Un fuerte llamado de atención al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y a los directores de INVÍAS e INCO, para que la fase de planeación de las grandes obras de infraestructura del país se adelante de conformidad con la ley, hizo el contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero.
Recordó que en las 22 concesiones existentes se realizan constantemente prórrogas y adiciones, que pueden afectar gravemente al erario público y se originan en debilidades en la fase de planeación y estructuración de los proyectos, según el comunicado de prensa.
"Es lamentable que se adjudiquen las concesiones, pero que los contratistas jueguen desde el inicio del contrato a solicitar modificaciones, adiciones y prorrogas sucesivas y constantes, para mejorar su rentabilidad", dijo.
Proyecto Ruta de las Américas
En el informe, el contralor General de la República pidió al gerente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Julio César Arango
Garcés, aclarar los siguientes elementos que deben ser atendidos con el objeto de evitar que se generen posibles inconvenientes dentro del proceso de contratación.
Aspectos técnicos
Puente sobre el Río Atrato (Cacarica):
Se tiene considerado hacer un puente denominado Cacarica sobre el Río Atrato, en el tramo Palo de Letras-Lomas Aisladas, por un valor de 50 mil millones aproximadamente.
El trazado cruza el Parque Nacional de los Catíos, área de protección ambiental y sobre el cual el Ministerio de Medio Ambiente ya manifestó que no es viable el otorgamiento de la licencia ambiental que se requiere para este tipo de intervención.
En el proceso se piden propuestas alternativas, pero todas ellas tendrán que ser concebidas sin afectar el Parque en mención, lo que implica que este tramo no se ejecutará y redundará en que este valor ($50.000 millones) se destine a otras obras que más adelante se establezcan con el futuro concesionario. Para la Contraloría, esta situación debe aclararse y no dejarse de manera imprecisa.
Doble calzada Turbo-El Tigre
Se observa una ausencia de mediciones de tráfico y demás soportes técnicos que requiere la realización de una vía de doble calzada de 65 kilómetros entre los municipios de Turbo y El Tigre.
El análisis de la firma EDL carece de evidencia de haber realizado una medición de campo (tanto evaluación física de la vía como mediciones de tráfico), indispensable para la realización de una inversión de esta naturaleza.
Tampoco se han detallado, dentro de los riesgos previsibles, los resultados de los estudios ambientales y técnicos, lo que puede generar eventuales sobrecostos derivados de reclamaciones del futuro contratista.
Convenios interadministrativos
Es necesaria la divulgación de aquellos convenios interadministrativos que se hayan celebrado entre el INCO y las distintas gobernaciones y municipios que afectan los tramos de la vía a ser intervenida durante el tiempo de la concesión, para que el contratista cuente con todos los elementos que puedan incidir en su construcción y operación.
Aspectos Financieros
Casetas de Peaje (Turbo-Talaigua)
El proyecto considera los ingresos de 4 peajes en ambos sentidos, dos de los cuales (Turbo y Talaigua) tienen un riesgo político y social, soportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en comunicación del 17 de febrero de 2010 (radicado 2-2010-004279). Esta circunstancia requiere aportes del Fondo de Contingencias del INCO desde el año 2011 hasta el 2013, a razón de $21.925 millones anuales de pesos constantes, contingencia que no ha sido incluida en el pliego.
El modelo financiero con base en el cual los proponentes deben realizar sus evalauciones está desarrollado a 7 años, mientras que el plazo de la concesión es a 9 años, por lo que debe armonizarse.
Vigencias futuras
Las vigencias futuras del proyecto están en pesos corrientes y no en pesos constantes, hecho que también debe corregirse al no existir razonabilidad de los valores que afectan el presupuesto de la entidad estatal.
"Con base en los anteriores planteamientos, considero de la mayor importancia que la gerencia general del INCO asuma una revisión del proceso que actualmente se adelanta, con el objeto de aclarar y mitigar los riesgos expresados y para que el mismo se desarrolle protegiendo los intereses del Estado", concluyó el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero.
Detectó en el tramo 3 de la Ruta de El Sol, la inexistencia de información técnica actualizada en la base de datos falta de licencias ambientales e incertidumbre sobre la línea base, indebida asignación de riesgos por falta de estimación y cuantificación de los mismos.
Incongruencia entre el aumento del trabajo de ingenería y la disminución de los requisitos de participación.
Necesidad de un nuevo trazado, para las dos calzadas, por la necesidad de abandonar el trazado existente, construcción de mayor cantidad de puentes.
En vista de estas debilidades, el contralor solicitó al INCO que estudie una ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, ya que con el actual, de tan solo 60 días, se podría beneficiar exclusivamente a las empresas que en el proceso pasado ya habían estudiado el tramo y realizado trabajos de ingeniería sobre el mismo.
En este sentido, el Contralor solicito al Inco estudiar una prórroga del plazo.
El contralor solicitó a todas las entidades que adelantan grandes proyectos, y en particular al Ministerio de Transporte, Invias e Inco, tener en cuenta estas recomendaciones, porque de lo contrario se puede poner en riesgo el patrimonio público.