El fondo a través del cual se recaudan los parafiscales de los combustibles y con el cual el Gobierno compensa los incrementos en el mercado internacional con los precios internos de la gasolina, presenta un déficit. Según explicó el ministro de Minas y Energía, Tomás González, dos de cada tres días al año han sido de subsidio, mientras que solamente uno se ha dedicado al ahorro.
Aunque en lo corrido del año, dijo González, se han direccionado cerca de $800.000 millones para estabilizar las tarifas de combustibles, lo cierto es que no se ha logrado establecer a cuánto ascendería el recaudo hecho por este concepto.
El mecanismo de ahorro nuevamente está en el ojo del huracán —fue incluido en la reforma tributaria tramitada hace un año—, luego de que la Corte Constitucional fallara una demanda instaurada por el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien criticó la forma como el Ejecutivo incluyó el tributo en el documento de la reforma sin que hubiera surtido su trámite en la Cámara Alta y la Baja.
Hasta el momento, sin conocimiento del fallo, ambas partes han dado una interpretación de la decisión que no ha permitido identificar si a la reducción de $87 para la gasolina en diciembre y de $124 del ACPM se sumará una de más de $1.000 para el último mes del año.
“El Gobierno siempre acata las decisiones de las cortes. Sin embargo, son las implicaciones las que estamos estudiando. Quiero enfatizar que el pronunciamiento de la Corte va hacia el funcionamiento del ahorro, no al hecho de que se pueda o no cobrar un impuesto a los combustibles. Ustedes saben que con esos impuestos se hace inversión social e infraestructura. Afortunadamente, la Corte revisó el mecanismo de estabilización”, explicó González.
Para Velasco, aunque la Corte Constitucional no ordenó una disminución de las tarifas, lo cierto es que dejó sin piso jurídico una medida tramitada por el Gobierno, primero por decreto y tumbada por el alto tribunal, y en un segundo proceso por considerarla inexequible.
“La Corte no dice que rebajemos el diésel, pero si no hay un elemento jurídico para aprobar la existencia de ese tributo, pues no debería cobrársele al ciudadano. Hoy ese cobro adicional no está fijado por una racionalidad económica sino por una arbitrariedad, y esa plata se la está ganando Ecopetrol injustamente y no se puede trasladar al fondo parafiscal porque no hay ley. Como se la está ganando una empresa mixta, sería mejor que la dejaran en el bolsillo del consumidor”.