La llamada internet de las cosas se va perfilando en el mundo conforme hay cada vez más dispositivos conectados, arrojando información desde la industria, las ciudades y los hogares del ciudadano promedio. Según un estudio de la firma Juniper Research, hoy hay más de 13.400 millones de dispositivos conectados, y en Colombia, apenas hace unas horas, la Superindustria reveló que desde la última subasta de espectro radioeléctrico para servicios de 4G, el número de suscriptores en esa tecnología aumentó 22%, hasta 5,16 millones de usuarios. Si se mantiene la tendencia de apropiación –que por cierto el Mintic está tratando de retener al pedir reconsiderar el desmonte de las cláusulas de permanencia-, sin duda más espectro procedente de la próxima subasta significaría más tráfico de datos.
Pero ¿para qué serviría toda esa conexión e información si no se analiza y se aprovecha? El gobierno colombiano acaba de dictar una medida que promete ir en esa dirección: que en las entidades del Estado, del orden nacional y territorial, los organismos autónomos y de control, haya un jefe de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que plantee y materialice estrategias con base en el uso de esas herramientas. Según María Isabel Mejía, viceministra TIC, el objetivo es desplazar la idea según la cual el jefe de sistemas de una entidad se encarga sólo de actualizar y reparar equipos, y que se instale un director TIC, que pueda hacer a las instituciones más eficientes e innovadoras en sus funciones y procesos.
“Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, que busca mejorar la movilidad, la pregunta es: ¿cómo hacemos para mejorar eso en el país a través de la tecnología?”, reflexiona Mejía. Más aún, la norma deposita en los entes estatales la tarea de “proponer e implementar acciones para impulsar la estrategia de gobierno abierto mediante la habilitación de mecanismos de interoperabilidad y apertura de datos que faciliten la participación, transparencia y colaboración en el Estado”. Es decir, abrir los datos que manejan instituciones del Estado, lo cual, por poner un ejemplo, podría ayudar a hacer radiografías de las ciudades —como lo han hecho iniciativas como Ciudades Cómo Vamos— y, por ende, desarrollar aplicaciones de movilidad por parte de la ciudadanía.
En un contexto en el que sobre todo los taxistas, pero también los hoteleros, cableros y “retailers”, entre otros, están en alerta por la revolución que la tecnología está provocando en sus sectores, el Gobierno ordena “propender y facilitar el uso y la apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y los servicios digitales por parte de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés a quienes están dirigidos”. Pero a la vez dicta que debe haber diálogo y coordinación con otras entidades, así como con la academia, los privados y la sociedad civil en todos estos procesos.
Al respecto, Pilar Sáenz, de la Fundación Karisma, defensora de derechos humanos en entornos digitales, opina que el decreto “es una buena declaración de intenciones, pero para desarrollarlas es necesario tener una línea o un norte”. Se refiere a que no basta con que el Gobierno dicte las tareas que debe cumplir el líder TIC de una entidad, sino definir estándares. Por ejemplo, si la idea es mejorar la seguridad en las páginas web del Estado, ¿cuáles son los estándares de seguridad? ¿Cuáles son los criterios de contratación? Y cuando se habla de participación ciudadana, ¿qué se entiende por eso? “La función del CIO (como se conoce el cargo en inglés) será muy buena si hay lineamientos claros. Si no, su función será sólo a su acomodo”, agregó.
Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, afirma que “desde la CCIT vemos con muy buenos ojos esta iniciativa por parte del Gobierno para que las entidades públicas tengan sus CIO. Va alineada con la importancia que han tomando las TIC para todos los sectores de la economía”. Y agregó que desde hace tres años la CCIT y el Mintic han venido promoviendo encuentros de CIO municipales, departamentales y nacionales, “en los que hacemos nivelación de conocimientos y hemos tratado temas como big data, la nube, ciudades inteligentes y ciberseguridad”. Finalizó pidiendo que la figura del CIO se implemente lo más pronto posible, en vista de que el decreto no determina ningún plazo.
Esto último, según Sáenz, es una preocupación. Agregó que en materia de estandarización, “no se trata sólo en términos de que las plataformas de tecnología charlen unas con otras, sino que las decisiones de política pública estén encaminadas. Apuntamos a que nuestra economía desarrolle servicios de tecnología y mejore su capacidad de transparencia y gestión, pero ¿cómo hacemos para que todas estén en la misma línea? Por un lado Mintransporte dice que Uber es ilegal, mientras el Mintic dice que no va a bloquear ninguna plataforma emergente. Cómo mediar esas dos posiciones, por ejemplo”.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático y exministra TIC, opina que la figura de un CIO “siempre ha sido una añoranza” y que así se pensó desde el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, “no creo que sea oportuno, y más con la austeridad que debe tener el Gobierno. Pero también es más importante que exista una política clara para articular las inversiones, gastos en materia de compras, de desarrollo de software, prestación de servicio al ciudadano”. Se refiere a optimizar, por ejemplo, la compra de software, evitar duplicidad y tener claro que inversión en tecnología “no es sólo comprar computadores”.
La viceministra Mejía, CIO nacional, aclaró que los procesos de reestructuración para adoptar en las entidades el jefe TIC, lo cual ya venía contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, será a cero costo y que, si bien no hay un plazo establecido, la implementación empezará por las “cabezas de sector”. Aseguró que el Mintic desarrolló “una herramienta que tendrán los CIO, que llamamos el marco de referencia de arquitectura empresarial, y toda la estrategia de Gobierno en Línea. Son los lineamientos de lo que tienen que hacer. Lo que se busca es que el Estado sea más estandarizado y coordinado, que haya intercambio de información”.