Aunque los decretos no se han dado a conocer de manera oficial, se sabe que contemplan la obligación para las entidades financieras de ofrecer cuentas de bajo monto (dos salarios mínimos) gratuitas al estrato uno y desplazados, sin costo por dos transacciones y una consulta y exención tributaria a créditos de hasta $2 millones, en especial para las zonas más afectadas por pirámides. Las cuentas estarían exentas del 4×1.000.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), ha manifestado que “preocupa que al sector financiero se le obligue a prestar servicios poco rentables, utilizando un estado de excepción como la emergencia social”.
Otra medida tiene que ver con la implantación de cerca de 50 mil datáfonos y cajeros automáticos en zonas marginadas. Para ello, el Gobierno daría facilidades tributarias para su importación, como aranceles e IVA.
Para mitigar el impacto de los descalabros causados por las captadoras ilegales, el Presidente firmó un tercer decreto relacionado con el traslado a Acción Social de $140 mil millones, no ejecutados, para fortalecer los programas de créditos y recursos de Familias Guardabosques y Familias en Acción.