La reforma laboral está virtualmente hundida en el Congreso tras la presentación de una ponencia de archivo firmada por ocho senadores. Es decir, la iniciativa que se pedaleó durante todos estos años hasta llegar a su tercer debate no contará con el respaldo suficiente.
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Podría decirse que esta reforma empezó con el pie izquierdo, pues en la primera legislatura del gobierno de Gustavo Petro se hundió sin superar su primer debate. Para entonces, los congresistas argumentaron que la reforma resultaba inconveniente, pues aumentaba los costos de contratación (en un escenario donde la economía no pasaba por su mejor momento) y que además tenía el potencial de destruir cientos de miles de puestos de trabajo (esto último basándose en un análisis que se divulgó desde el Banco de la República).
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Desde el empresariado también se cuestionó el que no fueron incluidos en la concertación de la reforma, lo que para algunos analistas podría implicar un vicio en el trámite, el cual la Corte Constitucional podría eventualmente declarar como inconstitucional.
Aún así, el Ministerio de Trabajo insistió y radicó una vez más la reforma, ya sin tanto bombo y sin que la misma experimentará cambios sustanciales. Más que una laboral 2.0, como la bautizaron los medios de comunicación, esta era más una versión 1.1.
No obstante, y a diferencia del primer intento, esta vez sí logró avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, especialmente por los acuerdos internos que se lograron entre defensores y opositores, lo que resultó en la eliminación de 30 artículos; un tijeretazo para nada despreciable que prácticamente acabó con todo el capítulo sindical de la reforma, pero aún así se mantenían gran parte de los artículos más polémicos, como lo es el del recargo del 100 % por trabajar en días de descanso y la jornada nocturna que empieza desde las siete de la noche.
El portonazo que recibió la reforma antes de iniciar formalmente su tercer debate (ya en el Senado) obedeció más a razones técnicas que políticas, o por lo menos eso es lo que argumenta la senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), quien fue una de las que le puso la firma a la ponencia negativa.
Argumenta que para esto se realizó un estudio riguroso y técnico que se soportó en mesas y audiencias. La presidente de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Blel, acompañó a Ríos al decir que esta es una reforma que no genera empleo, no combate la informalidad y tampoco concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del tejido empresarial.
“Tuvimos mesas técnicas donde se convocó al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para saber si esta reforma contaba con aval fiscal, pero lastimosamente no se presentó”, añadió.
Los defensores de la reforma, por su parte, argumentan que la misma es necesaria para poner al país a tono con las normativas laborales y los acuerdos internacionales en los que Colombia se encuentra rezagada.
Los puntos de la reforma
Entre otras cosas, la reforma propone que los contratos a término indefinido sean los que imperen en el país. No entierra otros, como los de a término fijo, sino que establece unas condiciones claras que prácticamente abarcan al grueso de los empleos en la nación. Bien ejecutada esta norma implicaría un impacto importante contra la informalidad.
También incluye mecanismos para la formalización de trabajadores rurales y domésticos, facilitando el acceso a su afiliación a la seguridad social y a que por lo menos reciban el salario mínimo.
Para los repartidores que trabajan mediante plataformas, también establece un marco normativo en el que las empresas propietarias de estas tecnologías deben hacer aportes a su seguridad social, independientemente de si el repartidor es un subordinado (está vinculado directamente con la empresa) o trabajabaja como autónomo.
Además planteaba mejoras en las condiciones de la contratación de los aprendices del SENA, así como en su remuneración. A lo que se suman los estímulos para la creación de empleos jóvenes.
La licencia de paternidad también sería modificada por la reforma, ya que la misma pasaría de dos a seis semanas, acercándola más a las 18 semanas a las que tienen derecho las mujeres. Este punto es clave pues, para los defensores de la iniciativa, tiene el potencial de reducir la brecha laboral que separa a hombres de mujeres, pues mitigaría el riesgo de que se apliquen sesgos basados en el género de una persona al momento de hacer una contratación.
También están los ya mencionados recargos por trabajar en día de descanso y la jornada nocturna (que pasaría de 9pm a 7pm).
La aplicación de los recargos serían graduales: a partir de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio o de fiesta a 80%. A partir de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio o día de fiesta a 90%. A partir de julio de 2027, se dará́ plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio o día de fiesta en los términos de este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente Ley, el empleador se acoja al recargo del 100%.
Hay que recordar que los principales peros que han rodeado a la reforma se centran en los costos que se le sumarían a los empleadores. De allí que quienes aseguran haber hecho análisis técnicos en la materia argumenten que la misma es inoportuna y con un alto potencial de restar la capacidad de contración de las empresas.
Lo que dicen los defensores
Según la representante a la cámara y coordinadora ponente de la reforma en sus primeros dos debates, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), el hundimiento de la laboral no es un golpe para Gustavo Petro ni el partido que la representa. “Es un golpe para los y las trabajadoras en el país, y para sus familias”, detalla.
Desde las centrales obreras también se rechazó el hundimiento virtual de la reforma, al señalar que tal actuación responde más a proteger los intereses de los sectores privilegiados que los del pueblo.
“Las organizaciones sindicales y sociales, rechazan de manera contundente el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, un hecho que demuestra, una vez más, cómo las élites políticas y económicas del país, representadas en la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, siguen atentando contra los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. La reforma laboral es un paso fundamental para la justicia social, con medidas que dignifican el trabajo y garantizan mayor estabilidad, condiciones justas y equidad en el empleo”, informaron mediante un comunicado, en el que convocaron una movilización el próximo 18 de marzo en las principales ciudades.
Por su parte el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino (quien heredó de Gloria Inés Ramírez la tarea de defender la reforma) manifestó que es contrario a una democracia negarse a discutir la laboral, y más cuando la misma ya había conseguido consensos cuando se tramitó en la Cámara de Representantes.
Aunque muchos ya dan la reforma por enterrada, Sanguino dejó el mensaje de que aún hay tiempo para que los senadores reflexionen y rectifiquen su decisión, atendiendo a lo que el pueblo está pidiendo.
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