Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC y uno de los líderes de la Cruzada Camionera, explica cuáles son los puntos que exacerbaron los ánimos de los transportadores y que los tienen en máxima alerta, pues integrantes de sus bases ya han manifestado la intención de volver a la inmovilización.
¿Cuántos camiones hay en Colombia y qué porción de la economía mueven?
Unos 368.000 vehículos, el 87 % son de transportadores pequeños, naturales; el resto, de empresas, personas jurídicas. 1’500.000 familias, más de 6 millones de personas, son las afectadas por este decreto si se suma toda la cadena de personas que emplea. Manejamos el 7 % del PIB del país.
¿Qué es lo que les alarma del Decreto 1517, publicado el 22 de septiembre por el Mintransporte?
Son varias razones. Primera, que es totalmente inconsulto, no lo colgaron en la página web, no hicieron el debido trámite. Causa malestar porque llevamos dos meses reunidos con el Gobierno en el Observatorio del Transporte de Carga y en el Comité Técnico, y en ninguno de esos escenarios el Gobierno nos contó que iba a sacar este documento. Un decreto que toca directamente los intereses de las familias de los transportadores de carga del país y acaba con la estabilidad patrimonial.
¿Por qué? ¿Qué interpretan ustedes del texto?
En el considerando crean el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga, Runistac. Nunca se lo dijeron al Observatorio ni a la opinión pública. Y si era necesario, es porque el Runt no está funcionando adecuadamente, pero sí se le están haciendo inversiones multimillonarias para que cuantifique, valide y registre todos los vehículos del país. No se conocen los elementos constitutivos de esa nueva herramienta.
¿Y dos…?
En el artículo 1, literal 1, se dice: “Que se ejecute la totalidad de los recursos del Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga”. Le quiero decir que hoy no hay claridad absoluta en los recursos.
¿Por qué?
El documento Conpes 3759 tiene un Confis derivado en donde dijeron que los recursos que se tienen que destinar para la chatarrización están establecidos para todos y cada uno de los años: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Y para los últimos años definió $250.000 millones. Recursos que no se han gastado, nunca se han provisionado. Por ejemplo, para 2014 y 2015, el Confis decía $250.000 millones, pero en 2014 sólo se gastaron $60.000 millones; en 2015 el Gobierno dijo que se habían gastado $90.000 millones, pero terminó gastándose $60.000 millones. Y los $30.000 millones trátelos con vigencias de 2016. Entonces no se ha cumplido, no hay ejecución. Y consultado el Gobierno sobre la destinación de los recursos no ejecutados, nos dijo el secretario de la Presidencia y el mismo ministro de Transporte, que esos recursos irían a 2018 y se ejecutarían en 2019 o los años que fueran necesarios. No hay claridad en el tema de los recursos. Invitamos a la urna de transparencia de la Presidencia de la República para que ponga el ojo sobre el tema de la desintegración, porque el Ministerio de Hacienda no tiene claridad sobre estos recursos. Y en 2016 el Gobierno ha dicho que se han gastado $150.000 millones, pero nos miente.
¿Por qué les miente?
Porque durante varios años hemos hecho entrega de carros; en 2014 y 2015 se gastaron $60.000 millones por año. Y en este 2016, cuando se ha frenado la entrega de carros por cuenta del Gobierno, el programa ha estado suspendido la mayor parte del año, y adicionalmente a los transportadores que entregaron sus carros desde abril no les han pagado un solo peso. Entonces que nos expliquen de dónde sacan que este año se han gastado $150.000 millones. El año en el que menos carros hemos entregado es el mismo en el que ellos reportan más plata se ha pagado. Esas cuentas no dan y es el mismo Gobierno el que tiene que explicar. Lo que le quiero decir es que no hay claridad. Cuando del decreto dice: “Que se ejecute la totalidad de los recursos”, el Gobierno puede salir a ejecutarlos ya y tendríamos que creerle. Pero eso no es garantía. Y segundo punto: que se equilibren las condiciones de oferta y demanda. Hoy tenemos una capacidad instalada para mover 600 millones de toneladas al año y el país produce a duras penas 204 millones. Sobreoferta exagerada.
Cuando se levantó el paro acordaron mantener el uno a uno. ¿Este decreto está cambiando ese panorama?
Cuando usted lee en el decreto: “Una vez se cumpla alguna de las condiciones anteriores” (recursos y oferta y demanda), el Ministerio de Transporte le da apertura definitiva al mercado de vehículos del servicio público destinado al transporte automotor. O sea: no hay claridad en esos dos puntos de los que habla y ya está sentenciando que abrirá definitivamente el mercado. Y lo peor, en el último artículo se dice: “En cualquier caso, dichos recursos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2018”. Otra sentencia. La historia de la desintegración ha demostrado que desde 2008 hasta 2016 nos hemos gastado $560.000 millones, ¿cómo pretende el Gobierno, con el programa cerrado, gastar en dos años $860.000 millones que hay disponibles?
¿Qué pasa si se da esa apertura definitiva al mercado?
Le da un portazo al patrimonio de los transportadores, acaba con el derecho a cupo. Los taxistas tienen cupo, los buseteros también, los de transporte especial. Y nosotros, que también lo tenemos, lo van a tirar por la borda. No les interesa nuestro patrimonio. Lo que hemos construido honradamente.
¿Lo que pasaría con esa fecha del 31 de diciembre de 2018 es que desaparecerían los cupos?
Ese cupo ya no tiene valor. El Gobierno dejaría libre el acceso para cumplirle los requerimientos de países que lo han hecho expreso, como Estados Unidos y México. Están poniendo por encima los compromisos internacionales contra la propiedad democrática de más de 1’500.000 familias.
Entonces, ¿en 2019 se podría ingresar un camión sin necesitar el cupo?
Sí, claro. Muchos de los transportadores son propietarios individuales o grandes empresas, que hemos invertido miles de millones de pesos que llegaron al Estado, que pagamos esas famosas pólizas, de la noche a la mañana vamos a perder ese patrimonio. Si una empresa invirtió $20.000 millones en cupos, de la noche a la mañana el ministro lo deja con $20.000 millones menos de patrimonio. O al transportador individual, que pasó $70 millones, pues se queda sin esos $70 millones.
¿Ustedes se van a reunir con el Ministerio?
Nos citaron a una reunión, pero no vamos a ir porque es una burla sistemática del Gobierno lo que está haciendo. Arbitrariamente quiere desmontar el uno a uno. Sin embargo, no renunciamos al canal de diálogo con el ministro, y lo haremos en determinado momento.
¿Y qué dicen las bases a las que ustedes representan?
Por eso no asistimos a la reunión, porque citamos a las bases a reuniones. La decisión de un paro no la tomamos los dirigentes, las toman las bases. El país está resentido por un paro de 45 días. Generó mucha zozobra en el país para que de manera tan ligera el Ministerio le ponga un palo en la rueda a un acuerdo que debería estar tranquilo y rodando.
¿Se van a ir a paro?
Siempre existe esa posibilidad, porque vemos cómo la Presidencia, la Vicepresidencia, el Ministerio están atropellando a los transportadores, incluso con intereses personales de algunos de ellos. Hay mucho resentimiento de las bases por como el Gobierno trata a los camioneros.