacho parroquial. Al enterarse de la noticia, Andrés Felipe Cuervo, secretario de la parroquia, fue a la entrada para persuadir a los funcionarios de no frenar la eucaristía. Adentro, el padre, consciente de que algo estaba pasando, decidió continuar.
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Andrés Cuervo explicó a los funcionarios que hacía varios meses que la parroquia había unificado los medidores de energía, ya que antes tenían dos contadores y les llegaban dos recibos. Desde que se había hecho el cambio, la iglesia no recibía factura, aunque él mismo había ido a la empresa para averiguar cuánto tenían que pagar. Hasta ese día, que les iban a cortar la luz en plena misa, asegura el secretario, Air-e no había informado de cuánto era el pago pendiente. La noticia cayó como baldado de agua fría: la deuda superaba los $18′000.000.
Con bingos, festivales gastronómicos y rifas, la parroquia reunió el dinero suficiente para pagar. El problema es que la iglesia hoy, de nuevo, está endeudada con Air-e por más de $4′000.000 por varios meses de consumos estimados. Según Cuervo, les están cobrando por un segundo contador que no tiene acometida desde que se hizo la unificación en 2022. “Es una pelea, por decirlo de alguna manera, entre Air-e y la parroquia. Cada mes nosotros les decimos que, por favor, no nos cobren porque ya estamos pagando en la unificación, pero ellos siempre nos responden que tenemos que pagar. Algunas veces han venido a cortar la luz, pero no pueden porque en ese punto no hay qué cortar”.
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David de la Hoz cuenta que en mayo se dañó el contador del edificio donde vive, pocos meses después de que Air-e lo instalara. Él y su esposa lo reportaron a la empresa por medio de un derecho de petición, pero hasta este mes les hicieron el cambio. El problema, cuenta De la Hoz, es que, según la empresa, ahora deben un saldo de casi $1 millón. Este cobro, asegura, es “injusto” y afecta la economía de su familia.
En un mes normal, pagaban menos de $200.000 en el recibo de la luz, porque siempre ahorran energía. Desde que se dañó el contador les llegaron facturas por más de $400.000, producto de un consumo que estaba estimando la empresa por estrato, que en este caso es cuatro. De la Hoz acudió a la Personería y a la Liga de Usuarios, que le sugirieron pagar el promedio de su recibo en los últimos seis meses, además, le informaron que la empresa no debe hacer estimaciones por más de un período. Aunque ya tiene contador, y espera que los recibos vuelvan a la normalidad, seguirá presentando reclamos ante la empresa y la Superservicios para que anulen la supuesta deuda.
Las quejas de la parroquia Santísima Trinidad y la de David de la Hoz son dos de miles. En entrevista con este diario, Edwin Palma, interventor de Air-e, reconoció que cada mes la empresa recibe entre 20.000 y 22.000 reclamaciones. Las quejas más frecuentes son la instalación de contadores totalizadores y las mediciones estimadas por largos períodos. Palma aseguró que desde su llegada ha escuchado a los usuarios, pues reconoce que hay “ruptura” entre la empresa y las personas a las que prestan servicio.
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La parroquia envió un recurso de queja a la Superintendencia de Servicios Públicos hace un año, pero, según Cuervo, hasta ahora no han recibido respuesta. El Espectador consultó a la entidad desde finales de noviembre para conocer varios datos sobre los reclamos de usuarios de esta empresa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Un informe muestra que el 67 % de las reclamaciones que recibió la Superintendencia de Servicios Públicos en el primer trimestre del año fueron por el servicio de energía. La empresa con más reclamaciones en ese período fue Air-e.
Más allá del montón de quejas por cobros que serían injustificados y problemas con el servicio, están las altas tarifas, que generan un descontento generalizado entre los usuarios del Caribe, tanto los de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e, como los de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, donde presta el servicio Afinia. La llegada del recibo de la luz revuelve el estómago y las manos sudan. Atormenta la fecha de “pago oportuno” porque, ¿de dónde saldrá la plata? No en vano, la región tiene el lema: “Comemos o pagamos la luz”.
“Lo más grave son las tarifas impagables”, afirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe. Datar el inicio de esta crisis no es asunto sencillo, pero para Alarcón hubo un punto de inflexión cuando el Gobierno de Iván Duque decidió dividir en dos el mercado que antes tenía Electricaribe, que también causó estragos en la región, y crear un régimen especial tarifario para el Caribe.
El componente de pérdidas es un punto clave para entender la diferencia entre las tarifas del Caribe y las del resto del país. Un usuario de Bogotá, Cundinamarca o Antioquia debe pagar por la energía que se pierde en las líneas de transporte y los transformadores, pero los usuarios de la costa también asumen las pérdidas no técnicas, que son, básicamente, el robo de energía.
Para dimensionar el problema son útiles estos datos públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos: en el segundo trimestre de este año la factura promedio para un usuario de estrato 3 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $330.612, para uno de EPM (Antioquia) fue $358.501. En contraste, para uno de Afinia fue de $844.253 y para uno de Air-e de $809.453.
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En este tema también entra la opción tarifaria, mecanismo que se aplicó en pandemia y luego en el llamado pacto tarifario para distribuir en un mayor período los saldos e impedir que la factura aumentara dramáticamente. El gobierno de Gustavo Petro, que tiene como objetivo bajar las tarifas, prometió asumir esa deuda para los estratos 1, 2 y 3, pero el proyecto en el que incluía esa medida, la ley de financiamiento, se hundió la semana pasada en el Congreso. Ahora ese compromiso está en veremos.
Otro tema a considerar es el componente de generación. A los usuarios de Air-e, particularmente, les ha jugado en contra la alta exposición de la empresa en la bolsa de energía (más del 50 %), en especial en momentos críticos para el sistema, como el fenómeno de El Niño, en los que los precios suben. En estos casos, la energía que se consigue en la bolsa es, casi por definición, más cara que la que se podría haber negociado mediante contratos a largo plazo.
En octubre, según datos de Air-e, más del 50 % de sus compras de energía se realizaron a un precio promedio en bolsa de $1.530 por kilovatio/hora, “un costo tres veces superior al precio promedio de $313 kilovatio/hora, que podría obtenerse mediante contratos directos con las generadoras”.
De hecho, el pasado 30 de noviembre Air-e informó a sus usuarios que, por esos altos costos de generación, verían un incremento del 6 % en la factura de diciembre. Como explicó Palma a este diario, para poder establecer contratos bilaterales, que permiten precios más eficientes, se necesitan garantías financieras y, por la difícil situación económica de la empresa, ni los bancos ni las aseguradoras están respaldando la compra. Este jueves se supo que la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías aprobó un esquema para respaldar las operaciones de compra de la empresa, decisión que podría mejorar el panorama.
La situación de Air-e es tan crítica, que se está viendo en aprietos para pagarles la energía a los generadores. Por una decisión del Ministerio de Minas y Energía, los generadores no pueden limitar el suministro a las empresas intervenidas; entonces, por ahora, no hay riesgo de racionamiento, pero la deuda sí se está acumulando. “Esperamos que los precios de bolsa bajen, que la deuda no se acumule en grandes cantidades y que sea sostenible en el tiempo para poder llevar a la compañía a un punto de equilibrio”, dijo Palma.
Air-e, intervenida, les pide a los usuarios pagar las deudas, que ya suman más de $4,7 billones, $90.000 millones corresponden al sector público; mientras los usuarios le piden a la empresa mejorar el servicio. Los robos de energía, que implican pérdidas por $1.600 millones diarios, también son un lastre para las finanzas de una compañía que está en crisis.
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Entre las peticiones de la Liga de Usuarios está que la intervención de Air-e sea con el fin de liquidarla, que el Gobierno administre esta empresa, porque es la que “tiene músculo financiero”, que se desarrolle una auditoria forense; que la compra de energía sea con contratos a largo plazo, eliminar la sobretasa del 20 % a la comercialización de energía, modernizar la infraestructura y tumbar el régimen especial tarifario.
Alarcón señala que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía deben cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Atlántico, que pidió en agosto, entre otras cosas, adelantar las actuaciones administrativas para expedir, de acuerdo con la normatividad vigente, un acto administrativo que modifique las resoluciones con las que se creó el régimen especial para el Caribe o cualquier acto administrativo para reducir las tarifas en la región.
La liga, además, pidió que Air-e respete la leyen atención a sus usuarios. “La empresa ha violado el debido proceso desde que llegó en plena pandemia: hacen cobros estimados en más de una ocasión, que es ilegal; cortan el servicio sin notificar y sin considerar a las personas que tienen protección constitucional y vienen instalando medidores inteligentes que quieren volver obligatorios”, dijo Alarcón.
El 12 de enero, el interventor Palma entregará a la Superservicios el informe de lo que encontró en Air-e, para que la entidad decida el futuro de la comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Una decisión que afectará de cerca a 1,3 millones de usuarios.
Para resolver el problema del Caribe no hay un camino sencillo; por el contrario, el terreno tiene arenas movedizas y hasta cocodrilos. Bajar las tarifas por el bien de la comunidad, pero sin pasar por encima de criterios técnicos es uno de los muchos retos. La esperanza es que algún día, ojalá no muy lejano, las facturas no pongan en jaque las finanzas de las familias en Barranquilla, o en cualquier zona del Caribe. Que la vida no se escape poniendo quejas y pensando cómo pagar el recibo de la luz.
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