La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, continúo liderando el diálogo con el sector transportador, evaluando las observaciones recibidas tras la firma del acta de compromisos del pasado 6 de septiembre de 2024.
Estos encuentros buscan establecer soluciones equilibradas para mejorar las condiciones laborales y operativas de los transportadores, además de fortalecer la estructura normativa del sector.
Ahora, ¿cómo va el desarrollo de los diálogos? Uno de los avances destacados es la formalización del acuerdo con la nueva fiducia que administrará los recursos del Fopat.
Este fondo, dividido en subcuentas específicas, está diseñado para beneficiar diferentes categorías de vehículos, entre ellas:
- Taxis.
- Transporte público de pasajeros.
- Vehículos livianos.
- Volquetas.
- Carga pesada.
Este mecanismo permitirá financiar la transición tecnológica del parque automotor y la mejora de las condiciones de trabajo de los transportadores.
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Observaciones al proyecto de decreto de carga
En la mesa pasada, el Ministerio desarrolló un borrador para modificar el Decreto 1079 de 2015, que regula la actividad económica del sector transporte para incluir:
- Reposición uno a uno de vehículos de carga de más de 7,5 toneladas y aportar 5 % del valor de la factura antes de IVA al fondo. Se registraron 86 observaciones.
- Reducir el capital mínimo requerido para empresas de transporte con pequeños transportadores (máximo tres vehículos) de 1.000 a 250 salarios mínimos legales vigentes (MMLV). Recibió 44 observaciones.
En total, se recibieron 373 observaciones, que revisarán y evaluarán para mejorar la propuesta inicial, incluyendo cambios en los cobros.
Precisamente, en cuanto al sistema de fletes, conocido como SICE-TAC, se detalló que contaría con un rastreado de pagos para tener un “verdadero control”, una especie de “precio de referencia” obligatorio que deberán pagar las empresas al propietario.
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La propuesta recibió 75 observaciones, en la que se busca mayor claridad en el concepto del flete y términos logísticos como arribo y valor a pagar.
Por otro lado, se sumaron 38 observaciones para reforzar el documento de manifiesto de carga y sus mecanismos de control.
Finalmente, 41 observaciones que plantean mejorar el Registro Nacional de Despachos de carga (RNDC) para robustecer su funcionamiento.
Derechos de los transportadores
El Gobierno reafirmó que la prioridad es dignificar la vida de los transportadores, garantizando:
- Condiciones laborales más seguras.
- Regulación que fomente la formalización.
- Normativas claras y ajustadas a las realidades del sector.
Las propuestas seleccionadas y las razones para rechazar las no viables serán socializadas en los próximos días, cumpliendo con el compromiso de transparencia en el proceso.
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La negociación del paro camionero
El debate sobre el precio del diésel, uno de los temas más álgidos durante el paro de transportadores de septiembre, quedó aplazado hasta 2025 tras las conversaciones entre el Gobierno y los gremios. Aunque estas negociaciones permitieron restablecer la movilidad en las carreteras del país y reactivar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, el ajuste al precio del diésel solo se materializará en dos incrementos de $400: uno el 7 de septiembre y otro el próximo 1 de diciembre.
El Gobierno había contemplado un aumento de $1.904 por galón, como parte de su estrategia para eliminar los subsidios al diésel y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, tras el acuerdo con los transportadores, se pactó una subida menor, lo que deja la pregunta de si estos incrementos de $800 serán suficientes para aliviar la presión sobre el fondo y mejorar la situación fiscal del país.
Según un informe del grupo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, aunque la conclusión del paro tuvo un efecto positivo sobre la inflación y la actividad productiva, los aumentos acordados no serán suficientes para corregir el déficit del FEPC. “El ajuste gradual acentuará los problemas fiscales, ya que el fondo asumirá una mayor deuda”, advierte el análisis.
Con el ajuste de $800 programado para este año, el precio del diésel seguirá siendo subsidiado, y aún quedaría un aumento pendiente de $5.200 para equilibrar los costos. Según el Banco de Bogotá, la eliminación del incremento único de $1.904 y su reemplazo por un aumento gradual en dos etapas generará un gasto adicional de $1,1 billones para el Gobierno, prolongando el impacto sobre las finanzas públicas.
De esta forma, el aplazamiento de los ajustes al diésel podría aliviar momentáneamente la tensión con los gremios transportadores, pero no resuelve el desafío de fondo que enfrenta el país en materia de sostenibilidad fiscal y ajuste de los precios de los combustibles.
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