Se cumplieron los 90 días y finalizó el estado de conmoción interior que decretó el presidente Gustavo Petro por cuenta de la emergencia de seguridad en la región de Catatumbo (Norte de Santander), el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en Cesar. Esta situación, a su vez, derivó en una crisis humanitaria y social.
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El mecanismo constitucional, que estuvo vigente por tres meses, le dio la facultad al presidente para reaccionar con la expedición de varios decretos legislativos.
El Estado de conmoción fue levantado a través del Decreto 0467 de 2025. El documento también extendió por 90 días la vigencia de 11 medidas tomadas por el Gobierno para atender la crisis, seis son de carácter económico. Tienen relación con ayudas al agro, protección de tierras, alivios a prestadores de servicios turísticos, protección al transporte público y acceso al acueducto, alcantarillado y aseo.
Además, como ya se sabía, se mantienen por toda la vigencia fiscal, hasta el 31 de diciembre, las medidas tributarias para obtener recursos para atender la crisis.
Se trata de tres impuestos que buscan recaudar $2,68 billones, que ya fueron adicionados al Presupuesto General de la Nación.
Las fuentes del recaudo son:
Juegos de azar en línea: hasta el decreto no pagaban impuestos, pero ahora son responsables del IVA de 19 % sobre los depósitos en plataformas de apuestas realizadas desde Colombia o el exterior. Esto cuando el destinatario tenga su residencia o sede de su actividad económica en el territorio nacional.
Exportaciones de petróleo y carbón: se impone 1 % “la exportación definitiva al resto del mundo y la primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón”, se lee en el decreto. Aplica para productos como hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
Impuesto de timbre: aplica para trámites notariales y contratos comerciales por encima de las 20.000 UVT, es decir, $298 millones. Pero no será para lo referente a bienes inmuebles porque para estos aplica una tarifa distinta (aprobada desde la reforma tributaria de 2022).
Los decretos económicos que van a continuar
Ahora bien, vale la pena revisar cuáles son las medidas que seguirán vigentes por otros 90 días y el alcance que han tenido:
Impulsar el agro y proteger la tierra
Son tres los decretos del agro que se mantienen. El primero tiene que ver con garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario (Decreto Legislativo 106). Además, se centra en mitigar las pérdidas y los efectos del desplazamiento, desarraigo y la desvinculación de los medios de vida con ocasión del conflicto armado.
Según el Gobierno, la medida se extiende para aliviar las pérdidas de cultivos que pudo generar la crisis. El Banco Agrario de Colombia (BAC) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) requieren mantener las facultades excepcionales para aplicar condonaciones, acuerdos de recuperación y refinanciación masiva de cartera en zonas rurales con alta morosidad. Además, se van a continuar mecanismos extraordinarios de financiamiento y crédito.
Hasta principios de abril, el BAC radicó 1.556 operaciones de crédito por $46.223 millones. La entidad tiene una cartera de $42.651 millones que podría ser objeto de acuerdos de refinanciación para apoyar a 1.249 clientes.
El segundo, Decreto 107 de 2025, está asociado a la protección de zonas agrícolas, cadenas productivas y de suministro y sistemas agroalimentarios. Lo anterior incluye facultades extraordinarias para procesos de contratación, contribuciones parafiscales de los fondos de la región y conservación de semillas. El Ministerio de Agricultura ha comprado $2.087 millones en alimentos locales a 29 organizaciones de la región.
El argumento del Gobierno para extender la medida apunta a que la mejora de la situación de orden público “no implica automáticamente la cesación de los efectos adversos del incremento de la violencia respecto de las cadenas productivas y los sistemas agroalimentarios”.
Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, ve favorables las medidas porque cuando se tiene una condición como estas, la posibilidad de cosecha y de ingresos llega a cero. “Ampliar los plazos y mejorar esas condiciones es una medida prudente que le va a dar un alivio a las familias”, destaca.
El tercer decreto es el 108 de 2025, y el más polémico del renglón por su asociación a la palabra “expropiación”.
La medida tiene que ver con proteger las tierras y prevenir “la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario”. La finalidad es evitar que las complicaciones de orden público del Catatumbo se preste para que las personas desplazadas sean desposeídas de sus predios.
Al extender la vigencia, el Gobierno facilita que las entidades del sector cuenten con todas las herramientas posibles para garantizar el acceso a tierras, formalización y medidas de protección, según el documento que finaliza el Estado de conmoción.
Ayudas para el turismo y seguridad para el transporte
También se extiende el Decreto 117 de este año sobre las ayudas para el turismo. En ellas se incluyen los auxilios a prestadores de servicios turísticos afectados, recuperación de áreas afectadas y reparación de infraestructura de prestadores como viviendas turísticas y alojamientos turísticos. Y se estableció el descuento transitorio del impuesto sobre la renta para quienes alojaron gratis a personas desplazadas.
De otro lado está el Decreto 120, que permite que las empresas de transporte de la zona puedan operar sin condiciones específicas de recorridos, frecuencias y horarios señalados en los permisos del Ministerio de Transporte.
De este modo, se procura disminuir la exposición de los usuarios de transporte público a hechos violentos, al evitar que sean predecibles y únicamente se realicen cuando sean seguros o, en caso de ser necesario, vayan en caravanas de vehículos con presencia de la Fuerza Pública.
Acceso a servicios básicos
Finalmente, el Decreto 121 facultó al Ministerio de Vivienda para adelantar de manera directa proyectos de agua potable y saneamiento básico (APSB) y establecer habilitaciones de uso del suelo para la atención, el asentamiento o reubicación temporal o definitiva de la población desplazada.
El Gobierno explicó que las alteraciones al orden público y su persistencia en algunas zonas dificultan el retorno sostenible de la población desplazada forzadamente a sus lugares de origen. “Sus hogares y sistemas de aprovisionamiento fueron afectados por la escalada de las confrontaciones armadas, y estos no cuentan con las condiciones mínimas y dignas en materia de saneamiento y vivienda”, destaca el documento.
El Minvivienda seguirá atendiendo las viviendas afectadas y va a implementar soluciones alternas al abastecimiento en municipios donde la violencia restringe el acceso al punto de abastecimiento existente.
De hecho, el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) Catatumbo da cuenta de que hay 64.564 personas desplazadas forzadamente y 12.887 confinadas. Por eso sigue “siendo necesario continuar con la asistencia y coordinación que permitan garantizar condiciones dignas de habitabilidad”, resaltó el Gobierno.
Las otras medidas que se prorrogaron en el Catatumbo
Los otros cinco decretos que se extendieron por tres meses son:
- Seguridad: el Decreto 118 adopta medidas extraordinarias en materia de control operacional de la Fuerza Pública, como la designación de un comandante militar para la región.
- Control de sustancias: el Decreto 134 busca limitar el uso de sustancias y productos químicos controlados. De este modo se han incautado insumos requeridos para el procesamiento y producción de drogas ilícitas, como el clorhidrato de cocaína.
- Protección: el Decreto 137 establece medidas extraordinarias de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos.
- Sustitución de cultivos: el Decreto 180 incorpora estrategias para fomentar economías lícitas vinculadas a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, en el marco del fomento agropecuario. Hasta ahora, se han registrado 2.701 núcleos familiares que han recibido el pago.
- Derechos de los niños: el Decreto 433 faculta al ICBF para prestar sus servicios en las Defensorías de Familia que se conformen en la región del Catatumbo y reforzar acciones en la prevención, protección y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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