Esta semana, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, lideró mesas de trabajo con diferentes agremiaciones de transporte de carga. Varios se oponen al incremento de precios en los peajes y se declararon en asamblea permanente a principios de mes.
Los transportadores reclaman que hoy hay 177 puntos de cobro en las vías y calculan que la instalación de nuevas casetas en los últimos 7 años ha tenido un crecimiento cercano al 55 %. Además, señalan que varios de esos peajes están por encima del Índice de precios al consumidor (IPC) y en algunos casos, el paso por las casetas es tan costoso que supera los gastos en combustible.
Sobre los peajes de las vías concesionadas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que cuando inició esta administración ya había 29 contratos de concesión firmados entre 2014 y 2017, pertenecientes al programa de Cuarta Generación de Concesiones (4G). Dichos contratos ya tenían fijados los montos y los momentos de incremento de los peajes.
“Son iniciativas que estaban así y que por lo tanto este Gobierno tiene la obligación de honrar, pues son compromisos de Estado. En esa medida, tenemos una mesa de trabajo permanente con la ANI para que se busquen alternativas -siempre dentro del marco de la legalidad- para mitigar los impactos”, puntualizó Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
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La cartera aseguró que se encuentra trabajando en los casos puntuales en los que el costo del peaje supera la inflación. Por ejemplo, en los tres peajes que existen en la vía Bogotá-Villavicencio, el incremento en la tarifa fue suspendido, y se estima que cuando finalmente se haga, solamente será del 3 % y no del 7,8 %. Este porcentaje se acordó luego de la realización de diferentes mesas de trabajo en las que participaron autoridades gubernamentales, municipales y la bancada parlamentaria.
Por otro lado, en el peaje de La Pintada (Antioquia), parte del proyecto Pacífico 2, los incrementos previstos fueron suspendidos de manera transitoria, sin afectar el equilibrio económico del contrato de concesión, y con el objeto de atender las observaciones de la comunidad y el sector transportador, dijo el ministerio.
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En los otros tres peajes donde se presentó un aumento superior al IPC (Calamar, en el proyecto Puerta de Hierro-Cruz del Viso; Machetá, en la autopista Transversal del Sisga, y Lizama, en el corredor Bucaramanga-Barranca-Yondó) se establecieron tarifas diferenciales para los residentes en las áreas de influencia de los proyectos. Esto también se definió para la nueva estación de peaje Armero, ubicada en el Líbano (Tolima), y que pertenece al proyecto 4G Cambao – Manizales.
La cartera insistió en que no tiene injerencia en los peajes que están instalando algunos municipios y departamentos. Sin embargo, se comprometió a servir como articulador para los acercamientos entre las autoridades regionales y el sector.
Fortalecer el Programa de Modernización del Parque Automotor
En el marco de estos diálogos, el Gobierno anunció que se van a ampliar las veedurías ciudadanas establecidas en las regiones para que órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría acompañen a los gremios y revisen el avance de los proyectos. En esa línea, también invitó a las agremiaciones a vincularse a dichas veedurías.
De igual forma, la ministra Orozco indicó que está trabajando en acelerar los procesos del Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga, que se vio afectado por la pandemia y fue tildado de “inoperable” por las asociaciones de transportadores.
“La meta del Gobierno nacional en esta materia es fortalecer y consolidar este programa para un sector que siempre ha mostrado su disposición de trabajar por el país, como es el de los transportadores de carga”, afirmó Orozco.
También aseguró que el objetivo será dinamizar el programa en diferentes regiones del país y continuar entregando opciones a los transportadores para modernizar sus vehículos con incentivos como el IVA CREI.
Otro anuncio fue la intensificación de los operativos en vía por parte de la Superintendencia de Transporte, en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), para combatir el transporte ilegal, respaldar el legal y continuar con las investigaciones de vehículos de carga mal matriculados.
El próximo lunes podría iniciar una movilización pacífica camionera en las principales ciudades del país en caso de que el Gobierno y los transportadores no lleguen a un acuerdo sobre el precio de los peajes, un rubro que normalmente representa el 45 % de los costos del transporte de carga por carretera, de acuerdo con el DANE.