La discusión sobre el decreto del “salario vital” sigue al rojo vivo. El 29 de diciembre, el Gobierno tomó una de las decisiones económicas más ambiciosas y controversiales del cuatrenio: decretó un aumento del 23 % para el mínimo de 2026.
El nuevo piso quedó en COP 1.750.905, o COP 2.000.000 con auxilio de transporte. En la economía real, abre una discusión frente a quién puede pagarla, quién no y cómo se ajusta el mercado laboral cuando el aumento va muy por delante de la productividad y la inflación, por un cambio en la metodología propuesta por la Organización Internacional del Trabajo.
Un informe reciente de ANIF, uno de los centros de análisis económico más influyentes del país, explica que este cambio “persigue la estimación de un monto suficiente para cubrir necesidades esenciales como alimentación, educación, transporte y vestuario, entre otras”.
Cuestionó que no se utilizara el mismo método para calcular la línea de pobreza, pero “sí un documento que no fue lo suficientemente socializado y que genera preguntas metodológicas”. El resultado fue un salto que superó tanto la propuesta empresarial (7,2 %) como la sindical (16 %). Un aumento que no tiene precedentes recientes en Colombia fuera de contextos de crisis extrema.
“A pesar de las buenas intenciones del gobierno con el incremento—disminuir la pobreza y la pobreza extrema—, esta decisión no contempló adecuadamente la estructura del mercado laboral colombiano”, advierte el centro de pensamiento. La alta informalidad y el cúmulo de micro y pequeños negocios sin suficiente capacidad financiera serían los protagonistas de los efectos adversos.
Ciertamente se trata del mayor porcentaje del siglo. El que más se le acerca fue el de 2023, que estuvo en 16 %, con la diferencia de que para entonces la inflación cerró 2022 en 13,12 %, mientras que en 2025 fue del 5,3 %.
Si se mira más hacia atrás, hasta 1984, se tiene registro de alzas superiores. La mayor se dio en 1989, pues fue del 27 %, le siguieron 1991 y 1992 con el 26,1 %. Entonces si se mira solo el porcentaje, el de 2026 no es el mayor de la historia.
La experiencia internacional
Colombia no es el primer país que recurre a aumentos fuertes del salario mínimo al final de un periodo presidencial. México, Brasil y España lo hicieron antes. Los primeros resultados, en apariencia, fueron positivos: menos desempleo.
El detalle, sin embargo, está en la letra pequeña. En México, tras años de aumentos de dos dígitos, creció con fuerza la proporción de trabajadores que ganan exactamente un salario mínimo, mientras se redujo la de quienes ganan entre uno y tres mínimos. Es lo que los economistas llaman compresión salarial: la escalera se aplana y más gente queda atrapada en el primer peldaño.
En Brasil y España ocurrió algo similar, con un matiz adicional: menos personas buscando trabajo, porque el salario mínimo se volvió una barrera de entrada para ciertos sectores y perfiles.
“El crecimiento del empleo asalariado (en Brasil) muestra una desaceleración preocupante: pasó de 8,8 % en 2022 a 4,2 % en 2023 y 2,7 % en 2024″, detalla el informe.
El problema colombiano: informalidad y músculo financiero limitado
Aquí el contexto es más frágil. Colombia tiene un mercado laboral marcado por la informalidad (55,4 %) y por empresas pequeñas, intensivas en mano de obra y con márgenes estrechos.
En sectores como agricultura, actividades artísticas y alojamiento y servicios de comida, más del 60 % de los trabajadores ya gana menos del salario mínimo, incluso antes del ajuste.
Cuando el piso legal sube tan rápido, muchas empresas no suben salarios: cambian de estrategia. Postergan contrataciones, informalizan vínculos o desplazan trabajadores hacia esquemas por debajo del mínimo.
“En lugar de consolidar mejoras sostenidas en los ingresos laborales, el ajuste salarial puede profundizar la segmentación del mercado de trabajo y debilitar el alcance efectivo de la regulación laboral”, advierte ANIF.
En empresas de entre 6 y 50 trabajadores, cerca del 45 % de los empleados gana entre uno y 1,2 salarios mínimos. Para ellas, el aumento implica un choque directo sobre casi la mitad de su nómina.
Las grandes empresas tienen más margen: productividad, automatización, diversificación. Las pequeñas no. Ahí es donde el salario mínimo deja de ser un piso y empieza a comportarse como un techo.
La jornada laboral y el salario por hora
Desde 2023, Colombia viene reduciendo gradualmente la jornada laboral. Menos horas legales, mismo salario mensual.
ANIF encuentra un fenómeno llamativo: en sectores como educación y alojamiento, las horas trabajadas se mantienen, pero aumenta la proporción de trabajadores que gana menos del mínimo.
Por otra parte, la seguridad privada lo ilustra bien. Según Fedeseguridad, la combinación de salario mínimo, recargos nocturnos, dominicales y reducción de jornada implica un aumento acumulado de 31,7 % en costos laborales entre finales de 2025 y mediados de 2026. El gremio estima una posible pérdida de 15.000 empleos.
Precios al alza
Los sectores más expuestos son los servicios intensivos en mano de obra: restaurantes, transporte, vigilancia, salud privada, peluquerías, cuidado de personas, trabajo doméstico.
ANIF estima que estas presiones llevarán la inflación de 2026 a 5,8 %, por encima del 4,3 % previsto antes del decreto y del 5,1 % observado en 2025.
La paradoja del mínimo
Subir salarios es, en sí mismo, una manera para tumbar muros financieros para millones de hogares. No solo es deseable, sino necesario, a fin de cuentas, para mejorar la calidad de vida. Pero en economías como la colombiana, el salario tiene múltiples variables: productividad, capital humano, tecnología y empresas capaces de absorber costos sin expulsar trabajadores.
Según ANIF, la evidencia internacional y local apunta a la misma dirección. Aumentos muy altos del salario mínimo tienden a aplanar salarios, desalentar la búsqueda de empleo formal y presionar la inflación.
El pesimismo de los analistas se verá en el futuro cercano.
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