Estos asentamientos, al surgir por fuera de la legalidad, no sólo presentan informalidad en la tenencia de la tierra sino que se desarrollan por fuera de las normas de urbanismo y construcción, generando problemas de salud pública, ubicaciones en zonas de alto riesgo, deficiencia en la cobertura de servicios públicos, problemas de movilidad, seguridad y déficit de espacio público.
"Esta situación, aunada a las condiciones de pobreza como elemento que acompaña a la mayoría de la población, origina el surgimiento de asentamientos humanos ilegales, en los cuales la informalidad en la tenencia de la tierra es un factor determinante frente al costo del terreno apto para uso residencial", señala Luis Felipe Henao, viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial.
Justamente allí es donde se presentan los más altos índices de pobreza y precarias condiciones de calidad de vida, afectando a la población más vulnerable.
Dada toda esta problemática, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decidió crear una solución por medio del decreto 3111 de 2004 donde, en su artículo 6, se busca dar una mayor eficiencia en la asignación de recursos para desarrollar políticas de vivienda de interés social en la población menos favorecida.
De esta forma, surge el subsidio familiar de vivienda por habilitación legal de títulos, con el que el Gobierno Nacional sufraga el costo del proceso de titulación por un valor cercano a los $150.000.
"La titulación es el procedimiento mediante el cual las entidades públicas del orden nacional y territorial transfieren la propiedad de los predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de interés social", señala Henao. "Esto sólo ocurre si se demuestra la ocupación del terreno con anterioridad al 30 de noviembre de 2001, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos".
Después de hacer el estudio de títulos, la identificación física y el avalúo del predio, la expedición e inscripción de la resolución, se procede a entregar el título de propiedad.
El procedimiento
Para hacer efectiva esta transferencia de predios fiscales, existen dos procedimientos en la normatividad vigente: la cesión a título gratuito y el subsidio familiar de vivienda por habilitación legal de títulos.
La cesión es el canal que se usa para transferir el dominio de los terrenos fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de interés social, mediante acto administrativo y a favor del ocupante.
El Gobierno tiene proyectado para este año colocar 120.000 títulos en las siguientes modalidades: habilitación legal y cesión a título gratuito por un valor de $11.600 millones, que beneficiarán a 480.000 personas que, al ser propietarios, podrían acceder a crédito al tener una garantía real.
Para dar continuidad a la política que se viene adelantando en procesos de titulación de predios fiscales ocupados con vivienda de interés social, se han realizado convocatorias a nivel nacional para que las familias que habitan estos predios, y que no tienen título de propiedad, puedan acceder a él, según el viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, Luis Felipe Henao.
Sin embargo, este año se trabaja bajo la modalidad de cesión a título gratuito, que opera igual a la habilitación legal de títulos, sólo que en esta ocasión el Gobierno dará un mayor apoyo técnico, jurídico y económico a los municipios que se presenten en la convocatoria.