Al tiempo que los funcionarios revelaron un nuevo índice de precios al consumidor, luego de ser acusados de manipular las estadísticas de inflación desde 2007, los economistas que eran críticos de las cifras anteriores afirmaron que éste nuevo índice sí era creíble.
La maniobra podría ayudarle a Argentina a reparar sus pobres relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que el año pasado amenazó con sacar al país de la institución a causa de sus dudosas estadísticas. También podría anunciar el fin de su exclusión de los mercados de capital, desde que cesó pagos sobre su deuda privada de US$80.000 millones en el 2001.
Los economistas privados han publicado cifras de inflación que contradicen a las oficiales. La mayoría de los analistas independientes estiman que la inflación fue de 25% a 30% en el 2013, en comparación con el 10,9% que publica la agencia nacional de estadística, el Indec.
La publicación del nuevo índice de inflación es la prueba más reciente de un aparente regreso a la ortodoxia por parte del gobierno, que tradicionalmente ha preferido herramientas más heterodoxas.
En enero, el gobierno implementó la devaluación más grande de la moneda argentina desde la crisis económica de 2001 – 2002, al tiempo que intentaba detener una caída alarmante en las reservas internacionales, que se han reducido a la mitad durante los últimos tres años, y llegaron a menos de US$28.000 millones.
Además de permitir que el peso cayera por casi 20% con respecto al dólar en enero, otras medidas ortodoxas incluyen un reciente y significativo aumento en las tasas de interés y la reprivatización de la mayoría del sistema de trenes de cercanías para Buenos Aires durante esta semana, que no podía pagar sus cuentas.
El gobierno está en negociaciones para compensar con hasta US$5.000 millones a la empresa Repsol de España, luego de haber nacionalizado a sus activos. En ese momento, Kicillof prometió “no pagar ni un centavo”.