A partir del 1 de enero de 2012, los 700 municipios más pobres del país recibirán del Fondo de Compensación Regional (derivado de las regalías minero-energéticas) $420.000 millones anuales. Sin embargo, estos recursos ya no llegarán directamente a los alcaldes, sino que se otorgarán con base en el concepto de las gobernaciones, del Gobierno y también de la alcaldía de cada población.
Luego de un extenso y controversial debate que duró más de 10 horas entre el jueves y ayer en el Senado y la Cámara, en el cual el proyecto casi se hunde en ocho ocasiones, se aprobó la reglamentación de esta iniciativa, que busca redistribuir en los próximos años las regalías entre municipios productores y no productores.
Al término del debate, que concluyó a las 4:30 a.m. de ayer, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, explicó que tras haber negociado con los alcaldes una mayor porción del Fondo de Compensación Regional, se definió que de este monto el 30% irá para los 700 municipios más pobres del país y 10% más para los entes territoriales restantes.
Explicó que el próximo año se repartirán sobre la “tostada nacional” $8,7 billones, distribuidos así: 10% para pensiones; 10% para ciencia y tecnología; 30% se destinará a ahorro; 2% irá al funcionamiento del nuevo sistema de regalías; 2% para fiscalización minero-energética; 1% para el sistema de monitoreo y control; 14,4% va al Fondo de Desarrollo Regional; 21,6 para el Fondo de Compensación Regional y 9% a los municipios productores y portuarios.
Al no haber llegado todavía a la conciliación del proyecto aprobado, Echeverry dijo que el próximo martes se hará este paso escogiendo los artículos de cada cámara. “No queremos citar a sesiones extras en Navidad. Ese texto podemos aprobarlo por decreto y que las plenarias lo voten en marzo del próximo año”.
Desde enero del otro año entrará en vigencia este decreto-ley provisional, que estará vigente hasta el tercer mes de 2012. Echeverry agregó que la iniciativa puede tener cambios “en la medida en que no quedó cerrada la vigencia en Senado y Cámara. Si se descubre un error, se puede corregir”.
A su vez, el senador José David Name —coordinador ponente de este acto legislativo— contó que dentro de las modificaciones que sufrió el proyecto se incluyó el departamento del Quindío en el Fondo de Compensación Regional. Agregó que el presupuesto del próximo año “va a ser con dictadura fiscal, porque así lo prevé la reforma constitucional”. Calculó que puede pasar de $6 billones y explicó que “se habla de $8,7 billones, porque el Gobierno tiene que preparar ese presupuesto”.
Name no descartó que el monto anterior aumente el próximo año debido a la posibilidad de alcanzar un millón de barriles de crudo diarios este año y al incremento en la producción de carbón.
Entre tanto, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, aseveró que con la aprobación de este proyecto se elimina la autonomía de los alcaldes del país, quienes no podrán acceder directamente a los recursos para ejecutarlos en sus planes de gobierno.
“Por las limitaciones que hay para acceder a recursos de impacto local, lo que está claro es que se van a financiar las obras regionales de más interés del Gobierno”, dijo el dirigente, quien señaló que si la reforma era para financiar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014) y ejecutar grandes megaproyectos “había que decirle al país con claridad, pese a que a las entidades territoriales no nos iba a gustar”.