En Colombia, siete de cada diez kilómetros de carretera son rurales, siendo en su mayoría de uso campesino. El programa estrella del gobierno Petro pretendía intervenir 33.000 kilómetros de los 142.284 km (trazados) de vías terciarias que estimó el Departamento Nacional de Planeación en 2022, pero el ritmo de avance real, según el más reciente informe de la Contraloría, es de apenas 117,2 kilómetros, el 0,36 % de lo prometido para los cuatro años del presidente.
El ente de control, que revisó las vigencias 2023 y 2024, encontró 48 hallazgos fiscales por COP 1.513 millones, además de fallas estructurales que comprometen supervisión, capacidades técnicas, ejecución y manejo de recursos.
El organismo subrayó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) terminó “delegando la autorización del gasto en los interventores y los presidentes de las JAC”. El cuello de botella se dio por la incapacidad técnica, organizacional y operativa de las Juntas de Acción Comunal, detalló la Contraloría.
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Un programa gigantesco con una ejecución microscópica
“Caminos Comunitarios” nació como la apuesta bandera para la movilidad rural: 33.000 kilómetros a intervenir y COP 8 billones proyectados en inversión entre 2022 y 2026. Pero la realidad desinfló la meta.
- De los COP 4 billones anunciados para 2023 y 2024, solo se apropiaron $657.000 millones (16,4 %).
- En 2024, de 1.125 convenios, 883 estaban suspendidos por falta de PAC y ninguno estaba terminado.
- En 2023, de 1.035 convenios, 141 no estaban terminados, 7 fueron liquidados sin ejecución y solo 856 se culminaron, pero con un dato que revela la magnitud del desorden: el plazo inicial promedio era de 3 meses, pero terminó siendo de 10 meses. Un aumento de 333 %.
- Este año, el programa sufrió un congelamiento del presupuesto cortesía del Ministerio de Hacienda frente al problema de caja que tiene el Estado.
Hace dos semanas, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó el progreso del programa: “No puedo dejar que se divulgue la mentira del 10 % de ejecución. Esa cifra es falsa”, afirmó, al responder a las críticas de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), y a un informe reciente de Corficolombiana que advertía sobre el deterioro del sector.
Explicó que se han cometido errores para avanzar con la iniciativa: “el año pasado no hubo partida presupuestal, y como no se discutió, quedó tal cual. Fue un error de estrategia”, dijo en una rueda de prensa en el marco del Congreso Nacional del sector.
La ministra aseguró que “Caminos Comunitarios avanza y cerrará con una ejecución superior al 95%. La plata que se ha entregado se ha ejecutado, y el programa está mostrando resultados reales en todo el país”, dijo.
Para 2026, el programa tendrá una reactivación con COP 205.000 millones y otros COP 70.000 millones en convenio con el Fondo de Adaptación, para la placa huella en La Mojana.
Problemas viejos, problemas nuevos
Sin embargo, el informe de la Contraloría se suma a las alertas que venían de la misma entidad hace un año.
Antaño reiteró que el avance no había sido satisfactorio ni que las “condiciones están controladas y cubiertas” como lo aseguró el entonces director del Invías, Juan Carlos Montenegro.
Las alertas se repite en fallas técnicas: convenios sin estudios, obras sin alcance claro. El reciente informe detectó que se firmaron Convenios Solidarios sin estudios técnicos completos. El detalle del diseño —qué se iba a hacer, cuánto costaba, cómo se ejecutaba— terminó desplazándose a la etapa contractual, dejando la definición en manos de interventorías y JAC, pero sin revisión final del Invías.
Esto generó tres problemas centrales:
- Obras con alcance reducido, sin aprobación formal.
- JAC a cargo de obligaciones técnicas para las que no estaban capacitadas.
- Acompañamiento insuficiente, lo que derivó en decisiones improvisadas en campo.
La auditoría encontró fallas financieras que comprometen la transparencia de la ejecución. En detalle, hubo pagos sin justificación clara, registros contables incompletos, movimientos de tesorería sin soporte suficiente, gastos ejecutados sin la debida facturación y falta de soportes como extractos y documentos de gasto cuando la Contraloría los solicitó.
El resultado es un coctel de alto riesgo frente al manejo de la plata pública.
El ente de control espera que la investigación sea una “gran oportunidad de mejora” y que se hagan “ajustes necesarios y suficientes” para cumplir con los objetivos del programa, “que no son otros que permitir la adecuada conexión de la Colombia profunda con los centros productivos y logísticos del país”.
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