En su primer discurso ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos, tras adoptar la medida proteccionista más drástica en casi un siglo, el presidente Donald Trump arremetió contra los aranceles de otros países. Ese mismo día habían entrado en vigor nuevos aranceles del 25 % sobre todos los productos de México y Canadá y 20 % para productos chinos. De inmediato, el Gobierno canadiense y el chino anunciaron que ellos impondrían aranceles en retaliación. Sin embargo, durante la semana, la medida contra los productos mexicanos y canadienses incluidos en el T-MEC se aplazó por un mes más.
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Durante su intervención, Trump se quejó de los altos aranceles impuestos por China, Brasil e India. Además, reafirmó que, a partir del 2 de abril, su Gobierno comenzaría a aplicar una política arancelaria recíproca, imponiendo tarifas equivalentes a las que enfrentan los productos estadounidenses en el extranjero.
Esta noción de injusticia y revanchismo comercial se basa en una visión profundamente ahistórica del sistema multilateral de comercio. Aunque Trump no quiera reconocerlo, los niveles arancelarios actuales son el resultado de acuerdos comerciales negociados durante las últimas décadas, en los cuales tanto gobiernos republicanos como demócratas de Estados Unidos desempeñaron un papel protagónico. Estos acuerdos se fundamentaron en una premisa clave: el libre acceso al mercado estadounidense a cambio de protecciones y privilegios para las grandes corporaciones farmacéuticas, agroquímicas y tecnológicas de ese país.
Cualquier nación tiene el derecho de reconsiderar sus compromisos internacionales, pero si Estados Unidos decide no honrar su parte del trato, el resto del mundo deberá responder con inteligencia y recuperar el terreno cedido en materia no arancelaria, en lugar de tomar represalias arancelarias reactivamente en contra de los productos estadounidenses.
Trump, desde su primer período en la Casa Blanca, ha sido un crítico feroz de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta organización, creada a principios de los años 90, expandió drásticamente el alcance de los acuerdos comerciales al incluir en su mandato nuevas normas sobre propiedad intelectual y regulación de servicios, entre otros aspectos.
Sin embargo, fueron políticos y empresarios estadounidenses quienes lideraron las negociaciones que llevaron a la creación de la OMC. El rol de corporaciones como IBM y Pfizer en la inclusión de normas de propiedad intelectual —en oposición a la agenda de los países en desarrollo— está bien documentado. Tras años de negociación, los países en desarrollo consideraron que la posibilidad de acceder más libremente a los mercados de los países ricos era un precio aceptable a cambio de adoptar las normas de propiedad intelectual promovidas por Estados Unidos. De hecho, según un lobista de Monsanto, un negociador argentino dijo en su momento: “Nos importa un carajo qué hay en el código de propiedad intelectual, siempre y cuando obtengamos lo que queremos en agricultura”.
No viene al caso juzgar si este fue un buen negocio para Argentina y, en general, para el mundo en desarrollo, pero sí es relevante mencionar que las reglas de propiedad intelectual han sido uno de los aspectos más controversiales del sistema multilateral de comercio durante las tres décadas de existencia de la OMC.
Esta tensión resurgió en medio de la pandemia del covid-19, cuando dos tercios de los países miembros de la OMC exigieron la flexibilización de estas reglas para incrementar la producción de vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas para combatir al virus. Tras dos años de discusiones y una campaña global a favor de la exención de las normas de propiedad intelectual para hacer frente a la pandemia, la Unión Europea, Suiza y Japón, junto con la postura ambigua del gobierno de Joe Biden, frustraron la iniciativa. Una vez más, los intereses de grandes corporaciones farmacéuticas localizadas en países ricos prevalecieron sobre el derecho a la salud de miles de millones de personas.
Esto no quiere decir que en Estados Unidos no se hayan sentido los efectos negativos de este gran arreglo en boga desde la creación de la OMC hasta la crisis financiera de 2008 y 2009. Al abrir sus mercados, Estados Unidos sacrificó su sector manufacturero, perdiendo casi cinco millones de empleos en este sector entre 1995 y 2010. El ingreso de China a la OMC, en 2001, fue muy lesivo para la industria estadounidense, pero también para la de otros países incluyendo a Colombia.
El declive industrial de las medianas ciudades manufactureras del medio oeste estadounidense es una de las principales causas del ascenso político de Donald Trump. Sin embargo, los culpables no están, como él argumenta, en los palacios presidenciales de otros países. Quienes diseñaron y se beneficiaron del sistema de comercio neoliberal están mucho más cerca de la Casa Blanca.
Sea de quien sea la culpa, lo cierto es que nos enfrentamos a un nuevo escenario político y comercial donde el principal arquitecto del sistema multilateral de comercio quiere hacer borrón y cuenta nueva. En este contexto sería valioso que países como Colombia reconozcan las concesiones que hicieron bajo el antiguo sistema y recuperen el terreno perdido.
Por ejemplo, incluso bajo las estrictas reglas de propiedad intelectual de la OMC, cada país está en su derecho de expedir licencias obligatorias sobre patentes. Estas son herramientas que permiten autorizar la producción, importación o uso de un producto patentado, como un medicamento, sin el consentimiento del titular de la patente. Hace poco, el Gobierno aprobó la primera licencia obligatoria para un medicamento en Colombia. Se trata de un tratamiento contra el VIH llamado dolutegravir. Esto es un hito para el acceso a medicamentos y la defensa de la salud pública, ya que, hace unos años, el lobby farmacéutico y la presión diplomática frustraron la adopción de otra licencia obligatoria que habría mejorado el acceso de los colombianos a un medicamento contra la leucemia, patentado por una farmacéutica estadounidense.
Durante décadas, países como Colombia han visto limitada su capacidad regulatoria para adoptar políticas a favor del interés público debido a los estrictos términos de los tratados comerciales y de inversión impulsados por Estados Unidos. Si Donald Trump insiste en afirmar que el mundo ha sido injusto con su país y levanta una barrera arancelaria alrededor del mercado estadounidense, más que imponer aranceles retaliativos, los gobiernos de los países en desarrollo deberían recuperar el espacio cedido en asuntos como la propiedad intelectual.
* Director de investigaciones de Rethink Trade, think tank de Washington, D. C. enfocado en política comercial.
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