En la medida en que la niebla de la pandemia continúa despejándose, el país parecería comenzar a soñar en un horizonte que no solo abarque la recuperación de la vida que había en 2019, sino a pensar el futuro más allá del ejercicio de recoger los pedazos que dejó el covid-19.
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Esto no es para decir que la pandemia pasó del todo y que sigamos con la vida como si nada. Pero lo que sí comienza a emerger es que, al menos desde la altura de las cifras macro, la economía se encuentra en un camino de recuperación, que quizá podría devolvernos a un escenario prepandemia en varios aspectos en algún punto de este año.
Ahora bien, es evidente que el país necesita más que viajar en el tiempo al mundo de 2019, así la crisis haya impulsado un sabor muy específico de nostalgia en el que la economía prepandemia era lo mejor que nos había pasado.
Buena parte de lo que se juega en esta elección presidencial es justamente eso: la promesa de un cambio, sea lo que sea que esto signifique.
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“Cambio” es una palabra volátil, que puede cobijar todo tipo de pecados. Pero, para muchos, también es un término que, al menos en Colombia, toca decir con los ojos cerrados.
Más allá del marketing político y los videos de Tik Tok, las promesas de cambio pasan, en una porción nada despreciable, por la forma en la que los candidatos perciben el Estado y su rol en la sociedad. La pregunta, entonces, es ¿el Estado para qué?
Dos visiones, dos mundos
De fondo, el Estado es una forma de organización de la sociedad desde una multitud de puntos de vista. Le pedimos que ponga reglas de juego y las garantice, como mínimo. Que haga cumplir cosas como la Constitución y salvaguarde el mercado.
Todo esto desde una visión casi minimalista. Pero volvemos a él, con especial atención y necesidad, en tiempos de crisis. La pandemia bien puede ser el ejemplo más reciente de para qué sirve un Estado cuando el camión se comienza a ir al río.
En economía, uno de los santos patronos del rol del Estado, en especial en tiempos difíciles, es John Maynard Keynes y su teoría sobre cómo el gasto público es la salida del abismo. La receta salvadora de Keynes para el mundo que se hundía en el barro de 1929 fue algo así como socializar la inversión, en vez de hacerlo con la propiedad.
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La mano invisible de Keynes, con mayor o menor fervor, se ve en los programas de gasto público que han emprendido varios países como una receta para reactivar el empleo e impulsar la demanda agregada. Colombia no es la excepción y el keynesianismo se ve en iniciativas como el Conpes de reactivación, que establece inversiones por $135 billones entre 2021 y 2026; 43 % de estas serán en el sector del transporte.
Una de las críticas constantes contra las ideas de Keynes es su impacto sobre las finanzas públicas, en especial en temas como el déficit fiscal, una enfermedad que en esta era terminó por volverse una constante en todo el mundo.
La otra, que sectores más neoliberales repiten casi como un mantra, es que puede generar Estados colosales, en el mal sentido de la palabra: una suerte de monstruos burocráticos que terminan ralentizando el crecimiento, cuando no asfixiándolo.
“En esta elección tenemos dos visiones del Estado: una paternalista, en la que, por ejemplo, se da empleo a todo el que no tenga trabajo; y otra, muy mínima, en la que el Estado se muestra como derrochón porque tiene instituciones necesarias”, opina Mario Valencia, profesor universitario y consultor.
De fondo, entre ambas visiones hay una especie de pulso entre Estado y mercado, que no resulta nada nueva y que, para algunos, puede ser incluso anacrónica.
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“El Estado tiene misiones como la redistribución de la riqueza y que, por lo menos, logre hacer cumplir la carta constitucional”, comenta Alejandro Rodríguez Llach, economista e investigador en temas fiscales.
Del padre sobreprotector a la miopía empresarial
Es en estas tensiones en las que se resuelve esta elección, con perdón de la simplificación: un Estado que busca comprar carbón como parte de la solución a la transición energética, como propuso Gustavo Petro (una propuesta que “no tiene lógica ambiental o económica”, según dice Rodríguez) o un Estado que busca la austeridad cerrando embajadas y consulados y “ahorrando en tamales y empanadas”, como ha dicho Rodolfo Hernández.
Hernández, fiel a su actividad de empresario, tiende a ver al Estado desde el mundo corporativo: una operación que debe recortarse y dirigirse hacia un nivel de máxima eficiencia y retorno de la inversión.
“Pero lo que pasa es que el Estado no es una empresa: su función no es la ganancia, ni el estado de resultados, ni la tasa interna de retornos. Es una función social. Y Puede haber ganancias sociales, por ejemplo, pero son mucho más intangibles y de largo plazo”, comenta Valencia.
Rodríguez se suma a este punto: “Desde la visión de Mariana Mazzucato, el Estado es muy bueno para ponerse tareas difíciles, que no dan réditos inmediatos. Ella pone el ejemplo de la llegada del hombre a la Luna, pero también habla de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando el Estado funciona con la lógica del sector privado, entonces no se propone las tareas difíciles. La lucha contra la pobreza, por ejemplo, puede no ser rentable en el corto plazo, pero es una tarea que el Estado toma, así como la de garantizar los derechos de sus ciudadanos”.
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Por otra parte, pretender que el Estado entre a operar en los huecos del mercado tampoco parece una buena idea. “Creer que el Estado debe ponerse a producir papas es un error”, asegura Valencia.
Pensar el mundo sin el papel de los privados, pero sí una mano estatal larga y ancha, está muy ligado a una visión que pinta como antagonistas totales al Estado y al mercado. Y es una perspectiva que merece revisión, por decir lo menos.
Tamaño, funciones y confianza
Una buena parte del motor que alimenta la visión empresarial del Estado está relacionada con el tamaño del aparato estatal, que se presume desmesurado y plagado en burocracia y corrupción.
Pero los analistas coinciden en que el tamaño del Estado colombiano no es exagerado, como lo pintan algunos. De hecho, está por debajo de países de la OCDE y de otras naciones de Latinoamérica en términos de gasto público como porcentaje del PIB y hasta en empleos públicos.
La narrativa del derroche y la corrupción es fácil, más allá de los datos. Y se entiende un poco: Colombia no es una postal de la lucha contra la corrupción y la administración de justicia, cuando se tienen en cuenta escándalos como Centros Poblados, la Ruta del Sol, el cartel de la contratación, los problemas crónicos con el PAE…
El punto de fondo es que enfrentar problemas complejos con la varita mágica de la austeridad comienza a ir en contra de las tareas difíciles del Estado, como la superación de la pobreza o el mejoramiento del sistema pensional. Para estos dos ejemplos lo que se necesita no es menos Estado, sino mejor gasto.
Y parte de esto también se relaciona con la confianza pública en las instituciones y en el Estado mismo: reforzar la narrativa de la corrupción y el derroche termina siendo entre contraproducente y nocivo. Buena parte de esta responsabilidad descansa sobre las propias instituciones. Por ejemplo, la conversación sobre una reforma tributaria se debe enfocar no solo en la generación de nuevos recursos, sino también en cómo y en qué se invierten, con transparencia y detalle.
Rodríguez lo resume de esta forma: “El Estado tiene que modernizarse y, claro, tiene procesos engorrosos. Eso puede mejorar. Pero los estados garantistas son complejos y hasta cierto punto se necesita ese aparato burocrático. Sacar de la provisión de bienes y servicios al sector privado no es realista: es seguir atrapados en un antagonismo que es anacrónico y muy de la Guerra Fría”.
Al final, estas tensiones las ilustra elocuentemente Mauricio Olivera, director de la firma Econometría Consultores: “Trato de entender a quienes dicen que el Estado es malo y corrupto, pero al mismo tiempo quieren que el Estado administre muchas cosas, como la salud y las pensiones. ¿Es porque llega un ángel que arregla todo?”.