Lo que aparentemente podría ser un acuerdo alcanzado desde hace más de dos años entre los más importantes representantes del negocio del cemento para acomodar los precios de este producto y de esa forma, manipular el mercado, serían las razones de fondo que encontró la Superintendencia de Industria y Comercio para anunciar formalmente cargos en su contra y en la de sus más altos ejecutivos.
De acuerdo con el ente regulador, mediante la Resolución N°49141 del 21 de agosto de 2013, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Cementos Argos, Cemex Colombia, Holcim, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos, “por la presunta infracción a las normas de libre competencia, materializada a través de un presunto acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados entre productores de cemento gris en Colombia, que habría derivado en incrementos sostenidos e injustificados en los precios desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía”.
En la lista de investigados aparecen José Alberto Vélez, expresidente de Cementos Argos; Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos; Ingrid Restrepo Libreros, gerente de negocio masivo de cementos Argos; Adriana María Rodríguez, directora de información comercial de la misma cementera; César Constain Van Reck, expresidente de Cemex; Carlos Jacks presidente de Cemex; Moises Pérez, expresidente ejecutivo de Holcim; Miguel Ángel Ruvalcaba, presidente ejecutivo de Holcim; Jaime Hill, director comercial de Holcim; Gabriel Gutiérrez, gerente de abastecimiento de Holcim; Fidel Cortés, presidente de cementos Tequendama; Carlos Villamizar, director comercial de la misma organización; Fernando de Francisco Reyes, gerente de cementos San Marcos y Mauricio Villalobos, gerente comercial de cementos San Marcos.
A ellos se “les imputa la posible infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y cobro de precios inequitativos, el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 que prohíbe los acuerdos que tengan por objeto o efecto la fijación directa o indirecta de precios, y el numeral 3 del artículo 47 del mismo decreto, que prohíbe los acuerdos que tengan por objeto o efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores”, informó la SIC.
Ya en el año 2005 la misma SIC les había impuesto una sanción por más de $3.000 millones a Cemex, Argos y Holcim por un acuerdo en los precios del producto. Por eso, si en esta ocasión el proceso administrativo termina declarando que existió violación a las normas de libre competencia, “además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, (la SIC) puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, hasta $58.950 millones; y a las personas naturales que colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas violatorias de las normas de la libre competencia, hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $1.179 millones.
Sandra Forero, presidente de Camacol, el gremio de los constructores, recalcó que “en los últimos dos años el precio del cemento se ha mantenido estable”. Y agregó que lo “importante es que el gobierno investigue porque si hay acuerdo de precios, se afecta directamente a la construcción nacional”. Recalcó que no ha recibido ningún tipo de queja de sus agremiados, que son los que finalmente compran el cemento a las grandes productoras. Hoy, el precio de un bulto de cemento gris en las ferreterías está por los $25.000 más IVA.
El Espectador trató de consultar a las cementeras implicadas, pero tan sólo Argos aseguró que el área jurídica estaba esperando la notificación de la superintendencia para poder dar una respuesta al caso.