Con lupa y órdenes judiciales en mano, varias cuadrillas de empleados oficiales de Venezuela han entrado en las últimas dos semanas a las plantas del Grupo Polar, el principal fabricante de alimentos del país. Su misión es comprobar el presunto acaparamiento de productos ordenado por la empresa, una acusación hecha ni más ni menos que por el presidente Hugo Chávez.
Y tal parece que el señalamiento presidencial ha tenido el efecto deseado, pues los funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) han decomisado cerca de 115.000 toneladas de alimentos que, a su juicio, estaban siendo almacenados con la intención de forzar una subida en los precios.
“La acción fue ejecutada con la participación de la Guardia Nacional, sin permitirle a la empresa ejercer su derecho a la defensa”, señaló el grupo, por medio de un comunicado en el que denunciaba varias irregularidades en una reciente diligencia a sus instalaciones, en la ciudad de Barquisimeto: “Lo más grave es que el decomiso no fue aplicado a la cantidad de producto que representaba la supuesta diferencia entre nuestro inventario y el oficial, sino que se llevaron de manera ilegal casi todo el inventario físico que se encontraba en el depósito”.
Los temores sobre una posible expropiación crecen con el paso de las horas. La principal pista de este proceso la dio el propio Chávez en su más reciente intervención televisiva en el programa Aló Presidente: “¿Qué va a hacer el Gobierno con una fábrica de cerveza? Yo la cerraría. ¿Es la cerveza acaso una necesidad nacional?”
Pero algunos analistas creen que esto obedece a una estrategia para desviar la atención. “El gobierno está buscando fachadas y chivos expiatorios para responsabilizarlos de su incompetencia en el manejo macroeconómico”, de los múltiples desequilibrios derivados del desajuste inflacionario y cambiario”, le dijo el economista venezolano José Manuel Puente a la cadena británica BBC.
En diálogo con El Espectador, el analista de comercio venezolano Francisco Mendoza cree que el Gobierno está sobredimensionando una situación normal: “Cuando hablamos de acaparamiento nos referimos a cientos de miles de kilos escondidos; aquí todo está a la vista del público”.