Según lo informado por la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre el 27 de enero y el 6 de febrero del presente año, las fuertes y constantes lluvias ocasionaron 65 emergencias en el país.
Las familias afectadas se cuentan en más de 69.200, lo que implica unas 252.000 personas. 11.955 viviendas sufrieron averías, mientras que 4.158 se destruyeron. En esa ventana de tiempo, 10 personas han fallecido por cuenta de la emergencia climática, y 3 personas resultaron heridas.
Diversas actividad económicas también se han impactado: 19.798 hectáreas productivas han sido afectadas, así como 111 vías, 39 puentes vehiculares, 19 puentes peatonales, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios, sin contar los animales de producción, de compañía y fauna silvestre.
En este contexto, el Gobierno expidió recientemente una serie de decretos con los que busca recaudar y administrar fondos para atender la emergencia. Estas son las cinco claves que debe entender
- La meta de recaudo
El Gobierno buscará recaudar COP 8 billones de pesos mediante nuevos impuestos. Estos dinero serán destinados a los territorios más afectados por las lluvias, como los se registran en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
- Cambios en el impuesto al patrimonio de las empresas
Como se había anunciado, una de las principales medidas en el marco de esta emergencia económica es el impuesto al patrimonio.
Según lo descrito en uno de los decretos publicados en la noche de este martes, el impuesto aplicará una tarifa general de 0,5 % para personas jurídicas, o sea, se hará efectivo para las empresas. Y se cobrará para patrimonios por encima de las 200.000 UVT, o unos COP 10.474 millones.
Pero habrá una tarifa más alta para las empresas del sector financiero, así como las que están en el renglón minero-energético. Para estas compañías, se aplicará una base de 1,6 %.
El tributo se podrá pagar en dos cuotas: 50 % el 1 de abril de este año y 50 % el 4 de mayo de 2026.
- Alivios financieros para campesinos y pequeños productores
Con el decreto 0175, adoptan una serie de medidas para el agro:
- Nace el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA): dirigido a pequeños productores de bajos ingresos, con beneficios de hasta COP 12 millones para cubrir capital o intereses.
- Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria: se incluyen carteras de redescuento y sustitutiva.
- Suspensión temporal de los procesos de cobro asociado a los créditos de fomento agropecuario.
- Programa para ofrecer financiación a pequeños productores: el programa incluirá componentes combinables como crédito nuevo, subsidio a tasa, periodos de gracia, garantías, seguro e incentivos de recuperación productiva, a través de intermediarios financieros/operadores habilitados, con destino a la creación o recuperación de proyectos productivos con enfoque de adaptación al cambio climático y de cadena de valor o territorial.
- Facultades especiales para tierras y reubicación agrícola
El sector agro es uno de los grandes perjudicados por los desastres causados por el frente frío de hace unas semanas. Mediante el decreto 0174, el Gobierno también podrá:
- Declarar de utilidad pública la adquisición de predios rurales.
- Reubicar unidades productivas afectadas.
- Agilizar trámites ante oficinas de registro (máximo un día hábil).
- Dar facultades especiales a la Agencia Nacional de Tierras: para que ejerza acciones en temas como ocupación y adquisición de bienes, saneamiento y deslinde de predios.
- Una emergencia económica en medio de una fuerte presión fiscal
La nueva emergencia económica se decretó en un momento de presión sobre las finanzas públicas.
El Presupuesto General de 2026 quedó con un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento que buscaba aportar esos recursos adicionales.
Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026 sumaría al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año y hasta COP 8 billones a partir de 2027. Según el Comité, el mayor impacto se explica por el aumento del gasto en pensiones y salarios públicos, así como por una reducción estimada de COP 2,7 billones en el recaudo del impuesto de renta.
A esto se suma el nivel de endeudamiento externo. Según el Banco de la República, en noviembre de 2025 la deuda externa del país se ubicó en USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8 % del PIB.
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