Si usted le ha seguido la pista a la crisis desatada esta semana por la decisión de la firma Standard and Poor’s (S&P), de rebajar la calificación de la deuda de los Estados Unidos, haría bien en hacer un breve ejercicio. Ingrese a la página http://www.fec.gov/finance/disclosure/norindsea.shtml, sitio en el que se registran los donantes a las campañas federales de los políticos norteamericanos. Una vez allí, escriba el nombre McGraw III, Harold, presidente de la firma calificadora que, por primera vez en la historia, dejó a la inmaculada deuda norteamericana sin sus tres “A”.
Se dará cuenta de que el señor McGraw III, heredero del imperio editorial McGraw Hill (dueños, por cierto, de S&P), ha donado dinero durante estos diez años a dos importantes políticos republicanos de este país. El primero, John A. Boehner, presidente de la Cámara de Representantes y figura clave en la fatigada y casi trágica negociación en el Congreso de los Estados Unidos para subir el techo de la deuda y evitar así default en sus pagos. El segundo, Mitt Romney, precandidato presidencial, también republicano, quien puntea en las encuestas para liderar la lucha de su partido por sacar al presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
El descubrimiento de la evidente cercanía del presidente de Standard and Poors a dos conspicuos militantes del Partido Republicano, en momentos en que la agencia que preside tomaba una decisión que lastimaba severamente la imagen de la administración de Barack Obama, dejó entrever esta semana el complejo papel político desempeñado por las calificadoras de riesgo en los Estados Unidos.
Fue de hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, horas después de comunicada la noticia, el que hizo públicas las sospechas de que la firma S&P habría decidido degradar la calificación de la deuda basado en juicios extratécnicos y políticamente motivados.
En un extenso artículo publicado en su página de internet tras el anuncio de la degradación, el Departamento del Tesoro denunció que un día antes los expertos de S&P habían compartido su análisis con sus funcionarios y que éstos se dieron rápidamente cuenta de que el informe contenía un grave error: los analistas de S&P habían equivocadamente incrementado en dos trillones de dólares la suma total del endeudamiento del país en los próximos diez años.
Según reportó esta semana el diario Wall Street Journal, el Tesoro estadounidense pidió con urgencia a sus pares en S&P revisar la cifra y abstenerse de rebajar la calificación, hasta que el asunto fuera analizado con las cifras reales.
Sin embargo, un día después, la agencia de McGraw III anunció la ya célebre rebaja, sin hacer mayores correcciones al informe. Tan sólo se limitó a eliminar la cifra equivocada. La acción y la omisión enfurecieron a los demócratas. “La magnitud de su error”, dijo enfurecido Gene Sperling, jefe del Consejo de Asesores de la Casa Blanca, “combinado con su disposición a simplemente cambiar su argumentación al instante, una vez se les señaló su error, es algo abrumador… S&P comenzó con una conclusión y luego les dio la vuelta a sus argumentos para que se ajustaran a ella”.
En medio de las críticas, que llovían desde las tribunas de reputados economistas como Paul Krugman, columnista de The New York Times, y los escritorios de importantes magnates, como Warren Buffett, los políticos republicanos salieron en defensa de la agencia. “Entiendo que el Tesoro de Estados Unidos esté argumentando que fue el error de los dos trillones de dólares lo que contribuyó a que S&P rebajara la calificación. Ahora, además de culpar al presidente de Bush por todos sus problemas, la Casa Blanca quiere culpar a S&P, pero esta vez Obama tendrá que ponerle la cara a esto”, declaró el exsenador republicano Rick Santorum.
De repente la nueva doble “A” de la deuda de Estados Unidos se había convertido en el último pretexto para que los republicanos arremetieran contra las políticas económicas de Obama, entre ellos Mit Romney, quien consideró que la política de Obama era “la responsable del desequilibrio de las hojas de cálculo (de Estados Unidos)”.
Una larga carrera hacia el descrédito
Paralela a esta discusión, S&P protagonizaba otra dura lucha política en el corazón de Washington, mucho menos conocida, pero quizá determinante para lo ocurrido esta semana.
Desde su fundación a mediados del siglo XIX —cuando Henry Varnum Poor comenzó a calificar la solidez financiera de las empresas ferroviarias en el oeste de Estados Unidos— Standard and Poor’s y sus dos competidoras, Moody’s (fundada por John Moody en 1907) y Fitch (fundada en 1913 por John Knowles Fitch) fueron una trinidad intocable del capitalismo internacional.
Primero calificaron empresas y después, tras la popularización de la venta de bonos de deuda pública por parte de los Estados, procedieron a calificar países. Rápidamente se volvieron imprescindibles para ambos lados de la ecuación: los Estados y las empresas los necesitan, pues sus calificaciones han sido determinantes para atraer capital a sus arcas y los inversionistas los consideran imprescindibles, pues sus mediciones aparentemente técnicas minimizan las fatalidades de sus decisiones.
Y todo marchó perfectamente hasta que llegó la crisis de septiembre de 2008: entonces colapsó el Banco Lehman Brothers, también FannieMae, y los bonos basura amparados en hipotecas se reventaron, desatando una reacción en cadena en el sistema financiero de todo el planeta. En medio de tanta catástrofe —que a excepción de uno que otro economista, nadie había previsto— uno que otro se preguntó por qué las calificadoras de riesgo no habían dado la alerta sobre la catástrofe. ¿No era, al fin y al cabo, su trabajo?
Lehman Brothers y muchos de los paquetes tóxicos que generaron la crisis de 2008 habían sido calificados con la triple “A” por Standard and Poor’s, días antes de que se derrumbara todo el sistema.
A este error le seguiría la vergüenza de Islandia, que se declaró en bancarrota días después de haber sido declarada “A-” por Standard and Poor’s, “con capacidad fuerte para cumplir sus compromisos”.
La crisis de legitimidad de todo el modelo financiero —que en gran parte llevó a Barack Obama al poder y le generó decenas de demandas a S&P y a las otras calificadoras— produjo un cambio en las políticas de la Casa Blanca. Punta de lanza de esta nueva actitud fue la Ley Dod-Frank, impulsada por los demócratas en 2010, cuando aún dominaban ambas cámaras del Congreso y en el que se incluían provisiones para ampliar la responsabilidad ante los ciudadanos de las agencias calificadoras y los juicios que emitían sobre la salud de la compañía y los Estados.
Cuatro meses después de que Barack Obama firmara la Ley Dod-Frank, también conocida como Ley de Reforma de Wall Street, S&P emitió la primera amenaza de degradación en la calificación norteamericana. En su comunicado, la agencia criticaba los programas de salud y pensiones del presidente (de nuevo, un tono eminentemente republicano) y los tildaba de inviables a largo plazo (nada decía el comunicado de elevar los impuestos a los más ricos, solución que ha pretendido infructuosamente Obama para reducir el déficit).
Entre tanto, en abril de este año, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), amparada en un Informe del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado que aseguraba que las calificadoras habían sido una “causa clave” de la crisis de 2008, emprendió la tarea de la Ley Dod-Frank, para poner en cintura a las calificadoras y evitar que guiaran el juicio de los inversionistas sin ningún tipo de responsabilidad legal, como había ocurrido en la última crisis. La dinámica en Washington entró entonces en un círculo vicioso. Entre más intentaba la SEC avanzar en la reglamentación de la Ley de Reforma de Wall Street, más se intensificaban las amenazas de S&P de reducir la calificación de la deuda norteamericana. Finalmente, tras varias reuniones y llamadas cruzadas entre miembros de la agencia calificadora, funcionarios del gobierno y congresistas republicanos, que comenzaron a orquestar una enmienda a la Ley de Reforma de Wall Street, el panel de Servicios Financieros de la hoy republicana Cámara de Representantes, eliminó en una votación 31-21 los mecanismos de responsabilidad para las calificadoras de la Ley de Reforma a Wall Street.
El representante demócrata Barney Frank protestó en ese momento: “Enviar el mensaje acá que queremos reducir la responsabilidad de las agencias calificadoras es tan cabeza dura como nosotros mismos”.
¿Quiso S&P sabotear la Ley de Wall Street? ¿Cómo lo logró? ¿Tiene relación este hecho con la manera oportunista en la que los republicanos aprovecharon la degradación de Estados Unidos para hacer campaña contra Barack Obama?
El malestar de la Casa Blanca ante la negativa de S&P de corregir su decisión pese al trillonario error en sus cálculos, sugiere que, al menos en el lado demócrata de Washington no creyeron en que la decisión de la calificadora se basó en criterios eminentemente técnicos. Tampoco lo creen muchos ministros y especialistas en el mundo. Columnas de opinión y declaraciones de oficiales parecen repetir constantemente las opiniones que Pier Paolo Pad, economista jefe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, expresó esta semana: “(Las calificadoras) no transmiten informaciones. Emiten juicios de valor que entrañan una aceleración de tendencias ya en curso. Las agencias agravan la crisis. Es como empujar a alguien que está al borde del abismo”.
Estocada a la calificación de EE.UU.
El pasado viernes 5 de agosto la calificación del crédito de Estados Unidos se redujo por primera vez en la historia. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s anunció su decisión de degradar la nota de “AAA” a “AA+” y los argumentos para esta decisión fueron la deuda creciente de este país, el déficit fiscal del gobierno estadounidense y la deficiencia en el establecimiento.
Pese a los intentos para impedir la decisión, la calificadora no quiso ceder. Standard & Poor’s manifestó también que si EE.UU. no toma los correctivos necesarios en los próximos dos años, puede degradar la calificación a “AA”. La decisión de S&P generó inestabilidad en los mercados del mundo en lo corrido de la semana pasada.