Una acción legislativa busca implementar el Gobierno para salvar el proyecto de ley que prohíbe contratar el cobro de impuestos a través de la empresa privada.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, explicó que la conciliación fue archivada por falta de votos necesarios en la Cámara de Representantes, pero que buscará salvar la iniciativa porque es "un proyecto muy importante para el Gobierno", porque deben ser los entes territoriales "quienes ejerzan el principio misional de cobrar los impuestos" y no se los entreguen a los consorcios privados porque la experiencia "ha sido desafortunada".
Recordó el caso de Barranquilla, que fue una de las primeras ciudades en entregar el cobro de los tributos al sector privado y que le costó una suma superior a los $30.000 millones, "que debían estar dedicados a inversión social", dijo el funcionario.
Zuluaga se mostró muy preocupado con lo sucedido en la Cámara, por al parecer, diferencias con algunos directivos de esa corporación.
Es tan grave, el asunto para las finanzas de las regiones, que hasta uno de los más duros contradictores del Gobierno, el senador Camilo Sánchez, se puso del lado del ministro de Hacienda defendiendo el proyecto.
Dijo que durante la conciliación en la Cámara "se valieron de muchas artimañas para hundir ese proyecto, que hizo todo el trámite".
A juicio del senador opositor, la razón del hundimiento de la iniciativa, es por la actuación de una minoría "que está sacando un provecho, que no debe existir".
Anticipó que junto al ministro de Hacienda se va a pedir que se reabra la discusión y se pueda votar nuevamente.
"Vamos a destapar algo que huele muy mal en la Cámara de Representantes", advirtió el senador Camilo Sánchez.