Tras el escándalo mediático que tuvo la revelación de la revista británica The Economist, quien, con cifras de una fuente del Gobierno Nacional, dijo que la fortuna de la guerrilla de las Farc ascendía a 10.500 millones de dólares, el sábado pasado, a través de su último comunicado público, Luis Edmundo Suárez Soto, renunció al cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Al principio, al ser consultado por el presidente, Suárez habría dicho que no, sin embargo, en dicha comunicación reconoció que se había reunido con la periodista.
Ahora, la UIAF se apresta para recibir al nuevo directivo, que como se lo expresó a este diario el exdirector de la entidad, (2003 – 2006) Alberto Lozano, debe tener el perfil tan alto como el de un Fiscal General de la Nación. Esas palabras parecer haber tenido eco y hoy se conoció que el Gobierno designó en interinidad a la abogada, Carmen Maritza González Manrique, quien tiene como credencial su paso como directora del CTI en la época del fiscal Guillermo Mendoza, hace seis años.
González Manrique estuvo entre los 16 candidatos que el presidente Santos preseleccionó antes de escoger la terna final. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en investigación criminal de la Policía Federal Alemana (Bundeskriminalamt). Tiene una amplia experiencia en el área de la investigación criminal y 24 años en derecho penal, procedimiento penal, derechos humanos y derecho internacional humanitario, derecho probatorio, policía judicial y criminalística.
También ocupó cargos directivos en la Fiscalía General de la Nación, DEA, IRS, Embajada de Estados Unidos en Colombia y Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. Como Directora Nacional del CTI apoyó al Fiscal General en la definición de políticas y estrategias en el campo de la investigación criminal y servicios forenses para la Policía Judicial.
La abogada González es celebre en el país por haber participado en la primera captura del general (r) Rito Alejo del Río, lo que desembocó en amenazas en su contra y a la posterior emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para que el Estado colombiano le prestara protección de la funcionaria.