En máximo dos semanas podría ponerse punto final al conflicto entre el Ministerio de Protección Social y las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) por los llamados recobros de medicamentos y procedimientos, el cual compromete una deuda por $800 mil millones que el Gobierno tiene con las EPS.
A esa conclusión se llegó al término de un encuentro de más de cuatro horas entre representantes de las dos partes, y al que asistió también el contralor general de la República, Julio César Turbay.
Los “recobros” hacen referencia al dinero que las EPS invierten en tratamientos, medicamentos e insumos que están por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) y que en teoría debe ser reembolsado por el Fosyga (Fondo de Seguridad y Garantías), que maneja el Gobierno.
El acuerdo que están estudiando consiste en que “el Estado pague las cifras más justas a quienes han prestado los servicios”, dijo Turbay. Esta problemática empezó a agravarse en el año 2002, cuando las tutelas por procedimientos que estaban fuera del POS comenzaron a hacerse más frecuentes y el Gobierno tomó la decisión de que las EPS cubrieran ese vacío.
De los $800 mil millones que están en juego, $300 mil millones corresponden a “los servicios prestados recientemente” y el dinero restante a “pleitos o cifras que no han sido reconocidas en el pasado”.
Al finalizar el encuentro el Contralor de la República aseguró que están a sólo “un paso” de que este conflicto llegue a su fin. “Vamos a reunirnos la próxima semana nuevamente y en unos diez días se le va a dar la buena noticia al país de que la fórmula de arreglo fue aceptada por todas las partes”, dijo Turbay.
Analistas se han pronunciado sobre las graves implicaciones que traería para el sistema de salud no llegar a un acuerdo. Incluso, yendo al fondo del tema, aseguran que con este hueco en sus finanzas muchas EPS podrían entrar en causal de disolución (es decir que sus deudas superen su patrimonio) y la Superintendencia tendría que intervenirlas.
Dentro de las alternativas que se han planteado para solucionar este conflicto está que se establezca un POS dependiendo de los ingresos de las personas, para que quienes tengan más asuman parte de los costos.
Al finalizar la reunión el Contralor fue enfático al afirmar que en menos de dos semanas habrá “humo blanco”. Y sostuvo además que este acuerdo volverá a “fortalecer el sistema de salud”.