A las 12:15 de la mañana el silencio en La Guajira fue interrumpido por una explosión. Hombres armados ingresaron al peaje Alto Pino, en la vía Maicao-Riohacha, instalaron una caja explosiva y se marcharon. La carga dejó dos fallecidos.
Las víctimas fueron la jefe de peajes y el inspector de grúas, quienes se encontraban trabajando en sus turnos habituales. Cumplían su labor, como cualquier noche. Murieron en su puesto.
“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas del lamentable hecho ocurrido en el peaje Alto Pino, en La Guajira. Desde el sector Transporte rechazamos cualquier forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad en nuestras vías”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
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Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), los atacantes dejaron una bandera con grafitis del ELN. Así lo confirmó la general Susana Blanco, directora de la entidad.
Aseguró que fue “un explosivo instalado en un vehículo particular” en lo que sería un “ataque terrorista”.
El ataque golpeó a una de las arterias estratégicas: el corredor vial Santa Marta-Paraguachón, una ruta clave que conecta a Colombia con Venezuela. Desde hace meses, la ANI había denunciado irregularidades en esta vía: usuarios evadiendo el peaje por caminos improvisados, generando caos y debilitando el modelo de financiamiento.
“Desde la ANI enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con los equipos de trabajo que día a día prestan este servicio en las vías del país”, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres.
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En esta calzada entre Santa Marta y Paraguachón, de 285,7 kilómetros, circulan más de 100.000 usuarios que, según la entidad, burlaban el peaje Alto Pino. Los efectos le costaron más de $1.300 millones al Estado, que debía pagárselos a la concesionaria afectada.
Así, el atentado parece dirigido no solo contra el cobro del peaje, sino contra la presencia del Estado en una región históricamente permeada por la informalidad.
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“Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer estos hechos, que habrían sido perpetrados por grupos armados ilegales”, afirmó la ANI.
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