Nuevamente, las empresas temen un racionamiento de gas en Colombia durante el mantenimiento programado en SPEC, la regasificadora de Cartagena, que hoy es la única opción para importar. Por ahora el Ministerio de Minas y Energía ha dicho que todo está bajo control. Pero más allá de esta coyuntura es claro que en el corto plazo el país dependerá del gas del exterior para atender la demanda. “Sí hay escasez”, reconoció en esta entrevista Edwin Palma, jefe de la cartera.
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Como la infraestructura actual no alcanzará en el corto plazo para regasificar todo el hidrocarburo que debe traerse del exterior, y que Colombia necesita, se han planteado varias opciones. Además del proyecto en el Pacífico, que ya está en marcha, Ecopetrol estudió dos alternativas: una en Ballenas (La Guajira) en alianza con TGI, y otra en Coveñas. Esta semana la petrolera descartó una alianza y se inclinó por la segunda opción. Al respecto, Palma asegura que lo ideal sería que las empresas “pensaran en el país y no se pusieran a pelear”. Para el Gobierno la mejor opción sigue siendo el gas de Venezuela.
En medio de la crisis, el Gobierno se prepara para radicar una ley de tarifas que promete sacudir los cimientos del mercado eléctrico. En esta entrevista, Palma dijo que la iniciativa llegará la próxima semana al Congreso, “con o sin acuerdos” con los gremios que, sostiene, no han hecho propuestas. El ministro explicó las estrategias de la cartera para avanzar en la transición energética, se refirió a los subsidios de energía y gas, el cargo por confiabilidad, el futuro de Air-e y a las disputas con los privados.
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Hablemos sobre el gas: ¿cómo está viendo el Ministerio el panorama?, ¿hay escasez?
Hay que sincerar el tema para tomar decisiones de política pública en beneficio del país: sí hay una escasez de gas. En estos días tenemos el mantenimiento de la planta SPEC, y por eso hemos dispuesto toda la institucionalidad para que no sea necesario ni un minuto de racionamiento ni en gas ni en energía. Además, estamos adelantando acciones regulatorias.
También hemos visto un debate interesante entre TGI y Ecopetrol. Uno quisiera que las empresas pensaran en el país y no se pusieran a pelear. Necesitamos garantizar el abastecimiento en los años siguientes hasta que entre Sirius. El Gobierno acompañará el proyecto que sea necesario. Sin embargo, estamos explorando otras opciones. Lo más fácil, lo más barato, lo más cercano y que no necesita regasificación es el gas de Venezuela, pero se complica por temas geopolíticos. Ecopetrol descartó esa posibilidad, y respetamos su independencia, pero nosotros como Gobierno seguimos buscando los habilitadores.
Mencionó varios temas claves. Sobre el mantenimiento de la regasificadora, ¿cree que habrá racionamiento?
Creo que no habrá racionamiento. Hemos pedido trabajo en equipo. El Ministerio ha determinado una operación permanente para acompañar este proceso. Vamos a estar en las distintas empresas, incluyendo el centro de despacho de XM, para garantizar que el país no sufra ni un minuto de racionamiento, como ocurrió el año pasado. Ahora, no sé si algún actor quiera que haya racionamiento con fines políticos o electorales.
Nosotros hemos hecho dos advertencias a la Superintendencia: una frente al extraño comportamiento en las tarifas de energía eléctrica en determinadas horas por parte de las hídricas, y otra frente al extraño anuncio de reparaciones de térmicas precisamente en este momento. No podemos prejuzgar, solo pedimos que se investigue.
Ecopetrol anunció que se inclina por Coveñas, pero usted sostiene que el Gobierno quiere insistir en Venezuela…
El país soporta máximo dos proyectos. Ecopetrol ha anunciado el de Buenaventura, en el Pacífico, con 60 millones de pies cúbicos, y también Coveñas. La empresa descartó preliminarmente una alianza con TGI para el proyecto de Ballenas. Nosotros estamos explorando la importación desde Venezuela, que no requiere regasificación. Incluso hay un contrato vigente hasta 2027, pero esto tiene complejidades jurídicas, las sanciones de la OFAC, el contexto geopolítico, lo estamos estudiando.
Hablando específicamente de los proyectos, la semana pasada TGI, del Grupo Energía de Bogotá, dijo que estaban listos, pero necesitaban cooperación con Ecopetrol. Esta semana Ecopetrol señaló que no contempla ese proyecto, que tiene su iniciativa (Coveñas). ¿Qué sería lo mejor para el país? Que se sentaran y concluyeran cuál es el mejor proyecto. No solo existen esas dos iniciativas, hay otras de orden privado. Cada quien dice que su proyecto es el mejor, y no estamos pensando en el país.
¿Qué va a pasar con la ley de tarifas que se iba a radicar en agosto?
No la presenté en agosto porque mi compromiso con los gremios es buscar acuerdos, pero hasta ahora no se ha logrado. Les he puesto como ejemplo la reforma laboral: si no hay acuerdo, nos vamos al Congreso y todos los congresistas querrán montarle artículos, proposiciones, párrafos. La otra semana ya la vamos a radicar para abrir el debate.
El tema energético no había estado en discusión después de 31 años, pero hoy se está hablando de energía. Le hemos demostrado a la gente que puede pagar cero pesos si instala paneles o se organiza en comunidades energéticas, con recursos públicos, gracias a la reglamentación de una ley de hace 11 años.
Entonces no hubo acuerdo. ¿Qué pasará con el cargo por confiabilidad (una especie de seguro que pagan los usuarios para garantizar que haya energía en momentos críticos)?
Los gremios fueron al Congreso a decir que no se necesitaba ley, que ellos están dispuestos desde hace años a revisar el cargo por confiabilidad. Les he dicho que si están dispuestos, y el tema lleva más de 10 años, presenten propuestas, pero hasta ahora no lo han hecho. Esto deja ver que aquí lo que interesa es el “statu quo”. No vamos a mantener las cosas como están. Con acuerdo o sin acuerdo modificaré el cargo por confiabilidad. No tiene sentido que los colombianos paguen COP 6 billones al año a todas las empresas por igual, viejas y nuevas, a las de carbón como si fueran agua. El cargo por confiabilidad debe garantizar el ingreso de más energía renovable.
Si no lo modificamos en este gobierno, no lo hará ningún otro, porque es una discusión que toca grandes intereses. Entonces: si están conscientes de que hay que revisar el cargo por confiabilidad, presenten una propuesta ya, ojalá antes de la radicación del proyecto de ley.
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Pero se han advertido riesgos de hacer esa modificación…
El cargo se creó para garantizar confiabilidad, pero algunas plantas no han respondido cuando es necesario, incluso algunas fueron sancionadas. El cargo por confiabilidad debe destinarse más a las térmicas, que dan firmeza al sistema, no tanto a las hidroeléctricas. Todos son conscientes, pero pasa lo mismo que cuando siento a los actores del gas, por dentro están reventados. Incluso el cargo por confiabilidad fue causal de divorcio entre las térmicas y las hidroeléctricas, por eso existen dos gremios, porque no se piensa en el país ni en los usuarios.
¿Qué cambios trae la ley para los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3?
Queremos dirigirlos a quienes realmente los necesitan. Cuando estuve en Air-e encontré mansiones, industrias, casas, fincas ubicadas en estrato 1, siendo estrato 5, recibiendo subsidios. Eso es mala estratificación. Nosotros proponemos una estratificación por consumo, que es perfectible, será parte de la discusión. No puede seguir habiendo gente que no requiere subsidios y los reciba, cuando deberían llegar a población vulnerable, particularmente de estratos 1 y 2. A corto plazo el estrato 3 debería no tener subsidios.
¿Siguen creciendo las deudas del Gobierno con las empresas por los subsidios?
Siempre ha permanecido la discusión. Hemos tenido dificultades fiscales, pero hoy estamos al día en las resoluciones liquidadas. Tenemos un déficit para garantizar el segundo semestre de este año, pero estamos buscando mecanismos en una mesa con los gremios. Estamos revisando la opción de endeudarnos, capitalizar o monetizar las resoluciones para que las empresas puedan ir al sector financiero o usar el sector financiero público. En el presupuesto de 2026 está garantizado el pago, al menos el primer semestre. Garantizaremos que esta obligación se cumpla, sin dejar de lado Colombia Solar, que implica un abandono progresivo de subsidios para convertirlos en soluciones solares.
Decía que en gas hay que sincerar la conversación. En energía, ¿cómo se ve el panorama en el corto y mediano plazo?
Estamos en estrechez entre oferta y demanda. Me gusta ser sincero, no meter los problemas debajo de la alfombra. Hay problemas heredados. Recibimos el gobierno con 2 % de energía limpia y hoy estamos en 14 %, y esperamos superar el 20 %. Ese es nuestro compromiso. También hay problemas sociales y regulatorios, pero estamos haciendo ajustes. Tenemos en curso la subasta del cargo por confiabilidad, que esperamos se asigne el próximo año. Hemos tratado de construir acuerdos que permitan garantizar seguridad energética, especialmente ante el aumento de la demanda por inteligencia artificial, centros de datos, que requieren energía, ojalá sea energía limpia.
¿Cómo acelerar la ejecución de los proyectos pendientes, incluyendo los renovables?
Los dos grandes cuellos de botella son ambientales y sociales. Con la ministra Irene Vélez al frente de la cartera y de la ANLA, se han descongestionado más del 70 % de los trámites, esto demuestra voluntad política, su capacidad y compromiso con el programa de gobierno. En lo social, tenemos la dirección de consulta previa en encargo, le hemos pedido al presidente hacer este nombramiento en propiedad.
En La Guajira hicimos una mesa tripartita con empresas, autoridades y comunidades. No he escuchado a ninguna comunidad oponerse a proyectos de transición energética, lo que piden es ser tenidos en cuenta, que esto no sea “capitalismo verde” y que no se repita lo que ha pasado con el petróleo y el carbón. Estamos aplicando una visión distinta para que ese nudo se desate.
Hay inversión y alineación gubernamental. Dicen que nadie está interesado en invertir en Colombia, pero solo la Unión Europea ha prometido 60.000 millones de euros. También hay interés de chinos, norteamericanos y empresas públicas colombianas. Todos quieren un buen clima y lo estamos generando.
Varios contratos de energía se vencen en 2026 y sectores han advertido que, ante la estrechez del mercado, los precios podrían subir…
En estos días ha habido bastante agua y los precios se han mantenido. Por eso nos causa curiosidad que hay horas y días concretos en los que las hídricas reciben hasta diez veces lo que vale el kilovatio hora. Por ahora, estamos creando un clima político y regulatorio favorable para que ingrese más energía. Buscamos que para el 7 de agosto del próximo año haya 6 gigavatios de energía limpia. El gremio de energías renovables, que reúne 73 empresas, reconoce que en tres meses hemos acelerado la transición energética con ajustes regulatorios y un mejor ambiente para atraer inversión.
¿Puede asegurar que la transición energética está siendo responsable?
Los datos hablan por sí solos. Nuestra matriz es mayoritariamente limpia porque proviene del agua. Estamos complementando con nueva energía. Quienes viven del carbón y del petróleo, y alimentan esta industria, se oponen a la transición. El mejor ejemplo es Donald Trump, que se fue contra las renovables quitándoles incentivos y diciendo que es un engaño, porque le interesa proteger la industria fósil, que además paga su campaña. Lo mismo sucede en países como el nuestro. Creo que la oposición está atrapada en el dilema porque el mundo necesita acelerar la transición energética. Estamos conviviendo con la matriz fósil, pero es indiscutible que debemos abandonarla progresivamente para no destruir el planeta.
¿No se está poniendo en riesgo la seguridad energética, como advierten gremios y empresas?
Detrás de esas advertencias hay intereses políticos, prefiero mostrar datos. Las conversaciones con gremios son más tranquilas cuando se hacen directamente que cuando salen a medios. Se han criticado las energías renovables porque no generan firmeza, pero sacamos reglamentación en materia de almacenamiento, las baterías, y los gremios no han salido a decir “ese es el camino”. Isagen, hoy en manos privadas, ha dicho que su agenda 2026 será inteligencia artificial, energías limpias y almacenamiento. O sea, están en la agenda que ha puesto el Gobierno, que es la agenda del futuro. Quisiéramos que ahí estuviera Ecopetrol, ISA, otras compañías.
También fue interventor de Air-e y hoy la empresa sigue en una situación complicada. ¿Cómo están viendo el panorama?
La Superintendencia es la que tiene la obligación de buscar la solución empresarial. Obviamente hay temas que dependen de nosotros, particularmente los regulatorios. Se ha planteado una propuesta: que Gecelca, una empresa generadora de energía con sede en Barranquilla, asuma el mercado de distribución de energía eléctrica. El Ministerio de Minas tiene asiento en la junta directiva de Gecelca, y estamos revisando la propuesta.
Este problema requiere una solución de fondo, recordemos que siete empresas han pasado por aquí, públicas y privadas, en 20 años, y el problema persiste. Creemos que el componente de transición energética es la solución de fondo.
Se han denunciado presuntos sobrecostos en contratos firmados mientras estaba en Air-e. ¿Qué responde ante estas investigaciones?
Estoy concentrado en los temas de gas, energía y transición. El resto lo dejamos a los abogados y a las autoridades. La Procuraduría, de manera oficial, ya dijo que no había encontrado nada. Los demás asuntos serán materia de investigación de las autoridades.
¿Hay espacio político para que se apruebe la nueva ley minera en el Congreso?
La ley minera dependerá de los mineros artesanales y ancestrales, de su fuerza y organización. Hemos cumplido, después de un amplio debate de deliberación nacional, con llevarlo al Congreso. Vamos a trabajar de manera armónica con el Legislativo para sacarlo adelante. Hay congresistas interesados y, aunque el último año es complejo, el presidente ya demostró con la reforma laboral que este gobierno insistirá. La insistencia del Gobierno, más un pueblo organizado, logró una nueva ley laboral y puede lograr una ley minera, una ley de energía y una empresa minera nacional.
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