Hay economías que crecen como bosques. Otras, como un edificio con vigas a medio construir. Colombia, en 2026, se parece más a lo segundo: vigas expuestas, pisos sin terminar, obreros discutiendo el plano mientras la obra ya está habitada.
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El país necesita crecer. Pero las ideas siempre llegan tarde una vez el presente se impone. Cuando la inversión huye, la energía titila y las reglas de juego cambian de repente.
En ese cruce de caminos, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) dibujan una misma preocupación con distintos acentos: el Estado colombiano se volvió pesado para crecer y frágil para sostener lo que ya construyó.
Los tres centros de pensamiento construyeron un marco de ingeniería económica que, leído en conjunto, revela más que un catálogo de reformas: muestra el tamaño del riesgo que enfrentará el próximo gobierno.
El crédito como frontera
En Colombia, el crédito formal es un privilegio. Cuando una empresa no consigue financiación bancaria, el mercado ilegal le abre la puerta con una sonrisa que cobra 382 % efectivo anual. En personas naturales, la cifra puede escalar a 666 %. Así funciona la mecánica del “gota a gota”, según el informe de ANIF.
El centro de pensamiento propone tocar una de las piezas más sensibles del sistema: modificar el cálculo de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC), la referencia que determina el tope de la tasa de usura (25,23 % para consumo, fijado por la Superintendencia Financiera).
La tesis es simple y polémica. Si el techo es demasiado bajo frente al riesgo real de ciertos segmentos, los bancos se retiran al endurecer sus criterios de aprobación, favoreciendo a personas con mejores historiales crediticios o ingresos estables, y el vacío lo llena el prestamista ilegal: 1 de cada 10 hogares colombianos recurre a estas alternativas informales. Ajustar el cálculo permitiría incorporar perfiles hoy excluidos.
La lógica sugiere que tasas de interés más bajas deberían facilitar el acceso al crédito formal. Sin embargo, el problema radica en cómo se establecen las tasas y en las dinámicas del sistema financiero, especialmente para las personas de menores ingresos.
Si las tasas son altas, las entidades financieras tienen más margen para ofrecer préstamos a personas con mayor riesgo crediticio, ya que pueden compensar ese riesgo cobrando más interés.
La medida no tendría costo fiscal directo. Pero sí implicaciones políticas. En un país donde el debate público simplifica tasas altas como abuso financiero, defender una recalibración técnica exige pedagogía y alternativas.
Desmonte del 4 x 1.000 y mercado de capitales para pymes
El documento también propone desmontar gradualmente el 4 x 1.000, ese gravamen a los movimientos financieros que nació como temporal y, pese a los esfuerzos por eliminarlo, sigue vigente. El costo fiscal del primer año se estima en COP 1,1 billones. La apuesta es que la formalización y el crecimiento compensen el golpe inicial.
En un contexto de déficit fiscal estrecho, la decisión, a favor del bolsillo ciudadano, podría generar fricción.
ANIF también insiste en profundizar el mercado de capitales, aún pequeño y concentrado. Colombia tiene pocos emisores, pocos inversionistas y baja liquidez. La propuesta incluye una nueva ley integral y la implementación de la Misión del Mercado de Capitales. En términos simples, que financiarse no dependa casi exclusivamente de la banca, y así el capital llegue a las pymes.
Otras propuestas:
- Impulsar pagos digitales interoperables y eliminar barreras al uso del sistema financiero.
- Ampliar el acceso a seguros simples y de fácil reclamación.
- Evolucionar de finanzas abiertas a un esquema integral de datos abiertos.
- Crear la licencia de asesor independiente para regular figuras emergentes como los “influencers”.
- Fortalecer la educación financiera y programas de mentoría con impacto crediticio.
- Profundizar la integración regional entre las bolsas de Chile, Perú y Colombia, para ampliar liquidez y visibilidad internacional.
Si el crédito es la sangre de la economía, el mercado de capitales es su sistema circulatorio de largo plazo. Hoy, ese sistema está subdesarrollado. Y eso limita la escala de los proyectos.
El Estado como cuello de botella
El Consejo Privado de Competitividad pone el foco donde pocos quieren mirar: el exceso y la fragmentación regulatoria.
Colombia produce normas como si fueran respuestas automáticas al problema del día. Cada crisis deja un decreto; cada escándalo, una ley. El resultado es una telaraña densa, con superposiciones, vacíos y trámites que se pisan entre sí.
El CPC propone migrar de un modelo de control ex ante —autorizar antes de hacer— a uno más robusto ex post —vigilar y sancionar después—, especialmente en sectores donde la innovación corre más rápido que el regulador. La lógica es reducir barreras sin renunciar a la prevención del riesgo.
Las barreras regulatorias se imponen antes y durante el desarrollo de las empresas: la duplicidad de trámites, el cúmulo de normativas y la ausencia de mecanismos para que la información sea interoperable, piedrecillas en el caudal económico que desincentivan la formalización y un freno a la productividad.
Entre los ajustes planteados están la reforma del Estatuto Aduanero hacia un modelo de gestión por riesgo, la interoperabilidad obligatoria entre sistemas como MUISCA y VUCE, la automatización de devoluciones de IVA, la modernización de zonas francas y la digitalización de trámites inmobiliarios y notariales.
El llamado incluye depurar más de 900 normas sin reglamentación vigente y retomar una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad que articule prioridades regulatorias.
“No se busca una simplificación normativa como trámite administrativo de una sola vez, sino un cambio en la cultura”, subrayó el centro de pensamiento, que entregó la agenda en alianza con la ANDI, Aliadas y el Consejo Gremial Nacional.
El trasfondo es claro. La inversión privada no solo observa impuestos o tasas de interés. Observa estabilidad normativa. Si el marco cambia cada cuatro años, el horizonte de planeación se acorta y el capital se vuelve cauteloso.
La energía como línea de fractura
Si el crédito es la sangre y la regulación el esqueleto, la energía es el pulso. Sin ella, nada opera.
El Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) advierte que el país enfrenta un riesgo creciente de estrechez en la oferta eléctrica. La demanda aumenta; los proyectos nuevos se demoran; la hidrología es cada vez más incierta bajo eventos como El Niño.
El sistema colombiano ha sido históricamente robusto, con alta participación hídrica y respaldo térmico. Pero la transición energética introduce tensiones. Cerrar térmicas sin tener renovables firmes listas es un riesgo a cualquier plazo.
El centro de pensamiento propone universalizar el acceso a la energía eléctrica, especialmente en zonas de baja calidad del servicio y con altos costos unitarios, bajo un decreto reglamentario y una resolución de la CREG para definir criterios de subasta y estándares de calidad. Esto, admite, tendría un costo fiscal potencialmente alto.
Sin embargo, la medida pujaría a favor de los hogares más necesitados, que ya han mostrado un avance en el acceso. Según el Informe de Pobreza Energética Multidimensional, en 2024, el 22,3 % de los hogares colombianos estaba en condición de pobreza energética. Esta cifra representa una disminución de dos puntos porcentuales frente a los resultados de 2023.
Por otro lado, entre las medidas más contundentes del centro de pensamiento está la liberación del precio del diésel para aliviar presión fiscal (COP 8 billones), pagar deudas acumuladas del sector (6 billones) y evitar una crisis de prestación.
También sugirió nombrar la totalidad de expertos técnicos e independientes en la CREG, derogar resoluciones que imponen el adecuado funcionamiento del mercado de energía y retomar acuerdos de estabilidad jurídica.
El CREE insiste en señales claras de largo plazo para atraer inversión en generación y transmisión. La energía no se improvisa. Un proyecto puede tardar cinco o siete años entre licencia, cierre financiero y construcción. Si la señal política es ambigua, el capital espera.
Y aquí aparece otro cruce con ANIF y el CPC. Sin mercado de capitales profundo, financiar grandes proyectos energéticos es más difícil. Sin estabilidad regulatoria, es más riesgoso. Las piezas encajan o se bloquean entre sí.
El dilema para 2026-2030
Leídos en conjunto, los tres documentos describen más crédito formal, menos fricción y más inversión energética. Pero reconocen restricciones. El margen fiscal es limitado. El ambiente político es volátil. Y la transición energética se traba con las soluciones pragmáticas actuales.
El próximo gobierno heredará un tablero delicado. Si prioriza recaudo inmediato y regulación expansiva, puede contener riesgos fiscales de corto plazo, pero enfriar inversión. Si apuesta por liberalizar sin rediseñar supervisión, puede abrir espacios de vulnerabilidad.
Colombia está en el limbo entre lo urgente y lo importante, un punto intermedio donde las decisiones estructurales definen la próxima década.
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